Luego de meses de estudiar el expediente iniciado en el Tribunal Superior de Justicia, los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento escucharon ayer en audiencia a las juezas acusadas de haber intentado la adopción de una bebé, haciéndole trampa al sistema.

El jury fue solicitado en el mes de abril por el procurador de Santa Cruz, Ricardo Napolitani, en lo que constituyó un claro mensaje hacia todo el Poder Judicial.

Se trata de la jueza del Menor de Caleta Olivia, Angélica Zari, su colega de Familia, María del Rosario Alvarez, y la del Civil, Malena Totino, acusadas de haber planificado la entrega en guarda y adopción de una bebé por nacer a la primera de ellas, que tenía pocas semanas inscripta en el Registro de Adoptantes.

El caso se ensombrece con la presunta participación de la hermana de Zari, que entonces era directora del hospital de la ciudad de El Gorosito, donde finalmente el 22 de febrero nació la bebé, a la que no le permitieron tener contacto con su madre, que al momento de la gestación era menor de edad.

El presunto ardid fue detectado por la titular del Registro Unico de Adoptantes, Silvia Manríquez, que les comunicó a los vocales del Tribunal Superior que desde el Juzgado de Familia estaban solicitando el expediente de Zari para avanzar con la adopción.

Esto provocó que interviniera la Secretaría de Niñez de la provincia, que más tarde advirtió que las juezas no habían puesto en conocimiento al área municipal de Niñez, dato clave para que solicitaran la nulidad de todo y tras cartón, presentaran la denuncia penal.

El caso que reviste suma gravedad institucional se dirime en dos vías, la penal, que tiene al juez de Instrucción Cimini Hernández y al fiscal Carlos Borges investigando a las tres juezas por abuso de autoridad y asociación ilícita, y la dimensión administrativa, que, bajo la figura de un jury, dirá si las magistradas están en condiciones de seguir siéndolo o acaso deben ser expulsadas del Poder Judicial.

 

El tribunal del jury está integrado por la jueza Reneé Fernández, el diputado José Blassiotto y la abogada Florencia Moreira, que ayer escucharon a los testigos del Ministerio de Desarrollo, que es querellante en la causa, y a las juezas Alvarez que acudió junto a su abogado, el ex gobernador Sergio Edgardo Acevedo, en tanto que Zari lo hizo junto a Carina Resgenburger.

Sin embargo, sus explicaciones no surtieron efecto, al menos no para el fiscal Iván Saldivia, que solicitó la destitución de las dos por “desconocimiento del derecho e inmoralidad”.

Se las acusa de haber planificado la entrega de la niña por nacer, sabiendo todas que existían, en el Registro de Adoptantes, personas con mayor antigüedad y que contaban con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley.

 

Pero eso no es todo, porque la mamá de la bebé tenía 17 años al momento del embarazo, cuando en un control ginecológico, una profesional le sugiere que dé a la bebé en adopción, y más tarde, la derivan al hospital caletense.

Ella declaró que cuando su hija nació no les permitieron tener contacto, que una de las involucradas le mostraba fotos de la casa de Zari para que comprendiera que la bebé iba a tener un mejor pasar.

La familia de la joven, que tras la denuncia reclamó judicialmente a la bebé, que había estado más de un mes internada en el hospital caletense sin razón médica alguna, nunca había sido consultada por las juezas si acaso querían hacerse cargo de la nena.

Por otra parte, vale mencionar que, si bien Totino no está sometida al jury, sí está involucrada en la causa penal, en tanto que el defensor público Walter Martínez, forma parte del proceso, aunque para él, no se solicitó su salida.

Todas las juezas están suspendidas desde el mes de mayo.

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