Después del caso Ángel López, la Justicia reveló las falencias del Equipo Técnico de Familia y qué cambios ya están en marcha

La presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, rompió el silencio sobre una de las intervenciones institucionales más importantes que impulsó este año el Superior Tribunal de Justicia del Chubut: la auditoría integral del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Fuero de Familia. La magistrada aclaró que el trabajo no nació a partir de un único expediente sino como respuesta a una preocupación que se había instalado desde hacía tiempo entre jueces, abogados, defensores oficiales y la propia comunidad, y que terminó acelerándose luego de la conmoción que provocó el caso del niño Ángel López.

“Esto surge con posterioridad al caso Ángel y con motivo de los cuestionamientos que existían dentro de la comunidad, pero también de todos los operadores jurídicos: abogados, Colegio de Abogados, Asesoría de Familia, Defensoría y distintos actores que venían manifestando inquietudes respecto del funcionamiento del Equipo Técnico Interdisciplinario y también del Fuero de Familia”, explicó en conferencia de prensa este martes.

Mientras que la jueza dialogaba con los medios, afuera del recinto judicial se encontraba Lorena Andrade, “la mamá del corazón” de Ángel, quien continúa pidiendo justicia y apuntando contra el sistema judicial y de niñez. La mujer intentó ingresar y presenciar la conferencia de prensa pero no se lo permitieron.

Según recordó, el Superior Tribunal dictó un acuerdo plenario mediante el cual ordenó una auditoría de sesenta días y designó a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para llevar adelante esa tarea. “El acuerdo plenario tiene fecha 14 de abril. Al día siguiente el Superior Tribunal designó a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y como este año ejerzo la presidencia de la Cámara fui la responsable visible de esta auditoría”.

“No se gestionan expedientes, sino crisis humanas”

Lejos de presentar el proceso como una simple revisión administrativa, Nieto remarcó que la complejidad del trabajo obligó primero a comprender el contexto en el que interviene el Equipo Técnico. “Abordar una auditoría de un equipo técnico interdisciplinario es un desafío muy sensible porque allí no solamente se gestionan expedientes.

Se gestionan crisis humanas, violencias, derechos de niños, niñas y adolescentes y las problemáticas que atraviesan las familias en sus múltiples conformaciones“. Por esa razón insistió en que el objetivo nunca fue buscar responsables individuales.

“Para la sociedad un desvío puede traducirse en informes tardíos, en revictimización o en diagnósticos superficiales. Pero nosotros no fuimos a auditar personas. Diseñamos una metodología para auditar procesos y detectar dónde podían existir mejoras“.
La jueza explicó que el trabajo comenzó con una pregunta básica: si el equipo realmente disponía de las herramientas necesarias para cumplir su función.

La primera etapa consistió en relevar oficinas, vehículos, computadoras, sistemas informáticos, licencias del personal, recursos humanos y administrativos. También entrevistó a abogados particulares, defensores oficiales, asesores de familia, colegios profesionales de Psicólogos y Trabajadores Sociales, además de funcionarios del Poder Judicial.

“Había que determinar si existía alguna limitación objetiva que justificara un funcionamiento deficiente. Por ejemplo, si no tenían un vehículo para hacer informes domiciliarios, si faltaban oficinas o si había problemas de personal”.

“El equipo técnico –agregó Nieto- interdisciplinario cuenta, desde hace varios años, con los recursos humanos, materiales y de gestión necesarios para cumplir con las funciones para las cuales sus integrantes concursaron y prestaron juramento”. Es decir, las mejoras no debían buscarse en más infraestructura sino en la forma de organizar el trabajo.

Nieto permaneció durante semanas observando cómo se recibe cada expediente, cómo se clasifica según el riesgo y cómo se decide la estrategia de intervención. “Estuve viendo qué pasa cuando ingresa un caso. Cómo funciona el triage, cómo se evalúa si el riesgo es bajo, medio o alto, cómo se define si se harán entrevistas, visitas domiciliarias o articulaciones con otros organismos”.

Posteriormente seleccionó más de treinta expedientes al azar. “No revisé casos concretos para juzgar decisiones. Utilicé casos testigo para detectar cuáles podían ser los desvíos de funcionamiento y qué consecuencias podían generar”.

Demora que encendió la alarma

Entre los aspectos que más llamaron la atención apareció el tiempo que transcurría entre una denuncia de violencia familiar y la primera intervención efectiva del Equipo Técnico a lo que Nieto explicó el mecanismo: “Cuando una persona denuncia violencia, el juez puede dictar inmediatamente medidas cautelares de protección, como prohibiciones de acercamiento, exclusión del hogar o suspensión del contacto con los hijos”.

