La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, desarrolló una intensa agenda de tres días en la provincia de Santa Cruz, que incluyó una visita a las localidades de El Calafate y El Chaltén, para luego arribar a Río Gallegos donde fue recibida por la gobernadora Alicia Kirchner, con quien firmó una serie de convenios en materia de seguridad.

 

 

Poco antes de dejar suelo santacruceño, la funcionaria nacional le concedió una entrevista exclusiva a La Opinión Austral donde habló de la descentralización de la política de seguridad; los casos de femicidios en el que están involucrados efectivos de las fuerzas, como así también el tema narcotráfico, entre otros.

 

Frederic se tomó unos minutos de su agenda para leer LOA. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

 

LOA: ¿Nos puede hacer un balance de su agenda en sus tres días en Santa Cruz?

S.F.: Fueron jornadas de consolidación de etapas de trabajo que estuvieron muy centradas en la emergencia, pero que aún en esa situación extrema fueron muy provechosas en cuanto a la articulación de las fuerzas federales y el apoyo de las necesidades de Santa Cruz.

En estos días, creo que hay que destacar la inauguración del destacamento de la Prefectura Naval Argentina en El Chaltén, un edificio que ha sido posible gracias al compromiso de la gobernadora Alicia Kirchner, con quien se pudo obtener el permiso del predio donde se construyó.

Está en un lugar estratégico porque tiene acceso a al menos dos lagos, el Viedma, el lago del Desierto y también al San Martín. Ha sido un acto muy importante, además, de reconocimiento al trabajo de la Prefectura Naval que fue quien lo construyó con su propio personal del Lago Argentino. Y en Río Gallegos fue una jornada de firma de convenios específicos que están orientados a fortalecer la capacitación del personal de la fuerza de la provincia de Santa Cruz, tanto en formación general como en capacitaciones específicas, en particular en inteligencia criminal que creemos que es una línea de trabajo que hay que desarrollar en todo el país, y las fuerzas federales tienen un poco más de experiencia y tienen mucho para dar.

Nosotros tuvimos además una reunión que definió la agenda a futuro con la provincia en temas de seguridad democrática que van a significar refuerzos de personal, una asignación de equipamiento, como scanner, que hacen falta, y más capacitación en temas de pericias científicas, en rescate, búsqueda de personas; estuvimos tocando también el tema de bomberos para fortalecer los cuarteles de bomberos.

Hay muchas cosas para trabajar que van a significar un direccionamiento de nuestras políticas de seguridad en función de las necesidades de la provincia.

 

Momento en el que Frederic ingresó a Casa de Gobierno. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

LOA: En su visita repitió en más de una ocasión que Santa Cruz es una provincia estratégica ¿Por qué?

S.F.: Porque es una provincia que está en una zona del país con un litoral marítimo muy extenso con un desarrollo de la actividad energética, de hidrocarburos muy importante; es una provincia que tiene un potencial muy grande en desarrollo, la gobernadora (Alicia Kirchner) tiene ideas muy interesantes en esa dirección; porque tiene un área de desarrollo turístico que tiene mucho potencial, y porque tiene que ser considerado como parte de la Argentina y no como un extremo.

Además, fue una provincia que dio a un presidente como Néstor (Kirchner), y una vicepresidenta que también fue presidenta (Cristina Fernández). Acá estuve en el 2008 y en el 2000 y se nota muchísimo el crecimiento que ha tenido la provincia.

La gobernadora ha hecho un esfuerzo enorme para resolver el tema del endeudamiento que tenía la provincia y se nota que es un momento en el que necesita ir para adelante. Y nosotros tenemos la obligación de acompañarla.

 

 

L.A.: El presidente Alberto Fernández habló en el Congreso de un país con una concepción más federal. ¿También estaba muy centralizada la política de seguridad?

S.F.: Sí, absolutamente. Nosotros encontramos un Ministerio porteño céntrico, en el sentido en que todas las políticas hacia las fronteras o las provincias estaban pensadas desde la Capital Federal, y nosotros creemos que la única forma que nuestro país pueda ser más equitativo, con un desarrollo sostenido y expansivo y ecuánime, es pensando desde las autoridades de las provincias para desde ahí desarrollar las políticas.

