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La pesca vuelve a colocarse en el centro de la agenda política de la provincia del Chubut. El proyecto de Ley N.º 005/2026 enviado por el Ejecutivo a la Legislatura propone una reforma profunda de la Ley IX N.º 157, norma base de la política de desarrollo pesquero sustentable. La Opinión Austral pudo saber que será anunciado formalmente por el gobernador Ignacio Torres en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Honorable Legislatura del Chubut prevista para el próximo lunes al mediodía en Rawson.
El eje no pasa por cambiar cuotas o parámetros biológicos, sino por otra cosa: quién tiene la llave de los permisos y bajo qué condiciones se los mantiene. Se apunta a la recuperación por parte de la Provincia de las facultades para suspender y dar de baja permisos y la novedosa –y no menos polémica- creación de la “Ficha Limpia Pesquera”, un filtro de antecedentes penales y fiscales para todo aquel que quiera operar sobre el recurso.
La actual Ley IX N.º 157 fue aprobada en diciembre de 2022, en la gestión de Mariano Arcioni, y dejó al Ejecutivo con un margen más acotado para intervenir sobre los permisos de pesca. Ésta norma restringió las causales de suspensión y caducidad, reforzando ciertos acuerdos con el sector privado. El proyecto 005/2026 busca dar vuelta esa lógica. De manera resumida, la Provincia vuelve a colocarse en el rol de árbitro fuerte del sistema de permisos, con herramientas más contundentes.
Entre otros aspectos, el articulado establece la caducidad automática de permisos y autorizaciones cuando las empresas o grupos empresarios titulares son declarados en quiebra; como regular la inactividad de los buques. Es decir que si un barco deja de operar sin causa justificada, el armador debe explicar el motivo. La autoridad de aplicación puede aceptar o rechazar esa justificación y fijar un plazo máximo de inactividad. No se aceptan motivos atribuibles al propio obligado (por ejemplo, incumplimientos propios que lo dejan fuera de juego).
Por su parte, el artículo 55 amplía las causales de suspensión de permisos y autorizaciones: negativa a someterse a inspecciones, falta de pago de aranceles, no entregar el libro de ingreso de materia prima, incumplir contratos de abastecimiento; no pagar multas firmes, falta de libre deuda de la ARECH, causales vinculadas a la Ficha Limpia Pesquera como la acumulación de infracciones consecutivas.
Los causales de caducidad definitiva serán la quiebra del titular, inactividad injustificada del permiso, defraudación fiscal dolosa contra la Provincia, con infracciones firmes junto a la reiteración de omisiones fiscales no excusables como el incumplimiento grave de normas de seguridad de Prefectura que pongan en riesgo a la tripulación.
En términos políticos, se considera que la iniciativa busca que el gobierno provincial recupere facultades que habían quedado limitadas en 2022, volviendo a concentrar la decisión sobre quién entra y quién sale del sistema pesquero.
Control de antecedentes, la “Ficha Limpia Pesquera”
La “Ficha Limpia Pesquera” representa el principal golpe de efecto, la incorporación del Capítulo XVI que define un régimen obligatorio de control de antecedentes para todo trámite relacionado con permisos, habilitaciones y cuotas de captura. El régimen se crea para el otorgamiento, renovación, transferencia y modificación de permisos de pesca, habilitaciones y cuotas, con el fin de garantizar transparencia, integridad y legalidad fiscal.
No alcanzará solamente al titular del permiso sino a las personas humanas titulares, apoderados o representantes y personas jurídicas que soliciten u ostenten permisos, incluyendo directores, administradores, síndicos y miembros de órganos de gobierno, asociados, locatarios, cesionarios u otras figuras permitidas por la normativa.
No podrán ser titulares ni beneficiarios de permisos quienes tengan condena firme (o sentencia confirmada en segunda instancia) por delitos dolosos y hayan cometido defraudación fiscal deliberada contra la Provincia, con infracciones firmes en sede administrativa y judicial.
En el caso de personas jurídicas, la Ficha Limpia se extiende a representantes legales, directores o administradores, accionistas o socios con más del 20% de participación.
