Punta Loyola: Provincia advirtió que no está funcionando el relleno sanitario en el nuevo vaciadero e iniciará un sumario administrativo

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, continúa con las actuaciones administrativas y los controles sobre el funcionamiento del relleno sanitario y el vaciadero municipal de Río Gallegos, ante las irregularidades detectadas en el tratamiento y disposición final de los residuos.

La Opinión Austral ya había dado a conocer de forma anticipada en diciembre de 2025, a través de una cobertura en Santa Cruz Produce, los severos problemas operativos y las consecuencias ambientales que venía generando la falta de un tratamiento adecuado de la basura en la zona rural con impacto directo a un productor.

Contralor

El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, brindó precisiones sobre las inspecciones realizadas, las intimaciones cursadas al Municipio de Río Gallegos y a la empresa Nueva Santa Cruz, y las consecuencias ambientales que la situación está generando en establecimientos rurales cercanos al predio.

Explicó que actualmente existen dos instalaciones diferentes: el vaciadero municipal ubicado sobre la calle José Ingenieros, próximo a la ría, y el relleno sanitario emplazado en cercanías de la Zona Franca, camino a Punta Loyola.

“El relleno sanitario se creó con la idea de cerrar el vaciadero municipal. Hoy en día están funcionando las dos cosas”, señaló.

Intimaciones y sumario

La Secretaría de Estado de Ambiente realizó actuaciones desde el año pasado y que actualmente exige el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

En particular, solicitó una auditoría ambiental de cumplimiento para verificar si las instalaciones operan de acuerdo con las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental original.

“Estamos exigiendo que se adecuen a la Ley de Impacto y a la Ley de Residuos, pidiéndoles una auditoría ambiental de cumplimiento para que tengan la Declaratoria de Impacto Ambiental. A ellos se les venció el año pasado y no están cumpliendo”, afirmó.

Asimismo, confirmó que tanto el Municipio como la empresa operadora fueron intimados a presentar documentación vinculada con las responsabilidades de cada parte. Según explicó, se requirió el convenio y contrato que regula la operación del relleno sanitario, documentación que, hasta el momento de la entrevista, no había sido presentada.

“Ya se vencieron los plazos de la intimación que hemos hecho y estamos próximos al sumario”, advirtió.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por el funcionario es la dispersión de residuos hacia campos ganaderos próximos al relleno sanitario.

“Hemos visto que hay una dispersión de los residuos en al menos 500 hectáreas alrededor del relleno sanitario”, expresó.

En ese sentido, aclaró que la Secretaría no cuenta con información suficiente para certificar las pérdidas productivas denunciadas por los establecimientos rurales afectados, aunque sí pudo constatar la presencia de residuos fuera del área de disposición.

Frente a esta situación, anticipó que las actuaciones administrativas contemplarán medidas de recomposición ambiental.

“El Municipio debería poner a disposición alguna cuadrilla para poder limpiar el campo ganadero que está afectado y trabajar bien en el relleno sanitario para que no existan estas voladuras”, sostuvo.

El secretario de Ambiente explicó que el funcionamiento adecuado de un relleno sanitario requiere que los residuos sean compactados y cubiertos con tierra inmediatamente después de su disposición final, con el objetivo de evitar su dispersión por efecto del viento.

Sin embargo, aseguró que las inspecciones permitieron identificar deficiencias en estas tareas.

“En este momento, en el relleno sanitario, por lo que hemos podido ir a ver, no tienen la maquinaria suficiente para poder operar y no están tomando estas medidas de compactación y de cubierta”, detalló.

También mencionó la ausencia de geomembranas en los taludes y otras irregularidades operativas que motivaron las intimaciones. Procopio remarcó que el relleno sanitario debe constituir una solución ambiental para Río Gallegos y no convertirse en una nueva fuente de contaminación para las áreas rurales cercanas.

