Ninguna persona, ningún sujeto de derecho, se encuentra exento de la posibilidad de terminar en una cárcel. Puede no ser la persona que está leyendo esta nota, pero sí alguien muy cercano. Un familiar, un amigo del barrio o un compañero de trabajo.
Por este motivo, humano/empático, y como lo dicta la Constitución Nacional en su artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, es preciso tener un lugar apropiado para que esas personas adopten el sistema de ejecución de sentencias “progresivo” y, en consecuencia, su resociabilización y reinserción para que no vuelvan a reincidir.
Atención. Cabral escuchando los reclamos de un preso.
En Santa Cruz hay un juez que, desde hace doce años, trabaja en el bienestar de las personas que él mismo ha condenado, con el fin de un lugar mejor.
Se trata de Joaquín Cabral, presidente de la Cámara Oral de Río Gallegos que -desde antes de la pandemia- tenía la política de recorrer las cárceles de la provincia, al menos dos veces por año, para atender las falencias tanto de los privados de su libertad como de los efectivos policiales o de Penitenciaria que velan por las sentencias que él mismo firmó.
La cara de un hombre cambia cuando tiene trabajo
Luego de los estragos que generó la pandemia, la cuarentena y la feria judicial extraordinaria, en diciembre del 2021, Cabral salió junto a un equipo de trabajadores de la Cámara Oral a hacer una “gira” por las comisarías y unidades penitenciarias de su jurisdicción.
De acuerdo a un relevamiento al que tuvo acceso La Opinión Austral, de manera exclusiva, se pudo saber en qué condición se encuentran los edificios que albergan a las personas privadas de su libertad en Santa Cruz.
El juez de Cámara, Joaquín Cabral.
Hay edificios que pertenecen a la Policía de Santa Cruz que están en situación crítica, como por ejemplo, Río Turbio. La comisaría de esa ciudad cuenta con una capacidad de 10 a 12 personas pero hay 24 detenidos. Es decir, el doble.
Lo mismo sucede en 28 de Noviembre, donde se puede alojar a 8 presos pero hay 13. Al igual que en la Comisaría de Puerto Santa Cruz donde -por ejemplo- está detenido Nicolás Parma, el cura condenado por aberrantes delitos sexuales-, donde hay capacidad para 10 personas pero es el lugar de encierro de 14 privados de su libertad.
Un caso particular es el de Gobernador Gregores, donde hay capacidad para dos internos pero está detenido el doble. Es decir, cuatro personas en unos calabozos donde sólo entra el colchón de una plaza.
El hecho de que haya superpoblación marca un problema: primero por el espacio físico en el que se encuentran, el racionamiento -es decir la cantidad de comida que reciben por día-, los recursos monetarios o que, por ejemplo, ese edificio no cuente con espacios para que los presos puedan ver al menos el cielo.
En varias dependencias de la provincia, los presos no cuentan con el resto de los derechos que deberían tener, más allá del que le fue arrebatado por decisión del Poder Judicial: la libertad.
Reunión. El magistrado junto a los detenidos de Turbio.
Esto ocurre en Río Gallegos. En una inspección realizada por Cabral en su momento, marcó el déficit edilicio para el alojamiento de detenidos. Tal como lo expresó en su momento en LU12 AM680. “A la Alcaidía hay que tirarla abajo y hacerla en otro lado”.
Por otro lado están las unidades que dependen del Servicio Penitenciario Provincial. Según pudo saber LOA todas mantienen números dentro de los estándares para el alojamiento de los detenidos. Esto sucede en las Alcaidía Zona Sur, Zona Norte, el anexo de la Comisaría de San Julián, anexo de mujeres y las Unidades penitenciarias Nº1 y 2.
Hay un caso puntual que ha despertado las alarmas del Poder Judicial desde hace años. La Comisaría Primera de El Calafate, dependencia ubicada en el centro de la ciudad turística.
Ese edificio fue noticia en febrero del año pasado cuando se conoció que un interno se había prendido fuego. Hace años, Cabral había denunciado las deficiencias de ese lugar, junto al entonces subcomisario Héctor Águila.
Hay seis presos en un espacio de 3×3. “Una lata de sardinas, inhumano” indicó un trabajador del Poder Judicial que participó de la última inspección. Los detenidos no tienen patio, sólo una pequeña ventana por donde entra un poco de luz.
Abandono. La cama de un detenido de la Comisaría Primera.
Los colchones están acomodados como si fuera un tetris, incluso uno de ellos está pegado a la precaria ducha emplazada en una de las esquinas. La situación es horrible pero, dentro de poco gracias a un acuerdo que logró Cabral, esto va a cambiar.
