Juicio político a Fernando Basanta: el 15 de noviembre se resuelve si es destituido como vocal del TSJ o sigue en el cargo

La Sala Juzgadora definió que el juicio político a Fernando Basanta continúe el viernes 14 de noviembre a las 15:00 y que el sábado 15 se de a conocer el veredicto, luego de una votación tras dos cuartos intermedios, en el marco de la denuncia por supuesta irregularidad en su nombramiento, ya que, según la Sala Acusadora, “tenía la obligación de rehusar la propuesta y abstenerse de asumir cargos” y según la acusación, no tendría la cantidad de años en el ejercicio de la abogacía como estipula la ley.

El propio acusado habría pedido acelerar el veredicto para que se defina este mismo lunes o en 48 horas, sin embargo, los bloques de “Por Santa Cruz” y “Unión por la Patria” acordaron una fecha intermedia.

La oposición acompañó el pedido de Basanta, mientras que la moción del oficialismo fue para cumplir todos los plazos. Tras un cuarto intermedio y negociación entre las partes, hubo un acuerdo.

La audiencia comenzó pasadas las 15:40 horas con la presidencia del vicegobernador Fabián Leguizamón y la presencia de 12 diputados en la sala.

Durante la audiencia, el vocal del TSJ asumió su defensa a través del abogado Alejandro Ruggero, quien fuera juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. También con la asistencia del abogado Gonzalo Chute.

En primer término, se le dio uso de la palabra a Fernando Basanta para presentar pruebas, aunque el fiscal le dio la atribución a su apoderado.

En su exposición, Ruggero calificó el juicio político como nulo y sostuvo que no es ámbito para discutir ese tema, ya que el correspondiente, en todo caso, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Estuve estudiando mucho la acusación, el contenido, cómo está formada”, dijo para empezar y añadió que si bien podría hacer un discurso jurídico, se dio cuenta que lo más importante era “hacer entender por qué este juicio político es nulo, no tiene un objeto legal“.

Todo esto ante la atenta mirada de los diputados presentes y también del abogado Sergio Macagno -quien se ubicó por detrás de Basanta, Ruggero y Chute-, autor de la denuncia, quien días atrás celebró el avance del caso y la decisión unánime de los diputados de la comisión investigadora.

Seguidamente, Ruggero argumentó: “Es absolutamente nulo por improcedente“, ya que el único punto de imputación “es haber aceptado cargos públicos sin cumplir los requisitos legales y constitucionales, en particular el 137 de la Constitución”. También se detuvo en el punto dos de la acusación, derivado del anterior: “Si hay una designación ilegal, hay una aceptación y en consecuencia, habría un delito, con el supuesto incumplimiento de la Ley de Ética en la Función Pública“, con una “supuesta conducta negligente, incompatible con los principios de idoneidad y moralidad del ejercicio de la función que sinceramente no entiendo, no fue especificado, no sé de qué se trata”, indicó Ruggero.

Este tema puesto en primer plano a rebatir por Ruggero no es menor. Es que la Resolución N° 001/2025 emitida por la Sala Acusadora, a la que accedió La Opinión Austral, sostenía que Fernando Basanta aceptó ocupar cargos públicos de alta jerarquía sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales exigidos, configurando un presunto caso de mal desempeño e inhabilidad moral. Además, sostuvo que su designación podría formar parte de un patrón de designaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo como “un intento de cooptación institucional del Poder Judicial”.

“Cuestión cerrada”

Asimismo, el abogado Ruggero recordó la versión taquigráfica del día cuando se aprobó el pliego del Dr. Basanta. Al respecto, indicó que en ese momento hubo un solo punto de disidencia entre el oficialismo y la oposición, que era precisamente la no reunión de los requisitos constitucionales. “No hubo otro planteo, ni personales, morales, éticos o de ninguna otra razón”, por lo que “sobre eso se basó la discusión parlamentaria del día 8 de septiembre del 2022“.

Recordó que al momento de la votación, hubo 16 diputados que votaron por la afirmativa, tres legisladores se abstuvieron y 4 votaron por la negativa. También dijo que en todas las instancias la acusación fue la misma, incluso en una demanda civil, otra penal, esta última -según dijo- que tuvo un fallo en contra que no fue apelado. “Sólo una entidad continuó con ese reclamo, que es la Asociación de Abogados de Río Gallegos“, subrayó.

“Siendo que el contenido exacto de lo que se aprobó, en una sesión ordinaria compuesta por todos los diputados, legítimamente elegidos y designados, habiendo votado conforme a la ley, los reglamentos y la Constitución, y habiéndose aprobado el pliego para que luego se enviara al Ejecutivo, se completara la designación y el Tribunal Superior de Justicia completara el juramento, la cuestión, de acuerdo a esta defensa, está completamente cerrada y no hay posibilidad de reeditarla simplemente con los mismos argumentos; es intentar borrar con el codo lo que se escribió con la mano“, expresó.

