Por Raúl Figueroa

El asesor presidencial en materia energética y uno de los hombres fuertes de la Secretaría de Energía de la Nación, Ariel Kogan, dijo durante una reciente conferencia pública que quienes plantean su oposición a la ley de Incentivos de las Inversiones en Hidrocarburos lo hacen por “una lectura sesgada y tiene que ver con los lobbies”.

También refutó las críticas del Gobierno de Neuquén a la iniciativa, que podría tratarse antes de fin de año en el período de sesiones extraordinarias.

“No hay una lectura correcta de la intención del proyecto”, expresó Kogan al exponer en el ciclo de charlas organizado por MEGSA (Mercado Electrónico del Gas Sociedad Anónima), cuando el moderador le consultó por las críticas que ha recibido el proyecto hasta ahora.

Kogan respondió a las críticas que realizó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

La conferencia “Hablemos de Política Energética” se desarrolló el 5 de noviembre último y se prolongó durante más de una hora, en la que el funcionario nacional desglosó los objetivos en lo que trabaja el área que conduce Darío Martínez, centrándose principalmente en la discusión sobre la ley de inversiones y los beneficios del Plan Gas.Ar.

Se espera que el Congreso pueda estar aprobando la norma antes de fin de año

“La mayoría de los gobiernos provinciales respalda la ley, aunque hay un debate público amplificado por el gobernador de Neuquén y ahora se ha sumado también el exmandatario”, dijo en referencia a los cuestionamientos de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag.

La mayoría de los gobiernos provinciales respalda la ley en debate

Para Kogan, “hay una lectura sesgada que tiene que ver con los lobbies, que son muchos”, al tiempo que aclaró también que “la mayoría de las empresas, con YPF a la cabeza, avala el proyecto, salvo en algún caso que trata de lograr un beneficio adicional y está en su derecho, pero las pymes y los gremios respaldan la iniciativa”.

En relación a los planteos desde el Gobierno de Neuquén, Kogan consideró que “parten desde una visión equivocada”, ya que el proyecto no busca modificar aspectos de la ley de hidrocarburos ni las potestades de las provincias, sino que al establecer beneficios e incentivos de carácter impositivo, como baja de aranceles o libre disponibilidad de una parte de las divisas generadas, hay definiciones que competen al Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación.

“Sólo hay dos modificaciones a la Ley 17.319 -precisó-, y una tiene que ver con la novedad de posibilitar el almacenamiento subterráneo de gas, que estarán sujetas a concesiones al igual que otros aspectos del régimen de hidrocarburos (vinculado a la producción y transporte). Esto es a pedido de algunas provincias que ya tienen proyectos en marcha. Y el otro cambio es en el artículo 90, que lo único que hace es aclarar el nuevo nombre de la Secretaría de Energía de la Nación. Pero de ninguna manera (y esto es una indicación expresa del presidente Alberto Fernández) el proyecto busca menoscabar las jurisdicciones provinciales ni superponerse” con la ley corta de hidrocarburos, que reconoce el dominio originario de los recursos a los estados provinciales.

Este debate será anécdota cuando se incrementen la producción y las exportaciones

De todos modos, Kogan aclaró que no habrá inconvenientes en modificar algunos artículos menores que puedan dar margen a alguna interpretación de fiscales de Estado en torno a una contraposición con las autonomías provinciales.

“No hay inconvenientes en modificar o aclarar, pero no entendemos la rebelión encabezada por provincias productoras, para nosotros es un debate secundario y no hay ninguna intención de pasar por sobre las provincias”, añadió el expositor.

Línea basey abastecimiento

En cuanto a los cuestionamientos desde algunas empresas, el funcionario nacional detalló que “la crítica pasa por la línea de base que se toma como punto de partida, a partir de la cual se empieza a considerar la producción incremental”. Es decir, la referencia a partir de la que se cuenta cada barril de petróleo o metro cúbico de gas en forma adicional para ingresar dentro del paquete de estímulos fiscales.

“Si hubiera habido un período de normalidad productiva, esa línea sería muy clara, pero no la hubo -añadió el asesor presidencial-: en 2019 se generó una parálisis por las decisiones que tomó el gobierno de ese momento y en 2020 tuvimos la pandemia. Es válido que algunos pretendan una línea de base más baja para lograr una entrada en producción incremental que les permita mayor exportación con los beneficios de la ley, pero la política energética del gobierno y sus leyes tienen que ver por el interés general”.