Será la Secretaría de Pesca la que constate que los interesados no estén inhabilitados, exija el libre deuda de ARECH en cada temporada y consulte los registros provinciales, nacionales e internacionales requiriendo información a otros organismos, realizar auditorías, inspecciones y verificaciones documentales conjuntas con la agencia recaudadora. La iniciativa garantiza el derecho a notificación, descargo, prueba y recursos administrativos/judiciales antes de inhabilitar o dar de baja permisos.
Se creará el Registro Provincial de Ficha Limpia Pesquera, público, gratuito y digital, donde figurarán: titulares de permisos y su historial, suspensiones y caducidades, con causales, rechazos por Ficha Limpia; sanciones y multas firmes.
En resúmen, el instrumento introduce en la pesca un esquema similar al que se discute en la política: teniendo condenas o con casos de defraudación fiscal, se genera la exclusión del manejo del recurso, aunque la misma sea a través de empresas o terceros.
Si la Legislatura aprueba la reforma tal como fue enviada, el modelo de relación entre el Estado provincial y las empresas pesqueras podría cambiar en varios planos. Habría permisos menos “blindados” y más expuestos al control.
La ampliación de causales de suspensión y caducidad, sumada a la posibilidad de caducidad automática por quiebra o defraudación fiscal, debilita la idea del permiso como activo inmóvil o intocable y lo vuelve más dependiente del comportamiento del titular. Y prácticas como retención de permisos sin actividad real; mantener buques parados especulando con el valor del permiso, operar con deudas fiscales o multas impagas pasan a ser riesgos concretos para la continuidad del negocio.
La Ficha Limpia que impulsa el gobierno del Chubut obliga a mirar no sólo a la empresa, sino a las personas detrás del permiso: directores, socios mayoritarios, representantes o apoderados. En un sector donde es frecuente el recambio de figuras formales para “prolijar” estructuras, el nuevo régimen apunta a cerrar la puerta a testaferros o reingresos encubiertos de actores con condenas o causas fiscales graves.
En sí, ésta serie de reformas a la Ley de Pesca fortalecen el rol de la Provincia en la administración del esfuerzo pesquero dentro de su jurisdicción con la capacidad de premiar o castigar, con impacto directo sobre la flota que opera desde los puertos chubutenses. Los conflictos con cámaras empresarias pasan a jugarse con la herramienta de la caducidad o suspensión sobre la mesa y cualquier potencial discusión sobre cánones, cupos o cambios de reglas tendrían como telón de fondo la amenaza cierta de perder el permiso.
Del lado empresario ya se anticipan presentaciones judiciales y amparos, especialmente si se aplica la Ficha Limpia sobre situaciones anteriores a la ley o sobre estructuras societarias complejas. Al mismo tiempo, el sector podría verse obligado a revisar estructuras de propiedad y directorios, regularizar deudas fiscales y multas y profesionalizar el cumplimiento normativo para evitar quedar afuera del negocio.
Este martes referentes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Artesanal de Rawson (CAFACh) y otras firmas se reunieron con el nuevo secretario de Pesca, Diego Brandan; el representante de Chubut ante el Consejo Federal Pesquero y extitular de Pesca, Andrés Pedro Arbeletche para revisar el proyecto.
Los principales puntos que preocupan a los empresarios son el régimen de sanciones, la previsibilidad jurídica y la definición precisa de las faltas graves que podrían derivar en la suspensión o quita de permisos de pesca.
De éste modo, Chubut busca recuperar poder de decisión sobre los permisos, expulsar del sistema a actores con condenas o defraudación fiscal y ordenar la actividad frente a la inactividad especulativa y las deudas.
Con la Ficha Limpia Pesquera y el refuerzo de las facultades del Ejecutivo, la pesca en Chubut podría entrar en una etapa de mucho mayor conflictividad, pero también de mayor visibilidad pública: quién pesca, con qué permisos y bajo qué condiciones deja de ser un asunto de escritorio y pasa a ser un tema central de la agenda económica y política de la provincia.
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