Este lunes, continúa el juicio por los brutales maltratos sufridos por dos hermanos en una vivienda de la ciudad de Río Gallegos. Los alegatos finales, comenzaron esta mañana, marcando el punto culminante de un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante tres años.
En este marco, tras los alegatos de las partes, la Fiscalía, encabezada por la dr. Verónica Zuvic, pidió una pena de 20 años de prisión para ambos acusados. La representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo los agravantes planteados en la acusación.
Por un lado, se imputa por “lesiones graves con alevosía en concurso real con amenazas y reducción a la servidumbre por las tres víctimas” para Roxana V., mientras que a David F. se mantienen los agravantes por “lesiones graves con alevosía en concurso ideal con amenazas y reducción a la servidumbre por las tres víctimas”.
“A estos chicos los mataron en vida. Este caso hizo llorar a todos”, manifestó la fiscal durante la lectura del pedido de pena.
El caso, conocido como la “casa del horror”, salió a la luz en el invierno de 2021 cuando los dos niños, de 10 y 13 años, lograron escapar de su hogar en Pello Paredes al 1100 y buscar ayuda en la Unidad 15. Las marcas de violencia en sus cuerpos y sus desgarradores testimonios revelaron un calvario de maltratos físicos y psicológicos que duró al menos cuatro años.
Durante el juicio, se presentaron contundentes pruebas que incriminan a la pareja. Los testimonios de los niños sobrevivientes fueron claros y coincidentes, describiendo en detalle los abusos sufridos. Además, los peritajes médicos confirmaron las lesiones y las secuelas psicológicas de los menores.
Estrategias de las partes
La fiscalía sostiene que los hechos están plenamente probados y ha solicitado duras penas para los acusados. Por su parte, las defensas han intentado desvirtuar las acusaciones, planteando distintas estrategias.
La estrategia del abogado de David F. fue la de sembrar dudas sobre la credibilidad de los testimonios de los niños, sugiriendo que podrían haberse equivocado o influenciado por terceros. Además, ha cuestionado la calificación legal de algunos hechos, como la privación ilegítima de la libertad.
Durante su alegato, el letrado Juan Botik, abogado del acusado, pidió el beneficio de la duda. Además, planteó que no se acredite el agravante de “reducción a servidumbre”, argumentando que cuando estaba a cuidado del padre los niños podían salir a la calle y lo acompañaban al hombre a realizar compras, entre otras cuestiones.
Por su parte, el abogado de Roxana V., Darío Mosso, ha intentado exculpar a su defendida, atribuyendo la responsabilidad de los hechos a otras personas. También ha cuestionado la imparcialidad de algunos testigos. Tras los alegatos, Mosso pidió la absolución de la mujer acusada o al menos que se aplique el “beneficio de la duda”, al considerar que no se habrían acreditado los hechos imputados.
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