Y resaltó que a partir de que esas medidas ya están vigentes, muchas veces el Equipo Técnico programa las entrevistas varias semanas después.

“Cuando el equipo recibe el caso sabe que existen medidas de protección dictadas por el juez y eso genera cierta tranquilidad. Entonces las entrevistas se programan más adelante”. Sin embargo, durante la auditoría encontró situaciones que consideró necesario revisar. “En abril había agendas con turnos hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos”. Por eso una de las primeras recomendaciones apunta precisamente a intervenir antes.

“La sugerencia es que, aun cuando existan medidas vigentes, se haga una intervención temprana para informar rápidamente al juez si esas medidas fueron realmente las adecuadas”.
Según explicó, las medidas judiciales iniciales siempre se adoptan únicamente con el relato de quien denuncia. “El juez toma una decisión urgente para proteger. Pero después necesita la mirada interdisciplinaria para saber si esa decisión fue suficiente, si debe modificarse, ampliarse o mantenerse”.

“El juez solo no alcanza”

La magistrada fue especialmente clara al describir el rol que cumple cada actor dentro del sistema. “Un juez solo, sin la intervención del equipo técnico, no puede resolver adecuadamente un conflicto familiar”. Pero inmediatamente aclaró que tampoco el Equipo Técnico puede reemplazar la función judicial. “El juez es abogado y necesita el aporte de psicólogos y trabajadores sociales. A su vez, el equipo técnico no puede invadir cuestiones jurídicas porque no es juez ni abogado. No puede decir qué resolución debe dictarse”.

Para Nieto, el verdadero desafío consiste en lograr que cada institución cumpla exactamente el rol para el cual fue creada.

Otra de las observaciones más importantes surgió del análisis del funcionamiento del Sistema Integral de Protección de Derechos.

La magistrada recordó que alrededor de una misma familia pueden intervenir simultáneamente escuelas, Servicios de Protección de Derechos, áreas municipales, organismos provinciales, centros de salud, programas de adicciones y el propio Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que muchas veces cada organismo trabaja por separado.

“Al intervenir de manera estanca y no integrada se producen superposiciones, omisiones e incluso revictimización” e incluso ejemplificó situaciones frecuentes. “Puede pasar que alguien diga ‘yo no fui al domicilio porque pensé que ya había ido el Servicio de Protección de Derechos‘, cuando en realidad nunca había concurrido nadie”, ejemplificó.

Por eso una de las recomendaciones centrales consiste en delimitar claramente las competencias de cada organismo y fortalecer la coordinación. Entre las medidas dirigidas específicamente al Fuero de Familia, Nieto también propuso que los magistrados recuperen mayor protagonismo en cada expediente. “El aumento permanente de la conflictividad y la automatización pueden producir un corrimiento de la presencia del juez en el caso concreto”.

Por ese motivo recomendó revisar el denominado criterio de oportunidad. “Los jueces tienen que preguntarse cuántas veces corresponde pedir la intervención del equipo técnico, qué necesitan realmente del equipo y para qué lo están solicitando”. Finalmente la auditoría también detectó diferencias importantes en la distribución del trabajo interno. “Había profesionales con tres entrevistas por día y otros con cinco“.

La propuesta consiste en equilibrar esas agendas para reducir las listas de espera.
“Acortar los tiempos no significa automáticamente mejorar la calidad. Hay familias cuya problemática requiere muchas entrevistas y un proceso prolongado. No podemos medir todos los casos con la misma vara”.

Perspectiva de vulnerabilidad y no de género

Nieto confirmó que el Superior Tribunal ya dispuso la implementación de la totalidad de las recomendaciones formuladas durante la auditoría. Entre ellas aparecen modificaciones en horarios, organización de agendas, criterios de intervención, atención al público y nuevas capacitaciones para todos los operadores judiciales.

Sin embargo, destacó especialmente el cambio de enfoque que propone esa formación. “La capacitación debe hacerse con perspectiva de vulnerabilidad y no solamente con perspectiva de género”.

La jueza explicó que el concepto es mucho más amplio. “Cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y cualquier ciudadano cuyos derechos se encuentren comprometidos”.

Incluso llamó la atención sobre un colectivo muchas veces invisibilizado. “A los adultos mayores muchas veces les pasa lo mismo que a los niños: no los escuchan, no los ven y no se presta suficiente atención a su relato”. Finalmente, sostuvo que el verdadero objetivo de toda la auditoría es mejorar el servicio que recibe la ciudadanía.

“Creo que estas modificaciones van a representar una mejor prestación del servicio de justicia. Lo que buscamos es intervenir antes, coordinar mejor, evitar revictimizaciones y ofrecer respuestas más eficaces a quienes llegan al sistema atravesando situaciones extremadamente delicadas”, resumió.

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