El juicio “Vialidad”, que intentó mostrar a Santa Cruz como un distrito podrido de corrupción, se cae. En una de las últimas audiencias del año, otro testimonio sopló sobre el castillo de naipes. De la acusación ya prácticamente no queda nada, sobre todo credibilidad.

 

El ahora procesado exfuncionario macrista Javier Iguacel fue designado en Vialidad Nacional el 12 de enero de 2016 y al día siguiente firmó su resolución número uno, en la que ordenó una auditoría de las obras viales sólo para Santa Cruz. El resultado preliminar estuvo el 26 de marzo de ese año, sin evidencias de deficiencias constructivas ni sobreprecios.

No conforme con esto, Iguacel contrató a una consultora privada e hizo su propio análisis, impulsando una denuncia penal que puso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la “jefa” de una asociación ilícita que “cartelizó” la obra pública, beneficiando a Lázaro Báez, al que intentaron instalar como su “testaferro”.

Demoledor

El ingeniero contratado por el propio funcionario marista, Justo Pastor Romero, declaró esta semana en el juicio “Vialidad” y aseguró que Iguacel produjo “ruina de obra” en Santa Cruz, paralizando avances hasta su deterioro total.

También aseguró que Consulbaires, la consultora privada que recibió $ 500 mil pesos por la auditoría de las obras hechas en la provincia gobernada por Alicia kirchner, “tampoco encontró irregularidades”. Ni eso, ni que hubiera obras certificadas sin ejecución ni nada que sustentara la denuncia penal que Iguacel sabía de antemano que tenía que hacer. El resto siguió su curso con el juez Julián Ercolini y los ficales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

 

Según publicó el periodista Raúl Kollman, en su testimonio, Romero indicó ante el tribunal que “cumplimos con los objetivos de la auditoría y la conclusión a la que arribamos es que prácticamente no había obra certificada, pagada, que no se hubiera construido. Toda la diferencia fue de 0,006 por ciento. Mucho menor a la de otros distritos”.

Para colmo, el experto acusó a Iguacel de haber “paralizado todo” en cuanto a la obra pública en Santa Cruz, lo que de inmediato generó un tendal de más de 1.500 despidos y una conflictiva social que todavía hoy tiene consecuencias, porque después de aquella decisión de suspender proyectos en ejecución, la Nación no contempló a Santa Cruz para realizar nuevas obras y las pocas que se hicieron en municipios de Cambiemos, ni siquiera se terminaron. Entre ellas podrían contarse el NIDO en Río Gallegos y los jardines de infantes que nunca avanzaron (uno de ellos se voló con el viento).

Todo esto, vale recordar, con el apoyo del arco de Juntos por el Cambio en Santa Cruz, liderado por Eduardo Costa.

Falso

“Todo lo que se hizo público fue falso: eso de que había rutas que terminaban en la nada es absolutamente falso”, insistió el experto en determinaciones de precios, con una trayectoria de más de veinte años en el área de auditoría. “Los medios, o el programa del señor Lanata, decían que las rutas iban al medio de la nada o no existían. Yo me preguntaba cómo podía ser, habiendo un control interno integrado por la AGN, por la Sigen. Y cómo mis compañeros o colegas en Santa Cruz no hayan visto semejante cosa. Pensar que esas obras no existían es pensar que todo el sistema público de control había sido vulnerado. Y eso se comprobó que no era así. Se comprobó que las obras existían”.

Además, en su testimonio, Romero agregó que “lo más grave es que estas obras fueron abandonadas” durante el gobierno de Macri. “El patrimonio de los argentinos, miles y miles de pesos tirados a la basura”, se lamentó.

 

Esta última frase no es casual. Durante los meses de mayor tensión entre el Gobierno Nacional y el de Santa Cruz, por el hecho de que la gobernadora es Kirchner, las imágenes de caminos de tierra o que conducían hacia la nada inundaban las pantallas de TN, Canal 13 y los diarios de ese grupo, que mantenía enviados especiales en la provincias.

 

Sofía Caram, para Ámbito Financiero, transcribió una parte fundamental de la declaración de Romero: “Auditar una sola provincia fue algo direccionado por las autoridades de entonces. No es así como trabajamos en Vialidad”, sentenció. “El informe no fue utilizado con el propósito de corregir las cosas que estaban mal, sino para hacer una denuncia. Y hoy estas obras ya están alcanzando la condición de ruina de obra. A veces me preguntan por una línea que falta pintar, pero el mayor perjuicio para el patrimonio nacional son las obras que fueron abandonadas en 2016 y que cuando se quieran retomar, ya no se va a poder”.

 

 

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