“No sé si antes del 31 de enero, pero lo vamos a resolver como todo lo que nos ha dejado la gestión anterior”, disparó tajante el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, a La Opinión Austral.

La respuesta obedeció a cómo marchan las gestiones estatales ante la problemática del transporte urbano de pasajeros que una vez más- transita horas cruciales en la ciudad capital de Santa Cruz.

Los choferes de corta distancia esperan el pago del acuerdo paritario. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el acuerdo sellado en el Juzgado de Primera Instancia de Río Gallegos -en noviembre de 2020- Maxia S.R.L. cedió hasta el 31 de este mes un total de doce unidades: siete en comodato y cinco alquiladas, cada una por un valor aproximado de $ 120 mil.

Este intercambio ante el Municipio capitalino fue alcanzado en el marco de las “audiencias conciliatorias” ante la Justicia local, luego que las partes por común acuerdo decidieron romper el contrato en marzo de 2019- a menos de un año del desembarco de la empresa.

Pero las dificultades fueron en ascenso luego que el pasado cuatro de diciembre quedó desierto el segundo llamado a licitación pública. Se trata de una constante que la capital santacruceña enfrenta desde los días en que Héctor “Pirincho” Roquel estaba a cargo de la Comuna.

Por deuda salarial, los choferes se declararon en “estado de alerta” en Río Gallegos

¿Qué sucederá después del 31 de enero?, se preguntan los pasajeros del ramal E, única línea en servicio por estas horas que transporta a los usuarios del Bº San Benito, Ayres Argentino, entro otros. Una de las alternativas es extender la permanencia de Maxia hasta que desembarque una nueva empresa. Así, al menos lo deslizó la representación legal de la empresa meses atrás. Pero quedará sujeto a un nuevo acuerdo.

Negociaciones

“Buscamos una empresa para que se instale en la ciudad, hay diálogo con dos compañías”, repitió Grasso al referirse a los conceptos ya dado a conocer al cierre del pasado año por integrantes de su gabinete municipal.

En esta sintonía, precisó a La Opinión Austral que la apuesta y objetivo de su gestión es “tener un servicio que defienda a la gente y que no sea un curro del gobernante de turno”.

Pablo Grasso aseguró que el servicio no debe ser “un curro” para el gobernante de turno

De esta manera, hizo una claro reproche al contrato que rubricó la gestión de Cambiemos del exintendente Roberto Giubetich con Maxia S.R.L. De hechos, las disputas económicas entre las partes fue el desencadenante para que la compañía cumpla uno de los cinco años de contrato.

En esta sintonía, el jefe comunal aseguró que en los poco más de doce meses que está al frente del Municipio se “cansó” de aquella compañía con sede en Caleta Olivia: “Todo este tiempo fue un manoseo absoluto, poníamos plata y la gente viajaba cada vez peor”.

Se resolverá

Más adelante, Grasso no dudó que el transporte será resuelto como lo “hicimos con cada dificultad económica que dejó la gestión anterior”; “la repartija de tierras que se las dieron a todos sus amigos, entregaron 1500 terrenos antes de irse entre octubre y diciembre”.

Tampoco dejó de lado la incorporación de “mil empleados entre noviembre y diciembre (2019) para que nos hagamos cargo”; “un 5% de aumento para que paguemos nosotros en diciembre y una masa salarial que era de 170 millones y la llevaron de un mes al otro en 240 millones”.

UTA

Por su parte, Rubén Aguilera, secretario general de la Unión Tranviario Automotor (UTA) adelantó a La Opinión Austral que este jueves dictó el “estado de alerta y movilización”.

La entidad sindical inició en aquella jornada el reclamo formal al Ejecutivo Municipal para que “cancele la deuda del último mes que se acordó en paritarias”, buscando evitar que “se acumule el beneficio salarial con el del mes actual.

El 27 de noviembre de 2020, la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la Unión Tranviario Automotor además de la representación política de municipios y provincias- sellaron una suba del 30 % a partir de septiembre de 2020, además de una gratificación de $ 20 mil para cada trabajador.

En Río Gallegos solo funciona el Ramal E del servicio del transporte de pasajeros

En otro orden, desde la entidad gremial dieron a conocer a La Opinión Austral que de las dos empresas que hoy dialogan con la intendencia “una brinda un servicio muy bueno”.

Buscando garantizar la continuidad de la prestación esencial y el sostenimiento de los puestos de trabajo, la Unión Tranviario hizo conocer a esas dos firmas que el Municipio se encuentra licitando el servicio.

Hasta aquí, el Municipio había dado a conocer que la próxima concesión está prevista que sea por un periodo de ocho años. “Buscamos otorgar el plazo suficiente a la parte privada para que recupere el capital invertido, somos conscientes que nadie invertirá si proponemos cuatro años, para luego analizar lo que sucederá hacia adelante”, había señalado meses atrás el secretario de Hacienda, Diego Robles.

Por ahora, la intendencia cuenta con poco más de 20 días para resolver uno de los problemas permanentes que afectó a Río Gallegos.