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Después de meses de reclamos, llegó una señal positiva desde el Gobierno nacional para el sector minero. Aunque en un principio el Ministerio de Economía se había mostrado reacio a habilitar incentivos para nuevas exploraciones en proyectos ya existentes, la persistencia de las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sumado al evidente deterioro del panorama para el oro y la plata, fue clave.
Desde la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería se trabaja para vehiculizar, junto con la Secretaría de Minería, una posible resolución —que podría derivar también en un decreto— para habilitar un esquema de incentivos vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero pensado especialmente para proyectos que ya están en producción. No sólo por la situación actual, sino como forma de evitar un problema mayor en el corto plazo: el cierre de minas que todavía tienen potencial si se apuesta por nuevas etapas exploratorias.


Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz es una de las más interesadas en que el esquema del RIGI ampliado avance. Con varios proyectos en producción muy cerca del cierre de mina que podrían beneficiarse si acceden a nuevos incentivos —como Cerro Moro, Don Nicolás, Minera Santa Cruz, Cerro Vanguardia, e incluso Cerro Negro que cuenta con una mayor vida útil que el resto—, se activaron gestiones propias para acompañar la iniciativa.
Aunque el RIGI fue concebido para proyectos nuevos, la propuesta que se discute busca ampliar su alcance: permitir que las compañías que ya tienen operaciones en marcha accedan también a sus beneficios, siempre y cuando decidan iniciar una nueva etapa de exploración y desarrollo. La Argentina no tiene minas nuevas de oro en construcción. Apostar por ampliar lo que ya existe puede ser, al menos en el corto plazo, la forma más rápida de sostener la producción.
Cómo sería
El ingreso no sería automático. El esquema que se analiza plantea una “puerta de entrada” a través de una inversión inicial en exploración. Si esa etapa se concreta y da lugar a un nuevo desarrollo, la compañía podrá acceder a los beneficios plenos del RIGI. Si no, no habrá penalidades, pero tampoco incentivos.
A fines de marzo, durante una reunión que se realizó en la Cámara de Diputados la reunión sobre desarrollos mineros, este tema fue planteado por legisladores y representantes del sector como una necesidad urgente. Muchas de las compañías que hoy están en producción vienen atravesando años complejos. Sumar un nuevo régimen que contemple su realidad puede evitar que minas en declino se apaguen antes de tiempo.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aprobado en la Ley Bases, contempla una serie de ventajas impositivas, cambiarias y aduaneras para inversiones superiores a los USD 200 millones. Entre los principales beneficios se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
Todavía falta conocer la forma final —si será una resolución o un decreto—, pero lo que está claro es que, por primera vez en mucho tiempo, el planteo del sector fue atendido. Y podría ser la llave para evitar el apagón de operaciones que hoy todavía tienen futuro.
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