El abogado Sergio Macagno, denunciante en el juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, criticó duramente la defensa presentada por el letrado Alejandro Ruggero, ex juez de Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Para Macagno, el planteo no solo carece de sustento técnico, sino que rozó una advertencia impropia hacia los legisladores de la Sala Juzgadora, según advirtió este martes en diálogo con Radio LU12 AM680.
El abogado insistió en que el proceso debe centrarse en el incumplimiento de requisitos constitucionales, y defendió la intervención del Poder Legislativo en el marco de la Ley N° 13 reglamentaria del artículo 137 de la Constitución provincial.
“La defensa fue temeraria”: los ejes de la crítica de Macagno
El denunciante repasó punto por punto los argumentos del defensor de Basanta e indicó que ninguno logró demostrar que el vocal cumpliera con los seis años de ejercicio profesional exigidos para integrar el Tribunal Superior de Justicia. “De las cuatro hipótesis jurídicas que mencionó, ninguna aplica al doctor Basanta. No solo no se acreditó ejercicio profesional, sino que su propia defensa evitó afirmarlo”, sostuvo.
Según Macagno, la defensa omitió el alcance de la ley provincial que impide matricularse mientras se ocupa un cargo político relevante, señalando que Basanta recibió su título en 2016 cuando era ministro de Gobierno.
Respeto institucional y facultades legislativas
El abogado también cuestionó el planteo que, según afirmó, puso en duda la competencia constitucional de la Cámara para llevar adelante un juicio político: “A mi humilde entender, se le faltó el respeto a todos los legisladores presentes. Pretender negar la facultad de la Cámara para juzgar políticamente es gravísimo”.
La crítica más severa llegó cuando Macagno analizó la referencia al trámite judicial ante la Corte Suprema: “El doctor Ruggero llegó casi al punto de chantaje o extorsión. Dijo que si la Corte anula la designación de Basanta, entonces lo que firmó —incluso respecto de las elecciones de 2023— sería nulo. Eso es inadmisible”.
Para Macagno, dicho argumento intentó condicionar a los legisladores recordándoles riesgos institucionales en caso de destitución.
El caso en la Justicia ordinaria
El abogado también respondió a Ruggero sobre la causa penal previa y denunció que la fiscalía archivó la investigación sin permitirle acceder al expediente, además señaló responsabilidades del Fiscal de Estado, Ramiro Castillo, por no impulsar la acción y recordó que el expediente fue remitido a la justicia penal por la Sala Acusadora.
Además, reveló que recusó a tres diputados de Unión por la Patria que habían votado la designación de Basanta en 2022: “Votaron su nombramiento pese a no reunir requisitos. Por decoro deberían excusarse”, consideró más allá de que la Ley no prevé esto en las causales de recusación.
Ante versiones que vinculan el proceso a persecución partidaria a Fernando Basanta por ser kirchnerista, Macagno se despegó de cualquier lectura político-partidaria: “Esto es objetivo, como una infracción de tránsito. Basanta no tenía los seis años. La Constitución no es opinable”.
Qué dijo el abogado de Basanta, Alejandro Ruggero
El abogado Alejandro Ruggero, quien fuera juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, apareció, públicamente tras varios años, como defensor del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta.
En su exposición, Ruggero calificó el juicio político como nulo y sostuvo que no es ámbito para discutir ese tema, ya que el correspondiente, en todo caso, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo que si bien podría hacer un discurso jurídico, se dio cuenta que lo más importante era “hacer entender por qué este juicio político es nulo, no tiene un objeto legal”.
“Ni esta Legislatura ni esta Comisión están habilitados constitucionalmente para reeditar un juicio que ya fue tratado legalmente en esta misma Cámara”, remarcó. Y advirtió que “la anulación de la designación del doctor Basanta, tres años después de asumir el cargo, causaría una estrépito muy importante en los asuntos donde él intervino: si es nula la designación, son nulos todos sus fallos. Si son nulos los fallos, habría que revisar 3 años para atrás cualquiera que haya sido firmado por el doctor Basanta, por ejemplo, la aprobación de los pliegos de las elecciones del año 23, donde han sido designados todos ustedes y el gobernador sin que hubiese algún tipo de impugnación al respecto”.
Además, agregó que en lo materia penal “es muy probable, y yo tengo algún cliente que estaría en condiciones de pedir la nulidad de la sentencia que confirmó su perpetua y pedir inmediatamente su libertad porque hay un principio básico del derecho que es la no juzgamiento por dos veces por el mismo tema y además el respeto al tiempo razonable del proceso. Por lo tanto, como abogado tendría que pedir nula la sentencia que firmó Basanta. ‘Discúlpenme, quiero la nulidad de la sentencia de mis clientes y quiero la automática libertad de ellos’. Y así homicidas, violadores, etcétera”, expresó.
