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Cuando la mañana apenas comenzaba a despuntar sobre la capital santacruceña, un importante y llamativo movimiento de efectivos y móviles federales volvió a poner en el centro de la escena pública el expediente judicial de mayor resonancia política y criminal del último tiempo en Santa Cruz.

Este jueves 19 de noviembre, a exactamente diez días de la batería de allanamientos que sacudió a Río Gallegos en el marco de la investigación por presunto narcolavado, la Justicia Federal puso en marcha una instancia procesal tan silenciosa como determinante: el traslado bajo estricto resguardo y el inicio de las pericias sobre un voluminoso caudal de documentación secuestrada en la causa caratulada “Báez y otros s/ lavado de activos“.

Lázaro Báez se encuentra detenido en Ezeiza.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder La Opinión Austral, la secuencia operativa se inició puntualmente a las 07:30 horas, momento en el que se activó un dispositivo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Secretaría de Seguridad.

Las acciones en el terreno estuvieron encabezadas por personal de la Región VII de Gendarmería Nacional (REGENSIE), contando con el respaldo logístico y táctico del Escuadrón Santa Cruz, la Sección de Vuelo Río Gallegos y los especialistas de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses con asiento en esta ciudad.

La tapa de La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre.

El objetivo central de este despliegue matinal consistió en brindar apoyo operativo directo a la Unidad Fiscal Río Gallegos para garantizar la seguridad de una maniobra sumamente sensible para el futuro del legajo.

Para ello, se movilizó personal y vehículos institucionales desde la sede de la Jefatura de Región VII hacia las dependencias del Ministerio Público Fiscal, donde se procedió al retiro formal y la custodia inmediata de un volumen significativo de cajas, carpetas y documentación que habían sido incautadas días atrás durante los registros realizados en la capital provincial.

Una vez asegurada y precintada la totalidad de la carga probatoria, la comitiva federal emprendió el camino de regreso hacia las instalaciones de la Jefatura de Región VII.

Móviles oficiales afuera de la Fiscalía. FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL

Según se precisó en el reporte oficial al que tuvo acceso este diario, todos los elementos fueron depositados en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de esa sede regional, un espacio físico que debió ser especialmente acondicionado, despejado y puesto bajo estricta vigilancia para llevar adelante las tareas técnicas requeridas por los investigadores judiciales.

En ese recinto cerrado y resguardado, peritos criminalísticos y personal especializado dieron curso inmediato a las diligencias de desintervención y certificación de la documentación.

En el ámbito de las investigaciones federales complejas, este paso procesal resulta absolutamente crucial: implica romper los precintos originales en presencia de las partes y testigos, realizar un inventario minucioso foja por foja, validar cada papel y blindar la cadena de custodia para que ninguna defensa pueda cuestionar la integridad legal de las pruebas antes de que sean incorporadas de manera definitiva al análisis financiero y patrimonial del expediente.

Las actuaciones continúan desarrollándose bajo rigurosas medidas de seguridad y absoluta reserva en la sede regional de Gendarmería Nacional, a la espera de nuevas directivas por parte de la Unidad Fiscal interviniente a medida que avance el escrutinio técnico sobre los papeles secuestrados.

Tal como lo informó La Opinión Austral, la historia, que tiene ribetes cinematográficos, se tramita bajo el expediente 169831/26 en el Juzgado Federal de Garantías de la capital provincial, a cargo de Claudio Marcelo Vázquez.

El juez Claudio Vázquez cuando fue entrevistado por La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral)..

Cuando todo indicaba que el otrora hombre fuerte de la obra pública patagónica había quedado relegado a la soledad de una celda en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para cumplir su condena unificada de 15 años, un sismo judicial sacudió los cimientos de Río Gallegos hace un poco más de una semana.

Lo que comenzó hace casi un año como una pesquisa discreta sobre camiones que transportaban cocaína hacia el sur, derivó en una megacausa por narcolavado que hoy tiene en vilo al país. Al frente de la investigación, la Unidad Fiscal Río Gallegos -comandada por el fiscal federal Julio Zárate– junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco, descubrieron que los referentes de esa banda narco no solo movían dinero de la droga, sino que también administraban estancias, inmuebles y cuentas pertenecientes al patrimonio embargado de Lázaro Báez.

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