En esta instancia, Ruggero volvió a remarcar: “No hay un motivo original, diferente, novedoso para este juicio político” y en ese momento, aclaró: “El único camino o recurso de quienes consideran o sostienen esta supuesta ilegalidad es el camino judicial“. En ese sentido, sostuvo que el Poder Judicial es uno solo, tanto desde las provincias hasta la Corte, y que “en ese camino está la Asociación de Abogados de Río Gallegos”, por lo que “esta Cámara de Diputados no está ni jurídica ni constitucionalmente habilitada y no existe la posibilidad de un desacuerdo“.

De esta forma, para la defensa de Fernando Basanta, la discusión sobre el artículo 137 de la Constitución “está agotada“. Sin embargo, el abogado defensor hizo hincapié en el fallo citado en repetidas ocasiones de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Al respecto, mencionó que se habla de una parte del mismo, pero que también dice otras cosas, como que “el ejercicio del título de abogado no se limita a litigar, es sólo una parcela del amplio campo de la abogacía” y que “tampoco exige un ejercicio liberal o autónomo del título”. Por lo que “los argumentos que se usan no son definitivos, son opinables y si son opinables, ¿cómo podría ser un delito doloso?”, subrayó Ruggero.

Tras la exposición, el abogado de Basanta pidió que “se resuelva de inmediato el archivo del presente juicio político por nulidad, por motivo de carecer de objeto distinguible del ya tratado en la sesión ordinaria del 8 de septiembre de 2022, excediendo las atribuciones constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene para realizar sus propios actos”.

Qué dijo Basanta

Tras su intervención, la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) pidió la palabra y solicitó nueva fecha de audiencia, y que para su realización se cuenten 10 días a partir de este martes, para el día 14 de noviembre a las 15:00 horas, que el presidente de la audiencia Fabián Leguizamón puso a votación.

Posteriormente, el fiscal Fernando Basanta pidió realizar una “aclaratoria”, solicitando que la resolución sea expeditiva.

“Nosotros no estamos introduciendo ninguna prueba nueva que no conste en el expediente y la ley es clarísima que los 10 días son con motivo del ofrecimiento de pruebas que tenga que producirse. Por nuestra parte, en mi caso de vocal ejerciendo mi derecho de defensa, no hemos traído ninguna prueba nueva que ofrecer. Es todo lo del expediente y lo que se haya dicho esta sala. Por lo tanto, no habría que esperar los 10 días, en 48 horas, o si lo quieren hacer antes“, dijo el vocal.

Mociones y debate

Luego, Karina Nieto (Unión por la Patria) mocionó que la sesión sea en 48 horas, entendiendo que la Sala Acusadora y la Defensa no tienen más pruebas que ofrecer. En el mismo sentido se expresó Rocío Garcia (UxP): “Al no haber más pruebas, me parece que sería la moción correcta”.

Luego, Adriana Nieto (Por Santa Cruz) aclaró: “Pido hasta el 14 de noviembre. Entiendo que la ley dice que hacen falta 48 horas. Por otro lado, no me parece mal que me tome el plazo previsto en la Constitución provincial, que son 30 días para la Juzgadora. No sé por qué tanta improcedencia con el plazo”.

Cuarto intermedio y votación

Posteriormente, Leguizamón convocó a votar por las mociones dar un fallo “rápido” y otra respetando los tiempos legales establecidos, tras un cuarto intermedio -que terminaron siendo dos- solicitado por el diputado Pedro Luxen.

Tras el breve parate, Luxen tomó la palabra y remarcó que la moción del bloque es la de “respetar el periodo que marca la ley, y en función de si tuviéramos la necesidad de convocar antes, poder hacerlo“. “Tenemos que analizar un montón de cuestiones y vamos a seguir el procedimiento que marca el tiempo del juicio político”, añadió al ser interpelado por el diputado por El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, Carlos Alegría.

Tras la deliberación luego de un breve cuarto intermedio, se puso a consideración para el 14 de noviembre:

Carlos Alegría, Eloy Echazú, Rocío García, Karina Nieto y Lorena Ponce se abstuvieron, mientras que Fernando Españón, Fabiola Loreiro, Pedro Luxen y Adriana Nieto, Fernando Pérez y Daniel Perata votaron afirmativamente.

La moción de Por Santa Cruz fue aprobada por 7 votos afirmativos y 5 abstenciones, determinándose así que la nueva sesión publica será el viernes 14 de noviembre a las 15:00 hs.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el veredicto final se dará el sábado 15 de noviembre. Esto en virtud de que la moción de Karina Nieto solicitó 10 días a partir de este martes. Ese viernes 14, los diputados integrantes de la sala volverán a reunirse, con hasta 48 horas para definir. Dado que el día posterior se cumplen los 30 días corridos de la suspensión, ese sábado se deberá dictaminar si el acusado Fernando Basanta es destituido como vocal del TSJ o continúa en su cargo.

La Sala Juzgadora, que deberá delibera está compuesta por seis diputados del oficialismo, José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez, Fernando Españón; cuatro de Unión por la Patria, Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce, y dos más de bloques unipersonales: Carlos Alegría y Daniel Peralta.

Para que se produzca una destitución, se requerirá una mayoría de dos tercios de los diputados presentes. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Basanta permanece suspendido con goce del 50% de su salario.