Los antecedentes
Para comprender esto hay que viajar en el tiempo. Hace seis años, un interno le pidió una audiencia a Joaquín Cabral, pero no para reclamar algo, sino para que le dé una mano a su compañero de celda. “Se está muriendo porque no hace nada”, le dijo al magistrado.
Se trataba de un hombre de campo, de 68 años que estaba en un estado deplorable. Cabral empezó a pensar qué se podía hacer y buscó una dependencia que tenga algún nexo rural, donde el preso pueda cumplir su condena y dar una retribución a la sociedad.
La Comisaría elegida fue la Gobernador Gregores. “Me comuniqué con el que era el segundo jefe en aquel momento, Mauro López, que también había sido alumno mío. Él me dio el ok y, gracias a que la familia juntó los recursos, se pudo hacer una chacrita en la parte trasera. Una granja y el hombre pudo crecer”, expresó el magistrado.
Ese hombre ahora está con condicional. Compró una vivienda algo precaria, la refaccionó y está viviendo con su pareja. Nunca más volvió a cometer un delito y el ocio desapareció.
Un caso similar es el de “el calderista”. Otro preso que tuvo una segunda oportunidad cuando fue pasando de cárcel en cárcel arreglando las calderas. “En ese caso, hasta llegó a arreglar la calefacción de alguno de los ministerios” dijo un entusiasmado Cabral a este diario.
A partir de la experiencia que Cabral tuvo con “el calderista” y “el de Gregores” surgió una nueva idea con lo que estaba sucediendo en la Comisaría Primera de El Calafate.
Esperanza. El frente de la Comisaría que es refaccionada.
Gracias a lo que logró el presidente de la Cámara Oral, hubo un acuerdo “interfuerzas”. Con su firma se pudo poner en marcha la ampliación de espacio para los internos; dándoles la posibilidad a las personas privadas de su libertad de alejarse del ocio y sentirse productivos, sentirse parte del orden común que, posiblemente, muchas veces los había rechazado como parias.
Desde la semana pasada, los condenados de la Comisaría Segunda de El Calafate son trasladados desde esa dependencia a la Seccional Primera donde, junto a un sargento de policía que también oficia de albañil, comenzaron con las tareas de edificación.
Será una ampliación espejo. Es decir, se replicará el espacio para los detenidos, con un pequeño espacio para que “puedan salir a fumar un cigarrillo, despejarse o tomar aire”; indicó Cabral sobre la extensión del edificio.
Presupuesto
En su momento, Nación había anunciado la ampliación de las Unidades de Truncado y Río Gallegos. Como la oposición rechazó el presupuesto, finalmente éstas se vieron frenadas por el momento. Lo que se hace en Calafate es solventado por la familia de un preso.
“El hombre cumple su condena, es así. El Estado tiene que ver como se cumple esa condena. Es increíble como cambia el rostro de la persona cuando tiene trabajo. Ante el déficit edilicio que hay, quien está privado de su libertad pierde ese derecho, pero tiene otros. El hombre cumple su condena, es así. El Estado tiene que ver cómo se cumple esa condena” aseveró el magistrado.
“Hay una parte de todo este enjambre de problemas que se puede solucionar. Si es una persona con buena conducta, le puedo dar la libertad laboral. El ocio en el encierro es uno de los peores venenos que tiene la gente privada de su libertad”, opinó Cabral.
El ocio es uno de los peores venenos de los detenidos
“El déficit edilicio hace que los detenidos no tengan talleres, de hacer cosas. Están un lugar cerrado donde no hacen nada. Queremos que la gente se acostumbre a ver a la persona cumpliendo su condena, trabajando para el bien común, limpiando una plaza, limpiando las calles. La gente se acostumbra a verlos, como pasa en San Julián. Ellos están trabajando para la comunidad” ejemplificó con el caso de la ciudad portuaria.
En Río Gallegos “tenemos un intendente que tiene ganas que esto sea mejor. Que la sociedad esté preparada para recibir a las personas, que tomen conciencia del delito cometido y que la sociedad también los acepte”, dijo Cabral.
“Tenemos el caso de un chico joven de Piedra Buena que lamentablemente tiene una condena muy larga, él no sabía escribir ni leer. Hoy terminó el secundario y tiene pensado estudiar una carrera universitaria. Él trabaja como peón en el GEOR” ejemplificó el juez.
En muchas oportunidades, las cárceles salvan vidas que estaban perdidas. Depende de la sociedad comprender o aceptar que todos merecen una segunda oportunidad.
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