Casi 15.000 presos por venta de drogas podrían solicitar la libertad condicional

A fines de 2023, un total de 14.584 personas estaban detenidas en todo el país por delitos vinculados a la venta de drogas, de acuerdo a los últimos datos oficiales. Estas personas podrían solicitar que se les aplique el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inconstitucionales las normas que le impiden a ese tipo de presos no poder acceder a la libertad condicional. Sin embargo, esa resolución no garantiza que todos ellos obtengan el beneficio de manera automática.

La cifra oficial, provista por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), muestra que a fines de 2023 había 14.584 personas detenidas por violación a la Ley 27.737 de estupefacientes. Este número se encuentra por debajo de los encarcelados por delitos como homicidios dolosos (15.043), delitos sexuales (22.355) y robos o tentativas de robo (40.336).

Ahora, quienes figuran en esta estadística podrían solicitar en sus expedientes que se les aplique el fallo que por mayoría dictó la Sala de Feria de la Cámara de Casación, que estableció que es inconstitucional el artículo del Código Penal de la Nación y el de la ley de Ejecución Penal que establecen que los condenados por delitos de narcotráfico no pueden acceder a la libertad condicional.

Según difundió Infobae, este criterio se estableció por una reforma de 2017 del Congreso de la Nación en lo que se conoció como “ley Petri”, por el actual ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. De esta manera, se fijó que los condenados por delitos graves no podían acceder a la libertad condicional, es decir: los casos de narcotráfico, secuestros, delitos sexuales, homicidios agravados, torturas, financiamiento del terrorismo, entre otros.

No obstante, por mayoría, la Sala de Feria de Casación consideró que dicha restricción violaba el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. De acuerdo a los jueces, se crea una disparidad de trato entre los detenidos por venta de drogas y aquellos condenados por otros tipos de delitos, afectando también el proceso de resocialización.