Otro de los puntos abordados por el funcionario fue la situación de la planta de clasificación ubicada en el ingreso al predio. Según manifestó, el establecimiento tampoco cuenta con la Declaratoria de Impacto Ambiental correspondiente y presenta deficiencias en sus condiciones de funcionamiento.

“Trabajan en condiciones de insalubridad total, usando una cinta transportadora que no está diseñada para llevar residuos húmedos”, denunció.

Además, indicó que durante las inspecciones se observaron instalaciones sanitarias deficientes y falta de acceso al agua para los trabajadores.

“La operadora Nueva Santa Cruz no está operando bien en ninguna parte del proceso: ni en la clasificación, ni en el tratamiento, ni en la disposición final”, afirmó.

Consultado sobre la presencia de bolsas rojas, habitualmente utilizadas para residuos patogénicos, Procopio explicó que los desechos hospitalarios deben atravesar un proceso de esterilización antes de su disposición final.

Precisó que en Río Gallegos estos residuos son tratados mediante autoclave por la empresa AESA, procedimiento que permite convertirlos en residuos asimilables a domiciliarios.

No obstante, aclaró que, aun después de ser esterilizados, deben ser depositados en sectores específicos, compactados y cubiertos adecuadamente. “No deberían haber quedado a la intemperie”, puntualizó.

Proceso judicial

En relación con el vaciadero municipal de la calle José Ingenieros, Procopio explicó que su clausura se encuentra condicionada por un proceso judicial en trámite.

El funcionario señaló que la Secretaría de Estado de Ambiente y la Fiscalía han presentado informes y solicitado un pronto despacho para avanzar con las medidas correspondientes.

“Estamos esperando que el juez se expida. Esto está en un proceso judicial. En este momento no podemos multarlos y mucho menos clausurarlos”, explicó.

Asimismo, ratificó que el objetivo del organismo provincial es concretar un cierre progresivo del predio, acompañado de las tareas de remediación ambiental necesarias.

“Nosotros lo que queremos es que haya un cierre al menos paulatino hasta llegar al cierre total con una remediación del lugar”, manifestó.

Procopio también planteó la necesidad de que Río Gallegos cuente con una planta de transferencia de residuos domiciliarios, donde puedan compactarse antes de ser trasladados al relleno sanitario.

Según explicó, este mecanismo permitiría optimizar el transporte, reducir el desgaste de los vehículos recolectores y garantizar una disposición final adecuada.

En ese contexto, expresó sus cuestionamientos respecto de los criterios utilizados para determinar qué residuos ingresan al relleno sanitario y cuáles continúan siendo destinados al vaciadero municipal.

El funcionario sostuvo que, según su interpretación, la empresa operadora estaría priorizando determinados residuos provenientes de actividades privadas, mientras que solo una parte de los residuos domiciliarios ingresaría al relleno.

“No se entiende por qué, porque fue creado justamente para llevar todo el residuo domiciliario de la ciudad al relleno sanitario”, remarcó.

Finalmente, Procopio explicó que, ante la falta de cumplimiento de las intimaciones, la Secretaría de Estado de Ambiente puede avanzar con sumarios administrativos y, de corresponder, dar intervención a la Fiscalía.

En ese sentido, recordó que la legislación ambiental establece obligaciones vinculadas con la preservación de un ambiente sano para la comunidad y los sectores productivos.

“Uno tiene que asegurar por la Ley General del Ambiente un ambiente sano, tanto para los ciudadanos como para los ganaderos de alrededor”, expresó.

El funcionario reafirmó la necesidad de corregir las deficiencias detectadas y garantizar que el sistema de tratamiento y disposición final de residuos cumpla efectivamente su función.

“Consideramos que el relleno sanitario debe ser una medida exitosa y esta problemática no debería trasladar sus consecuencias ambientales a los productores de la zona rural. El objetivo debe ser disponer los residuos de una manera segura y no trasladar el problema a otro lugar”, concluyó.