Kogan fue más allá en el debate con operadoras sobre las condiciones para ingresar al programa de beneficios, al enfatizar que “en cuanto se baje línea de base, se pone en riesgo el abastecimiento interno, porque generaría más exportación”.

En cambio, dijo que la meta del Gobierno es que en primer lugar se abastezcan las refinerías del país con petróleo argentino y luego se exporten los excedentes.

“Quedará en la anécdota este debate cuando empiecen a incrementar producción y exportaciones distintas operadoras. Ahora hay intereses contrapuestos entre operadoras integradas y no integradas que chocan con refinerías. Ni hablar de las provincias productoras, que tienen sus sistemas tributarios y a las que las operadoras piden que disminuyan los Ingresos Brutos y las provincias no aceptan ese planteo. Y los trabajadores tienen también intereses propios”, describió el funcionario nacional para explicar el cruce de discusiones que atraviesa al proyecto.

“Las pymes regionales tienen también reivindicaciones y planteos respecto al porcentaje de participación de las empresas nacionales que producen bienes y quieren que se importen menos productos: es difícil que todos se pongan de acuerdo y en algún momento hay que tomar una decisión. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Alberto Fernández”.

Al abordar los altos precios de productos energéticos en el mundo, señaló que Argentina no está exenta de esa potencial crisis, pero “tenemos el plan Gas.Ar que impide que tengamos que hacer importaciones en invierno”, pero indicó que el impacto de esas compras externas se verá atenuado.

En ese marco, recordó que el millón de BTU para el GNL (gas natural licuado) se ubica en 17 dólares, contra los 8,5 dólares que se pagaron en promedio por unidad durante este año, mientras que el gasoil se ubica en 17 dólares por unidad equivalente para la generación térmica, contra los 12 que se pagaron este año.

La meta del Gobierno es que en primer lugar se abastezcan las refinerías del país con petróleo argentino y luego se exporten los excedentes

“Los 3 millones de metros cúbicos adicionales que estamos sumando con la tercera ronda del Gas.Ar nos ayudarán a mitigar el impacto, aunque lo vamos a tener igual que todo el mundo hasta tanto podamos ampliar la capacidad de transporte que nos permita cubrir esta necesidad de importar combustibles alternativos”, valoró.

Luego enfatizó que el presidente Fernández ha dado directivas para que este tipo de políticas apunte a soluciones de largo plazo y no sólo a beneficios de “una sola temporada”.

Combustibles y tarifas

Sobre el precio de los combustibles, Kogan dijo recordar que el precio del crudo en el país surge de la libre oferta y demanda entre operadoras, con las particularidades del país en cuanto a empresas integradas, una de ellas de la magnitud de YPF y su participación estatal.

“Cuando se discutió la el proyecto de ley de inversiones, la mayoría de las empresas estuvo de acuerdo en que no se modificara lo que establece la Ley 17.319 en esta materia de precios del crudo, si bien algunas planteaban la posibilidad de tener un horizonte más claro en cuanto a establecer un mecanismo que dé previsibilidad, pero las productoras y las provincias plantearon que esto no debía tocarse y, de hecho, no hay ningún cambio en ese aspecto”.

Más producción, autoabastecimiento y más exportación es el objetivo final de la norma.

En relación al tema tarifas, señaló que la indicación del presidente y su vice Cristina Fernández es que los precios de la energía resulten accesibles al usuario y acordes al desarrollo de la industria, por lo que han planteado que “el sendero de precios debe estar siempre por debajo del aumento de los salarios y de los ingresos que tiene el consumidor. También se ha planteado la herramienta de la segmentación, con uso de la big data para identificar a aquellos consumidores que necesiten acceder a los subsidios y diferenciar a los sectores que puedan pagar el costo, limitando su acceso al subsidio”.

Finalmente, bromeó el funcionario, “si esperaban que yo les diga a cuánto va a aumentar la electricidad o el gas o cuál será el precio de la nafta en surtidor, lamento no estar a la altura de esa expectativa”, concluyó.