Ante esto, argumentó: “Es absolutamente nulo por improcedente” ya que en el único punto de imputación, “es haber aceptado cargos públicos sin cumplir los requisitos legales y constitucionales, en particular el 137 de la Constitución”. También se detuvo en el punto dos de la acusación, derivado del anterior: “Si hay una designación ilegal, hay una aceptación y en consecuencia habría un delito, con el supuesto incumplimiento de la ley de Ética en la Función Pública”, con una “supuesta conducta negligente, incompatible con los principios de idoneidad y moralidad del ejercicio de la función que sinceramente no entiendo, no fue especificado, no sé de qué se trata”, indicó Ruggero.
Este tema puesto en primer plano a rebatir por Ruggero no es menor. Es que la resolución N° 001/2025 emitida por la Sala Acusadora a la que accedió La Opinión Austral, sostenía que Fernando Basanta aceptó ocupar cargos públicos de alta jerarquía sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales exigidos, configurando un presunto caso de mal desempeño e inhabilidad moral. Además, sostuvo que su designación podría formar parte de un patrón de designaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo como “un intento de cooptación institucional del Poder Judicial“.
“Cuestión cerrada”
Asimismo, el abogado Ruggero recordó la versión taquigráfica del día cuando se aprobó el pliego del Dr. Basanta. Al respecto, indicó que en ese momento hubo un solo punto de disidencia entre el oficialismo y la oposición, que era precisamente la no reunión de los requisitos constitucionales. “No hubo otro planteo, ni personales, morales, éticos o de ninguna otra razón”, por lo que “sobre eso se basó la discusión parlamentaria del día 8 de septiembre del 2022”.
Recordó que al momento de la votación, hubo 16 diputados que votaron por la afirmativa, tres legisladores se abstuvieron y 4 votaron por la negativa. También dijo que en todas las instancias la acusación fue la misma, incluso en una demanda civil, otra penal, esta última –según dijo- que tuvo un fallo en contra que no fue apelado. “Solo una entidad continúo con ese reclamo que es la Asociación de Abogados de Río Gallegos”, subrayó.
“Siendo que el contenido exacto de lo que se aprobó, en una sesión ordinaria compuesta por todos los diputados, legítimamente elegidos y designados, habiendo votado conforme a la ley, los reglamentos y la Constitución y, habiéndose aprobado el pliego para que luego se enviara al Ejecutivo, se completara la designación y el Tribunal Superior de Justicia completara el juramento, la cuestión, de acuerdo a esta defensa, está completamente cerrada y no hay posibilidad de reeditarla simplemente con los mismos argumentos, es intentar borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, expresó.
En esta instancia, Ruggero volvió a remarcar: “No hay un motivo original, diferente, novedoso para este Juicio Político” y en ese momento, aclaró: “El único camino o recurso, de quienes consideran o sostienen esta supuesta ilegalidad, es el camino judicial”. En ese sentido, sostuvo que el Poder Judicial es uno solo, tanto desde las provincias hasta la Corte y que “en ese camino está la Asociación de Abogados de Río Gallegos” por lo que “esta Cámara de Diputados no está ni jurídica ni constitucionalmente habilitada y no existe la posibilidad de un des-acuerdo”.
“No hay un motivo original, diferente, novedoso para este Juicio Político”. Alejandro Ruggero.
De esta forma, para la defensa de Fernando Basanta, la discusión sobre el artículo 137 de la Constitución “está agotada”. Sin embargo, el abogado defensor hizo hincapié en el fallo citado en repetidas ocasiones de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Al respecto, mencionó que se habla de una parte del mismo pero que también dice otras cosas, como que “el ejercicio del título de abogado no se limita a litigar, es solo una parcela del amplio campo de la abogacía” y que “tampoco exige un ejercicio liberal o autónomo del título”. Por lo que, “los argumentos que se usan no son definitivos, son opinables y si son opinables, cómo podría ser un delito doloso“, subrayó Ruggero.
Tras la exposición, el abogado de Basanta pidió que “se resuelva de inmediato el archivo del presente Juicio Político por nulidad, por motivo de carecer de objeto distinguible del ya tratado en la sesión ordinaria del 8 de septiembre del 2022, excediendo las atribuciones constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene para realizar sus propios actos“.
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