Acá, por ejemplo, el tipo de delito que se produce, el tipo de conflictividad, tiene otras características, no se puede pensar con un modelo único los abordajes. El diagnóstico de cuáles son las necesidades lo tienen las autoridades locales.

En el caso de Santa Cruz, tiene un territorio con zonas aún no pobladas, con rutas de grandes extensiones, espacios que aún no están comunicados, pero que hay toda la intención de hacerlo.

Y tiene una extensión de frontera grande donde la Gendarmería Nacional cumple un rol que quiero destacar porque son once pasos, que hoy no están todos abiertos por la pandemia, pero que aún cerrados, tienen personal de Gendarmería cuidándolos.

 

LOA: Durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional se hizo mucho hincapié en el consumidor de estupefacientes ¿Están cambiando esa lógica?

S.F.: Entendemos que las fuerzas federales se tienen que dedicar a conjurar las organizaciones criminales que trafican en gran escala, drogas u otras mercancías como de contrabando.

Estamos a favor de un trabajo en ese sentido, lo que requiere de un esfuerzo adicional de mayor investigación y de trabajo de inteligencia criminal; mayores capacidades al servicio de la Justicia que es la que dirige esas investigaciones, para encontrar los eslabones de la cadena de tráfico de mayor poder.

En nuestro país, durante los años de gobierno de la alianza Cambiemos, por los datos que dejaron ellos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, había una persecución del consumidor o bien del narcomenudeo; infinidad de procedimientos con decomiso de poquísima cantidad de droga, y lo que vemos es que esa línea de trabajo no ha cambiado el fenómeno.

La ley 23.737 tiene 30 años, y en estos 30 años aumentó el consumo, aumentó la disponibilidad y el mercado se expandió. O sea, tenemos que encontrar otras estrategias para lidiar con esa ilegalidad, desde el punto de vista de la oferta de droga. La demanda debe ser contenida desde otras instancias. Lo que está claro es que, a través de la persecución penal, no se detiene la adicción.

 

LOA: Un delito que tiene una historia lamentable con nuestra provincia es la Trata de Personas ¿Cómo se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad en ese tema?

S.F.: Es otro de los delitos que fue invisibilizado durante el gobierno de la alianza Cambiemos. No hubo prácticamente procedimientos. Nosotros le dimos indicación a las fuerzas federales que tenían que profundizar en esa línea delictiva.

Sabemos que la trata en esa zona del país está ligada principalmente a fines sexuales, pero en otras partes del país es con fines laborales. Todas esas formas de la Trata deben ser perseguidas.

Nosotros tenemos un área específica dedicada al tema que articula con la Fiscalía especializada, con el Comité Nacional de Trata y también con organizaciones internacionales.

Hemos tenido un procedimiento muy importante el año pasado que se llamó Operación Filadelfia, que lideró la Policía Federal con el apoyo de la Fiscalía especializada y el Juzgado Federal, de una red de trata de personas con fines laborales, pero que había varios delitos, entre ellos contra la integridad sexual, sustracción de identidad, violación, en fin, toda una serie de delitos conexos que involucraron a unas 69 personas con redes en Brasil; una organización que era seudo religiosa que data de los años 70.

Estamos orientados hacia ese delito y tenemos que trabajar en diferentes regiones del país para prevenir esta clase de actos delictivos.

 

LOA: Otro tema muy preocupante son los femicidios. En nuestra provincia y en otras, se dan casos donde el femicida es parte de alguna de las fuerzas de seguridad ¿Cómo se trabaja en este aspecto?

S.F.: Es una problemática grave que nos tiene a todos muy preocupados y ocupados, tratando de mejorar los instrumentos que teníamos como Estado para poder prevenir las situaciones de violencia extrema.

