El viernes, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Pablo Tanarro, recibió la cédula de citación para que declare en la Comisión de Juicio Político que lleva adelante la investigación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El funcionario de Alicia Kirchner deberá presentarse el martes y contar cuáles fueron los argumentos del distrito para impulsar la destitución de Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzeti, en el marco de la causa que inició la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional por la Coparticipación.
“…Citarlo a prestar declaración testimonial el próximo 11 de julio a las 13 horas…”, dice la misiva de la presidenta de la Comisión, la diputada Carolina Gallard.
En diciembre del año pasado, el Gobierno santacruceño pidió apartar a los ministros de la Corte Suprema. Con ese reclamo, llevó por segunda vez un escrito para que se aceptara a la provincia como “amicus curiae” en la disputa por los fondos de la Coparticipación. Es decir, que se escuche a la provincia y tuviesen en cuenta los argumentos por la negativa.
Fue luego del fallo con el que la Corte le asignó al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta fondos por $ 2.700 millones, en una medida cautelar por el traspaso de la Policía Federal.
La posición de las provincias era pelear contra el fallo, sin embargo, de forma inconsulta, el presidente Alberto Fernández anunció que cumpliría la decisión y pagaría con bonos, algo que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, definió como un “amague y recule”.
La decisión de la Corte- ampliamente anticipada por el diario Clarín- tiene un impacto directo en el sistema federal de distribución de los recursos porque, además de distribuir a las provincias lo que les corresponde según el índice de Coparticipación, el que con la parte de la torta que se queda financia obras, programas y brinda servicios en el resto del país. Lo que se conoce como la cláusula del progreso.
Si bien Coparticipación es una de las causas del juicio político, los integrantes de la Corte no van al jury sólo porque se afectó a las provincias con su decisión centralistas, dictada por cuatro jueces cuyas residencias y origen se corresponden con Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, sino porque se trató de un fallo en el que se atribuyó competencias del Congreso.
El Poder Legislativo ya había fijado por ley, qué porcentaje de la Coparticipación le correspondía a CABA.
“Resulta evidente que los magistrados tienen directo interés en el pleito, ya que el asiento principal de su vida familiar, social y de sus negocios es la ciudad que hoy se ve beneficiada con un mayor porcentaje de fondos para su desarrollo económico, ello en detrimento de las jurisdicciones provinciales del Estado federal”, decía el pedido de apartamiento de los jueces que hizo Santa Cruz, al que se sumaron cinco provincias más, todas integrantes de la Liga de Gobernadores y Gobernadoras.
El diputado que habló cuatro días
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra la mayor riqueza, produciendo menos que las provincias, y la historia de su surgimiento como capital del país tiene todo que ver con una tradición colonial y nada con una gesta popular.
De hecho, cuando en 1862 el presidente Bartolomé Mitre propuso que la capital de la República se instalase en la Ciudad de Buenos Aires, las provincias no estuvieron de acuerdo y levantaron las banderas de su autonomía.
Entre 1862 y 1880 Buenos Aires fue la capital provisoria y fue con una ley que se establecieron las condiciones en que el Gobierno nacional se convirtió en un “huésped“.
Existía por entonces una liga de doce gobernadores que rechazó la capitalización de Buenos Aires y un diputado, Leandro Alem, quien los días 12, 15, 17 y 24 de noviembre de 1880, dio un discurso con argumentos que fueron, para muchos, premonitorios.
“La Nación no es otra cosa que todas las comunidades políticas llamadas provincias, entrelazadas y ligadas con ciertos vínculos para formar una comarca más poderosa respecto de las de un agente neutral. Esta concepción extrema no responde a las necesidades del Estado moderno, pero indica que la destrucción del sistema federal afecta a las bases mismas del Pacto Constitucional, tal como fue entendido en 1853 en adelante”, sostuvo el hombre que fundó el Partido Radical e hizo de su pensamiento político una lucha contra la “maldita tendencia centralizadora”.
Pero al revés de la actual, aquella Liga de Gobernadores no respondía a los intereses de sus comunidades, sino que era hija de un pacto entre los caudillos y la oligarquía porteña, que logró hacerse de la producción y manejo de industrias en varias provincias que se aferraron al modelo agroexportador que le servía a Inglaterra.
El discurso de Alem en la Legislatura de Buenos Aires habla del Estado nacional en relación a las provincias y una crítica al “centralismo excesivo“, al que responsabilizó de sucesivos fracasos y desgobiernos, pero también de poner en el foco de todo a las demandas populares.
