ANTES DE FIN DE AÑO

Posturas antagónicas por la extensión de contratos con CGC

Desde el oficialismo destacaron la información acercada por el Instituto de Energía y la empresa CGC. El diputado Echazú subrayó el trabajo técnico presentado y habló de “premura” para tratarlo. La oposición cuestionó el Acuerdo y dice que “no es legal”.

Por La Opinión Austral


La Cámara de Diputados tuvo una semana intensa en lo que es la previa a la extensión del período ordinario de sesiones que irá hasta el 20 de diciembre. Tal como lo anticipábamos el jueves, dos temas centrales tuvieron la atención principal de los legisladores: el Presupuesto 2022 y la Extensión de la prórroga sobre las áreas que CGC adquirió a Sinopec.

“El Acuerdo tiene que ser ratificado por el Poder Legislativo”, sostuvo el diputado por Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, en diálogo con LU12 AM680. El mismo está en la comisión de Asuntos Constitucionales, y en la reunión parlamentaria ampliada estuvieron presentes, por separado, para explicar los alcances del convenio, tanto el presidente de CGC, Hugo Eurnekian, como el titular del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus.

Fueron 3, 4 horas que estuvimos tanto con la empresa como con los funcionarios provinciales, analizando el convenio y pudiendo hacer todas las preguntas necesarias”, sostuvo Echazú. Reconoció que hay “premura” en tratar este tema, para que se normalice no sólo la cuestión laboral, sino también todo lo que hace a la explotación de los yacimientos.

Y sobre todo, “la exploración para que a futuro haya más reservas y eso significa más trabajo y también a futuro, más ingresos en regalías para la provincia”. Precisamente, el tema laboral fue uno de los planteos más reiterados por los legisladores y también “los planes de inversión actuales y a futuro, sobre todo después de los antecedentes que se vivieron con Sinopec”.

El convenio aún no fue despachado. “Hay pendientes otras reuniones, que serán convocadas por el presidente de la comisión” por lo que podría bajar al recinto recién el 20 de diciembre. Sobre los mecanismos de control de los planes de inversión proyectados, Echazú valoró que “es una empresa nacional, con las que anteriormente tuvimos problemas, eran extranjeras”.

Recordó los antecedentes de CGC en cuenca Austral, por lo que señaló que “hubo un trabajo técnico, que cuenta con un anexo específico sobre el control no sólo de la inversión, sino también del ambiente”.

Y remarcó: “Es un amplio acuerdo, que se trabajó en profundidad y, creería yo, que la semana que viene se seguirá tratando el tema”.

Cambia, en contra

Pero desde el bloque opositor Cambia Santa Cruz, aparecieron los primeros cuestionamientos al Acuerdo suscrito entre el Instituto de Energía y la empresa CGC.

La diputada Nadia Ricci dijo que el Acuerdo “no es legítimo, ni legal” y que “va en contra de los intereses de Santa Cruz”. “Se trata de un acuerdo ilegal, que no respeta las leyes de la provincia y, además, daña fuertemente los intereses de Santa Cruz”, enfatizó.

“Deja de lado el marco normativo que el mismo kirchnerismo sancionó para renegociar los contratos petroleros. Lo cual marca a las claras lo dañino del mismo, y lo poco transparente de la medida que buscan presentar como una oportunidad”, y agregó que “Santa Cruz no puede conformarse con espejitos de colores, somos una provincia con muchos recursos de petróleo y merecemos ser respetados”.

Pero también, el diputado Daniel Roquel habló del tema. “Es increíble cómo se manejan los recursos que son de todos los santacruceños en complicidad con las empresas, que después se van y nos dejan destruido el medio ambiente y miles de familias en la calle”, expresó

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