Hasta ahora los instrumentos que hemos desarrollado han sido insuficientes porque seguimos asistiendo a hechos casi todas las semanas en el país. Lo que sí se ha producido a partir del asesinato de Úrsula (Bahillo), en la provincia de Buenos Aires, es por decisión del presidente de la Nación, la creación de un Consejo Federal de prevención de los femicidios y de las violencias extremas, que está pensado para invitar y comprometer a las provincias porque es un delito ordinario y no un delito en el que el Estado federal pueda tener intervención. (…)

Uno de los ejemplos son las restricciones perimetrales que han sido evidentemente insuficientes para frenar muchos casos. Hay algunos hechos que se produjeron con integrantes de alguna Fuerza de seguridad, en algunos casos eran exintegrantes como en el de la ciudad de Rojas donde mataron a Úrsula, el homicida ya no era policía, estaba en disponibilidad.

Nos preocupamos en prevenir en casos donde hay denuncias, aún cuando esas denuncias no impliquen una acción penal; la sola denuncia, para el Ministerio de Seguridad de la Nación constituye una causal de restricción del uso del arma reglamentaria en los integrantes de las Fuerzas federales.

Por lo que sé, en Santa Cruz es exactamente igual. Esa es una herramienta, pero no podríamos haber evitado lo que sucedió en Rojas. (…) Claramente tenemos que pensar nuevos recursos y de esto también hablamos con la gobernadora, porque el problema es de una profundidad socio cultural muy grande que no se va a poder resolver en un plazo inmediato.

 

LOA: ¿Se están usando todas las tobilleras o los botones antipánico?

S.F.: Eso es algo que depende del Ministerio de Justicia, pero por lo que la ministra Losardo nos ha informado, hay una disponibilidad de este recurso dual, que son las pulseras que usa tanto el agresor como la víctima y que dispara una alerta cuando se aproximan.

Hay más de las que están siendo usadas, así que aprovecho esta entrevista para informar que existe esa disponibilidad del Ministerio de Justicia de la Nación, para los distritos que lo soliciten. Pero es la Justicia la que tiene que ordenarlos.

 

LOA: ¿Cómo está la política salarial del personal de las Fuerzas de seguridad?

S.F.: Las fuerzas federales recibieron a partir del mes de diciembre un incremento salarial en tres tramos que recibió todo el personal de la administración pública nacional. También recibieron un bono de 4 mil pesos en diciembre.

Lo que sí fue una reparación histórica que pidió el presidente de la Nación, es la regularización de los componentes salariales llamados en negro, o sea, no remunerativos y no bonificables.

Esta regularización salarial comenzó en noviembre del 2020, se va a hacer en tres etapas, cubriendo todos esos suplementos en negro, la segunda va a ser en julio de este año y la tercera en febrero del 2022. A partir de esa fecha, todo el salario, de las cuatro fuerzas, va a ser un salario como corresponde.

Ese fue un hecho trascendental, hacía 30 años que las Fuerzas federales cobraban así, con esos suplementos en negro.

De la Torre, Ianni y Frederic en la inauguración de una sede de PNA.

LOA: En el gobierno anterior acuñó la doctrina Chocobar y se dieron muchos casos de violencia o denuncias de gatillo fácil ¿Se está capacitando en Derechos Humanos al personal de las Fuerzas?

S.F.: La capacitación en Derechos Humanos nunca se suspendió. Desde que se fundó el Ministerio de Seguridad de la Nación, por decisión de la presidenta Cristina Kirchner, existe formación en Derechos Humanos.

 

La capacitación en Derechos Humanos nunca se suspendió

 

Lo que cambió durante el gobierno de la alianza Cambiemos fueron los protocolos y las exigencias públicas que están por afuera del Código Penal. De eso es muy consciente el personal de las fuerzas de seguridad, mucho más que el personal político que después no tiene que desfilar por los tribunales.

Creemos que hay que mejorar una serie de aspectos para evitar las situaciones de violencia institucional. Lo que hicimos fue relanzar el programa de uso racional de la fuerza, que es un programa que creó la primera exministra de Seguridad Nilda Garré en el 2012, y que vimos que era muy importante convertirlo en un programa transversal que cubriera varias áreas, una es el área de reentrenamiento e instrucción.

Y también en la conducción de la fuerza, hay que ser muy cuidadoso como responsable del personal policial sobre a qué circunstancias lo va a someter. Durante la pandemia lo vivimos, hubo situaciones de fricción e íbamos a ir a más casos de abusos de la fuerza. Son varias las herramientas que hay que potenciar.

 

La tapa de LOA del viernes 5.

 

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