“Es el sistema federal en el que pueden con más amplitud y facilidad, desarrollarse las intuiciones democráticas y el gobierno propio. Es el que mejor responde a las legítimas aspiraciones de las colectividades, y puedo decir, señor presidente, el único que perfectamente armoniza con la naturaleza humana y con su propia dignidad, porque no es verdaderamente meritorio el individuo o el pueblo, sino, cuando vive de su propio aliento, desarrolla por si solo sus fuerzas y carga con las responsabilidades de sus actos”, dijo el segundo día.
En contraposición, “la centralización, además, tiene este gravísimo inconveniente: que como trae todos los elementos y la vitalidad del país a un solo punto, cuando ese punto vacila, cuando hay un sacudimiento, toda la Nación se conmueve profundamente. No tiene fuerzas convenientemente distribuidas; allí está todo, allí está el corazón, allí se da el golpe a toda la nacionalidad“.
En su presentación de fines del año pasado, Santa Cruz menciona que el “desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía nacional, la generación de empleo, el crecimiento armónico de la Nación, la necesidad de equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” se deben a una Coparticipación equitativa.
Le recuerda además a la Corte que “no pueden desconocer la existencia de grupos vulnerables en la provincia que necesitan de la asistencia del Estado nacional, como tampoco puede desconocer que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor ingreso por habitante, con lo que el fallo en cuestión sólo atina a acentuar aún más la desigualdad entre jurisdicciones, afirmando privilegios”.
En enero de este año, la gobernadora Alicia Kirchner le dijo a La Opinión Austral que con esta Corte “no se respeta el federalismo, no se respeta la democracia, ¿a dónde queremos llegar? Se presentó el proyecto de ampliación de la Corte y el Poder Legislativo, lamentablemente, no lo sacó adelante. Creo que lo que sucede es una manera distinta de tirarle negatividad a la democracia, pero en realidad no les interesa la democracia. Y esto es gravísimo. Por eso estoy preocupada, por eso me sumé para presentar este juicio político“.
La decisión del jury fue uno de los puntos que más debate generó en la Liga de Gobernadores y Gobernadoras. Algunos distritos tienen hoy causas tramitadas en el máximo tribunal del país, de ahí a que, pese a haber acordado adherir al pedido de destitución, de buenas a primeras, recularon.
La semana pasada debía comparecer ante Diputados el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, pero no concurrió. Quien explicó la posición del Tribunal en el amparo a favor de CABA fue el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, Joaquín Alperovich.
Indicó ante la Comisión que no le habían dado intervención en el expediente, algo que de alguna manera responde lo que las provincias y la Nación se preguntaron: ¿En base a qué determinó la Corte el aumento de la Coparticipación a la Ciudad? ¿Cuál fue el parámetro?
Para la Liga de Gobernadores y Gobernadoras se trató de un fallo político para beneficiar a Larreta en su campaña electoral, asignándole fondos extra. Esta idea se profundizó cuando, en el marco de la interna a cielo abierto del PRO, se filtraron una serie de chats en los que, a través de su secretario, Rosatti, aparentemente garantizaba que el fallo de la Coparticipación saldría como finalmente salió.
Vale recordar que los cuatro ministros dictaron una cautelar a favor de Larreta, pero todavía no resolvieron la cuestión de fondo, cuyo expediente está en el despacho de Rosatti.
Si se resuelve definitivamente a favor de CABA- como también ya anticiparon los medios hegemónicos- el dinero que no ingrese a Santa Cruz equivaldrá a, por ejemplo, 27 obras como el acueducto para resolver el abastecimiento de agua en Caleta Olivia y plantas de agua potable en Río Gallegos, 37 interconectados El Pluma- Perito Moreno- Los Antiguos o 14.800 viviendas casa propia y hasta 13,5 veces el pago de la totalidad de los salarios de la provincia.
El proceso de la Comisión continuará el martes, cuando además del fiscal de Estado de Santa Cruz, expongan como testigos Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA) y exsecretaria de provincias; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de la Ciudad; Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la CSJN, y fiscales federales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.
Lo cierto es que a un siglo y cuatro décadas del discurso de Alem, resulta cuanto menos curioso que quienes hoy defienden con uñas y dientes los intereses del jefe de gobierno porteño en esta disputa judicial, pero que en realidad es de la política, sean integrantes de la Unión Cívica Radical, y lo que es más llamativo, tengan representación conferida por el voto popular en provincias.
Podría ser el ejemplo más concreto de cómo se comporta el poder, cuando vacía a la política de cualquier dimensión ideológica y que tracciona en espiral, concentrando.
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