Tarifas de gas: “Una población golpeada mira con ojos bien abiertos las decisiones de este gobierno”

El presidente de la Asociación Civil Academia de Derecho y Ciencia Sociales de la provincia de Santa Cruz, expuso en la Audiencia Pública antes de definir la tarifa del gas que llegará a los usuarios desde abril de este año.

En su intervención, durante la segunda jornada de la audiencia con 220 oradores, el abogado Diego Lerena, consideró que “no resultaría prudente un aumento de tarifas sin previa consideración de la realidad económica y social”.

Dijo que el Estado debe tomar partido para garantizar el equilibrio entre lo que pretenden las prestadoras. Pero por sobre todo para defender a las familias de los hogares, las Pymes y las industrias “golpeados por políticas económicas neoliberales salvajes” que “ajustaron no solo los bolsillos sino también proyectos e ilusiones, colocándolas en un precipicio financiero pero sobre todas las cosas pretendiendo arrumbarlas en su dignidad”.

Para Lerena, que además es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en el sur de Santa Cruz, la definición del valor de las tarifas de servicios públicos “es un tema de soberanía energética con mayúscula”. y señaló que por ese motivo “son momentos de definiciones delicadas donde una población golpeada mira con ojos bien abiertos las decisiones de este Gobierno”.

El titular de la Asociación Civil Academia de Derecho y Ciencia Sociales de la provincia de Santa Cruz, celebró al inicio de su exposición disponer del espacio de participación “desde éstas latitudes australes, donde se puedan alzar las voces de sectores que muchas veces se encuentran relegados o sin voz”.

Por ello, agradeció al Enargas y a la doctora Barbara Biaiñ, delegada de la entidad en Bariloche.

“Celebramos este ámbito de escucha a la ciudadanía, como presupuesto fundamental de raíz constitucional para un tema tan sensible que requiere de razonamiento de cálculos técnicos, de análisis de costos, de proyecciones de valores propios del mercado financiero y económico, de los cuales muchas veces los ciudadanos de carne y hueso, de a pie, no entendemos”.

Pero por otro lado, remarcó, que necesita de “la sensibilidad humana, ni más ni menos por usuarios y usuarias, quizás, golpeados por políticas económicas neoliberales salvajes que ponen a la vista a un mercado y a grandes corporaciones que ajustaron virulentamente no solo los bolsillos, sino también los proyectos, ilusiones, a la industrias locales y Pymes, colocándolas en un precipicio financiero pero sobre todas las cosas pretendiendo arrumbarlas en su dignidad”.

En su discurso, Lerena evitó ingresar “en laberintos de cuestiones técnicas, de PIST, de puntos de ingreso al sistema de transporte, ni de ductos, ni de valores estadísticos”, sino que se centró “en los principios de justicia y razonabilidad. Esta será la estrella polar que guiará al Estado nacional en este insondable mar del reajuste tarifario”, remarcó.

Luego hizo un repaso por por la jurisprudencia y recordó que en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia tomó intervención efectiva en el fenómeno de reajuste de tarifas en donde realizó dos pedidos. “Por un lado, la organización de los procesos judiciales y por otro lado lo estrictamente tarifario requiere al Estado nacional y al ENARGAS información sobre la evolución de la tarifas, la inversión realizada y todo lo que daría fundamento a la suba y al reajuste”.

En su alocución señaló que la regulación de los servicios públicos por parte del Estado “tiene su fundamento teórico en la competencia imperfecta como situación determinante, sobresaliendo el interés público y la veta social, el interés de los usuarios y usuarias, las industrias y las Pymes y las variables económicas vinculadas a la eficiencia prestacional”.

En ese sentido dijo que “entendiendo a la tarifa como ese precio que el usuario debe pagar por ese servicio que recibe, es el Estado quién debe preservar que estas tarifas sean justas y razonables, que no exista un enriquecimiento sin causa y se sacrifique especialmente a un grupo en beneficio de otro”.

Además indicó que “la tarifa debe satisfacer dos o tres objetivos: brindar un servicio en las condiciones estipuladas, cubrir los costos de esta explotación y por otro facilitar al prestador en obtener una utilidad razonable”.

Indicó que la cuestión de las tarifas justas y razonables viene desde 1890 y que a pesar de todo “ha costado llevarlas a la práctica. Lo que existe sobre el escenario es el esfuerzo del Estado por nivelar intereses en juego. Por un lado cuidar a los usuarios de los impactos de cambio y considerar las pretensiones de los prestadores sin mayores precisiones en cómo se hace el balance”.

“Los tribunales intentan bucear entre conceptos económicos, técnicos, financieros para equilibrar necesidades y diversos intereses en juego”, indicó aunque afirmó que “desde el prisma jurídico no se toma en cabal consideración de los conceptos económicos siendo el criterio de razonabilidad o la no discriminación injusta, las nociones tradicionales de equidad y del derecho de la propiedad más que los vinculados con eficiencia. La definición de Justicia como esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que corresponde excede a la economía”.

“Lo que se pretende en este caso y en este escenario es ver de qué modo se pueden equilibrar los intereses en juego, a través de este ‘balance test’, donde la tarifa interesa al concedente, al concesionario y al beneficiario”.

“Pero nos encontramos en otro tema y este es el quid de la cuestión: no tenemos información de los costos, la rentabilidad, a las empresas prestadoras se deben exigir las inversiones. Si bien existe una efectiva prestación de servicio en condiciones pactadas, los usuarios desconocen lo que se gasta y cuales son las inversiones y sobre que se pretende reflejar este nuevo ajuste”, aseguró.

“Encontrar el equilibrio entre entre la economía de la gestión empresarial y la economía propia de los usuarios es lo que se debe asegurar en una prestación digna, retribuida con tarifas justas y razonables”, afirmó. “Tener razonabilidad significa que existe una relación entre precio y el producto que se recibe en calidad y extensión para quien lo presté y para quien lo reciba”.

Allí retomó lo que los oradores anteriores contaron acerca de “los golpes” a las Pymes, las industrias y los hogares consideró que más allá e las cuestiones económicas y técnicas el debate es una cuestión de juicio de valores.

Discurso del interventor del ENARGAS Federico Bernal

“En este contexto de pandemia mundial, este año 2020, el fuerte golpe que sufrió la economía y las industrias, nosotros simplemente queremos decir y, evocando a Licurgo, en el cual decía que para el ciudadano que pretenda defender en donde los destinos de Esparta se pongan en suerte, aquel que está en ambos bandos o fuera de los bandos comete el delito de infamia”, expresó.

“Es un tema de soberanía energética con mayúscula, por eso son momentos de definiciones delicadas donde una población golpeada mira con ojos bien abiertos las decisiones de este gobierno”, concluyó.