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La última paritaria de la Administración Pública Central de Santa Cruz pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Provincia se comprometió a llevar una oferta salarial para este universo de estatales.
Pero más allá del pedido de una suba en los haberes mensuales -los estatales lograron la activación de la cláusula gatillo para todo el segundo semestre-, los gremios pelean por mejorar las condiciones en los lugares de trabajo.
Ayuda
Entre las demandas realizadas, según consta en el acta de la audiencia a la que accedió La Opinión Austral– se destacó el pedido del gremio UPCN de crear un área en todos los organismos estatales para contener y ayudar a quienes padecen problemas de consumo de drogas. Se solicitó “no estigmatizar” a las personas.
De acuerdo al pedido, ésa área será integrada por “equipos operativos – técnicos – profesionales interdisciplinarios que actúe como un equipo de abordaje ante cualquier tipo de evaluación de desempeño negativo, sanciones a los trabajadores y cualquier otra realidad que impacte de forma directa en la vida laboral de las personas: adicciones, enfermedades crónicas, desnutrición, vínculos disfuncionales, etc”.
Gremios aseguran que el problema del consumo creció a pasos agigantados.
El gabinete podrá estar “integrado por abogados, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, acompañante terapéutico y cualquier otro profesional idóneo”. Se propuso que en ese espacio se “pueda intervenir, escuchar y recabar toda la información necesaria del perfil del trabajador tanto en lo laboral como en lo familiar y personal, que permita tomar la mejor decisión”.
UPCN recordó que el pedido data del 2023 y fue repetido en el 2024. “La resolución es de suma urgencia ya que hay una crisis muy grande de adicciones en la provincia” y apuntó que en la mayoría de los casos “el trabajador es estigmatizado y sancionado, sin entender su realidad”.
Antecedentes
Se recuerda que en Santa Cruz, el Ministerio de Salud diseñó un ‘Protocolo de Examen Toxicológico’ que sería aplicado sobre los trabajadores.
“La exigencia de exámenes toxicológicos a los trabajadores, bajo el argumento de garantizar la seguridad o el desempeño laboral, puede convertirse en una herramienta de estigmatización y control, más que en una medida preventiva o protectora. Desde ATE, entendemos que estas resoluciones tomadas de forma unilateral y no a través de las comisiones del CCT cuando no están acompañadas de un análisis profundo ni de la aplicación universal, solo refuerzan prejuicios y apuntan a seguir estigmatizando a los trabajadores”, había expresado oportunamente el gremio.
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