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El Lago del Desierto se ubica a unos 37 kilómetros de El Chaltén, en el extremo noroeste de Santa Cruz, en plena cordillera y a pocos kilómetros del límite con Chile. Se trata de un entorno de bosques, glaciares y montañas al que se accede, desde Argentina, por rutas de ripio y senderos a pie de horas, y desde Chile por un aeródromo y camino de ripio. Allí, a pocos metros de la frontera funciona un destacamento de Gendarmería Nacional.
En ese escenario se centra una disputa por tierras en el Lote 172, que combina una posible guerra con Chile, una historia de ocupación pionera clave para la soberanía argentina y un larga trajinar burocrático en oficinas judiciales y administrativas.
A mediados de abril de este año, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) emitió una resolución, que rechazó el pedido de registración del plano de mensura para delimitar 200 hectáreas reservadas a Gendarmería Nacional realizada por el agrimensor Pablo Tudanca, quien buscó delimitar las tierras reservadas para Gendarmería y una fracción de 10 hectáreas adjudicadas a Silvia Susana Díaz Sepúlveda y Domingo Díaz Sepúlveda, miembros de una familia pionera reconocida en el sur del país.
El organismo sostuvo que la mensura no cumplió con requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa catastral provincial. Entre las observaciones, señaló errores en antecedentes, inconsistencias en la representación del inmueble y omisiones sobre restricciones al dominio, como la propia reserva de tierras a favor de Gendarmería dispuesta en 1966.
Además, indicó que hubo correcciones solicitadas que no fueron subsanadas en su totalidad, lo que impidió validar el plano. La ASIP remarcó que la registración catastral debe respetar el estado parcelario preexistente y ajustarse a la legislación vigente.
La decisión pospuso, todavía más, el conflicto con la familia Bohoslavsky, quien compró a una funcionaria provincial 44.000 hectáreas que ella se apropió durante la dictadura. Los hijos del comprador, Guillermina y Nicolás Bohoslavsky, buscan desde hace años explotar la zona con fines turísticos y quisieron instalar domos geodésicos para alojar turistas. Pero Gendarmería lo impidió al conseguir una medida cautelar.
Los pioneros del Lago del Desierto
El conflicto actual se vincula con la historia de ocupación del territorio. La familia Sepúlveda-Cárdenas se asentó en 1921 en la zona norte del Lago del Desierto, en lo que hoy, abogados y licenciados, identifican como Lote 172. Allí, en medio de la nada y rodeados de todas las maravillas de la Patagonia, Ismael Sepúlveda y Sara Cárdenas criaron ganado, cultivaron lo que pudieron, juntaban leña para el invierno y forraje para los animales durante las primeras décadas del siglo pasado. Era una vida de autarquía absoluta en una cabaña de madera que construyeron con sus propias manos entre pumas, huemules y pájaros carpinteros.
De ese amor, en 1922, nació Juana Sepúlveda, la primera de 11 hijos. Fue en ese mismo lugar. Y fue registrada oficialmente como la primera nativa del lago, lo que aportó antecedentes sobre la ocupación argentina en la zona. A partir de 1949, junto a su esposo, Román Díaz, expandió la ocupación hacia la zona sur con reconocimiento de la Legislatura de Santa Cruz y las autoridades de El Chaltén.
La tensión con Chile
Durante la década de 1960, el área adquirió relevancia geopolítica por la indefinición del límite con Chile. En 1965 se produjo un enfrentamiento entre Gendarmería Nacional y Carabineros en el sector conocido como Puesto Arbilla, que consolidó la presencia argentina en la zona.
Un año después, en 1966, el Consejo Agrario Provincial dictó una resolución que reservó 200 hectáreas en la zona norte del lago a favor de Gendarmería Nacional, con el objetivo de asegurar funciones de control migratorio, sanitario y de seguridad en cercanías del paso internacional.
La adjudicación durante la dictadura
Pero el eje del conflicto se remonta a 1981, cuando en el marco del gobierno militar se otorgó un título de propiedad sobre más de 44.000 hectáreas a Nelma Ramona Ogrizek, funcionaria del Consejo Agrario Provincial.
Las usurpaciones, robos de bienes y apropiación de activos fueron una práctica sistemática durante la última dictadura cívico-militar argentina y Santa Cruz no quedó afuera. La adjudicación incluyó el Lote 172, donde residía la familia Díaz Sepúlveda. Según los antecedentes, el Estado consideró el área como deshabitada en un contexto en el que parte de la familia se había trasladado temporalmente a Piedra Buena para atender la salud de Juana y para que su hija, Silvia, fuera a la escuela.
En 1983, Ogrizek vendió parte de esas tierras, incluido el lote en disputa, al abogado Guillermo Bohoslavsky por 24.000 dólares, operación que fue certificada por un escribano de Comodoro Rivadavia.
El conflicto actual
Años más tarde, en 2012, Bohoslavsky donó las tierras a sus hijos Guillermina y Nicolás Bohoslavsky, manteniendo usufructo. Esa cadena de titularidad es reconocida en registros catastrales y forma parte de los antecedentes considerados por la ASIP, en la resolución publicada en el último Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz.
En paralelo, en 2012 y luego ratificado en 2021, el Consejo Agrario Provincial adjudicó en venta 10 hectáreas dentro de esa misma área a Silvia y Domingo Díaz, lo que generó superposición de derechos en un mismo sector.
La resolución de ASIP menciona presentaciones cruzadas, cartas documento, informes técnicos, intervenciones judiciales y pedidos de organismos nacionales, lo que refleja la complejidad del expediente.
Cautelar en favor de Gendarmería
En 2024, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó delimitar las hectáreas reservadas a Gendarmería tras una denuncia por presunta usurpación vinculada a un emprendimiento turístico en la zona.
Nicolás Bohoslavsky estaba instalando domos geodésicos en los terrenos y, encima, utilizó la plataforma del helicóptero de Gendarmería para montarlos, un punto clave para las operaciones en la zona de frontera. Según consta en la denuncia, la ubicación de los domos interfería con el aterrizaje y despegue de aeronaves.
Los domos quedaron a mitad de hacer en un área próxima al destacamento de Gendarmería, se instalaron domos geodésicos con la intención de avanzar en una explotación vinculada al turismo.
Gendarmería intimó a quienes llevaban adelante la instalación a detener los trabajos, pero desde el lugar sostuvieron que se trataba de un predio propio y que contaban con autorización para desarrollar el proyecto, aunque no cuentan con la aprobación total del CAP.
La medida del juez Claudio Vázquez, solicitada por el fiscal Julio Zárate, incluyó la prohibición de ingreso al área en disputa y trabajos técnicos para definir los límites, en un contexto donde la mensura definitiva aún no contaba con aprobación administrativa. Mientras tanto los Bohoslavsky insisten con el emprendimiento turístico.
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