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Pereira destacó la gravedad de los cargos que enfrenta la docente, señalando que las penas asociadas oscilan entre un mínimo de 3 y un máximo de 10 años de prisión. “Son casos muy sensibles, por eso la información que podemos dar es escasa”, enfatizó la fiscal y agregó que “padres de víctimas y testigos fueron los elementos para iniciar la causa”.

Consultada sobre la temporalidad de los incidentes reportados, Pereira informó que “todavía no hemos escuchado a los niños”, y que esto se determinará cuando puedan declarar en Cámara Gesell, bajo la asistencia del Servicio de Asistencia a las Víctimas. “Son niños muy chiquitos entre 6 y 7 años, hay que esperar a que estén en condiciones de poder afrontar una declaración”, explicó.

Respecto a la necesidad de pericias médicas, la fiscal indicó que “por el momento no hemos solicitado ninguna pericia médica, porque estamos a la espera del relato de las víctimas”. En su lugar, se ha enfocado en brindar contención psicológica, dado el estado emocional de los niños afectados.

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