Se trata del caso que, el año pasado, conmocionó a la opinión pública y generó un cimbronazo en el Poder Judicial, con el intento de adopción de una recién nacida que iba a ser entregada a una jueza con la ayuda de dos de sus colegas.

Todo comenzó cuando una joven menor de edad, que estaba siendo abordada por el Juzgado de Familia caletense, que llevaba adelante María del Rosario Álvarez, contó que estaba embarazada. La joven, en situación de pobreza y con una conflictiva familiar, parió a su beba en el hospital de Caleta Olivia, cuya directora era la hermana de la jueza del Menor, Angélica Zari, que acababa de inscribirse en el Registro Único de Adoptantes.

El ardid se detectó cuando la responsable de ese registro advirtió al Tribunal Superior de Justicia que las magistradas presionaban para que aceleraran los tiempos, sin tener en cuenta que antes que Zari había decenas de familias en lista de espera.

 

Angélica Zari, jueza destituida.

Después de que la secretaria de Niñez, Alejandra Shanahan, hiciera una denuncia en la fiscalía caletense, el expediente se paralizó y fue entonces cuando se descubrieron los detalles de la maniobra: la beba había nacido el 22 de febrero y estuvo más de un mes como NN en una cuna de Neonatología, con el rótulo de “Malena”, internada sin indicación médica. Su madre nunca expresó su decisión de darla en adopción, es más, cuando nació pidió verla y no se lo permitieron. Incluso le cortaron la lactancia con medicamentos. Además, jamás se le había comunicado al padre biológico que tenía una hija, entre otras circunstancias que derivaron en que la joven pidiera la inmediata restitución.

Pero en el caso intervino una tercera jueza, Malena Totino, del Civil, quien logró sortear el jury al que sometieron a Zari y Álvarez, que en agosto terminó con sus destituciones.

 

Totino está acusada de “ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente”, “repetición de excusaciones inmotivadas o intervención indebida en caso de excusación obligatoria, habiendo mediado recusación” y “desobediencia a las órdenes legítimas de sus superiores”.

En septiembre de 2019 -cuando ya sus colegas habían sido destituidas-, Totino se reintegró a sus funciones de jueza después de haber presentado carpetas médicas de forma sistemática, lo que permitió que el TSJ siguiera adelante con el trámite del jury.

El Tribunal de Enjuiciamiento está conformado por la vocal Reneé Fernández, en representación del TSJ; la diputada Laura Hindie, que representa al Legislativo, y por la abogada Celeste Moreira en representación de los abogados y abogadas de la matrícula.

Sin embargo, llegar a la decisión que se tomó ayer para suspenderla en sus funciones no fue tarea sencilla, ya que la jueza acusada realizó un total de seis presentaciones para dilatar el trámite. Por ejemplo, recusó a las tres integrantes del Tribunal de imparcialidad, a una por ser su amiga y que entonces iba a intentar ayudarla. Esto hizo que debiera conformarse un nuevo tribunal, encabezado por la presidenta del Poder Judicial, Paula Ludueña Campos, el diputado Martín Chávez y la abogada Marcela Castro Dassen, quienes no dieron cabida a sus argumentos.

Finalmente, ayer en horas de la tarde las tres integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, en una extensa resolución, decidieron -por unanimidad- suspenderla en sus funciones hasta tanto dicten sentencia.

 

La jueza Reneé Fernández entendió que existían razones suficientes “para suspender en el ejercicio de sus funciones a la Dra. Malena Kareen Totino Soto, toda vez que las particulares circunstancias del caso así lo imponen”.

Laura Hindie, por su parte, dijo que “se verifican motivos suficientes para suspender… en razón de que los hechos indicados podrían llegar a afectar la legitimidad del desempeño de la enjuiciada en desmedro de las instituciones republicanas…”.

Finalmente, Moreira estimó que estaba bien suspendida, dadas “la naturaleza y gravedad de los hechos que surgen de la acusación” y porque los ciudadanos y ciudadanas “deben gozar de un servicio de Justicia libre de toda sospecha respecto de la conducta de quienes juzgan sus cuestiones…”.

Así las cosas, se espera que en los próximos días se remitan las actuaciones al fiscal y luego se realice una audiencia de prueba y otra de debate. En tanto, el Tribunal tiene 60 días, a partir de hoy, para dictar sentencia.

Sin embargo, es poco probable que Totino no sea destituida, en función de la gravedad del caso que violó todo lo que supone el Código Civil para la adopción, anteponiendo el deseo a la maternidad por sobre el derecho superior de niños y niñas a tener una familia.

No por ser pobre

El caso de las tres juezas es histórico para el Poder Judicial de la provincia, que pocas veces, casi nulas, puso a uno de los suyos en el banquillo. Se trata de un entramado que pone el foco en la vulneración de derechos ejercida por un grupo social con privilegios en contra de otro muy desprovisto de tantas herramientas como es el de las mujeres jóvenes en situación de pobreza.

 

María del R. Álvarez, destituida.

Sólo con leer la testimonial de la mamá de la beba se llega a esa conclusión: “Estoy embarazada de seis meses y medio y lo quiero dar en adopción por motivos económicos, porque no lo puedo cuidar. Porque somos muchos en mi casa. Si tuviese plata o la casa más grande, sí la cuidaría. Sé quién es el papá, pero no quiero decirlo porque ya no somos pareja, no lo veo desde agosto. El papá del bebé me ayudaría, pero no estaríamos juntos, él lo dijo en el momento, pero no trabaja y no terminó la escuela. Eso y lo de mi familia me angustia, si tuviera una familia contenedora la tendría, ahora ellos están en problemas y uno más, se complica”.

El punto que fue y seguirá siendo el talón de Aquiles de cualquier defensa para las magistradas destituidas y la propia Totino es ¿por qué no dieron intervención a las áreas de Desarrollo Social o de Niñez para que asistieran a esa mujer y la ayudaran a llevar adelante su maternidad?
Y si esta no era deseada, ¿por qué le ocultaron la existencia de la beba al padre y al resto de la familia?

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