En Río Gallegos los últimos 30 días sucedió una serie de acontecimientos, en apariencia aislados. El incendio de un galpón que generó la pérdida de unos $ 40 millones; días después fue destrozada la base de una pyme local, y el hecho más llamativo es el episodio que se registró de 22 disparos contra una vivienda del B° APAP.

La Opinión Austral siguió de cerca estos acontecimientos de marcada violencia. En la opinión pública quedaron un sinfín de especulaciones y dudas que hasta aquí no fueron resueltas, generando temor ante los inexplicables hechos que sucedieron en plena vía pública.

 

 

Preguntas como ¿qué esconden los actos y quiénes son los responsables?; ¿quiénes son los que deciden llevarlos a cabo?; ¿qué intereses los mueven?; ¿será cierto que haber actuado certeramente en el primer hecho de la escalada de violencia hubiera prevenido los restantes?

Con la misión de descifrar lo sucedido, La Opinión Austral mantuvo un encuentro con cinco empresarios pymes que, al amparo de la luz pública, aseguraron estar presos de crecientes temores por su integridad física, la de sus familiares y sus patrimonios.

Se mostraron en plena sintonía con lo declarado en LU12 AM680 por el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke, que alertó: “En un principio consideramos que un despedido en las empresas de transporte de las Represas quiso hacer daño y se le fue de las manos”, pero a medida que la violencia creció “comprendimos que no se trataba de hechos fortuitos”.

Quienes denuncian violencia en su contra -con sello mafioso– tienen historias similares. Se trata de empresarios pequeños, todos santacruceños, dedicados al transporte de personal. Otra coincidencia es que los damnificados poseen contratos con la UTE Represas Patagonia. De las 9 pymes que trabajan en la obra más grande de la Argentina, 4 están en conflicto con la UTA Santa Cruz por nueve despidos: Universo SRL, Patagonia Express S.A, Destino Sur S.A y CMC SRL.

En un terreno de absoluta incertidumbre y con un gran temor por lo sucedido, los empresarios lograron mantener “reuniones con autoridades del Gobierno Provincial”. Sin embargo, aseguran que las investigaciones judiciales los dejan librados al acecho de ataques, por lo que temen por sus vidas.

Alejandro Mendoza, uno de los propietarios de Destino Sur S.A, dijo a La Opinión Austral: “Yo o un familiar mío podemos aparecer muertos”, si eso sucede “hago responsable a la UTA”.

Alejandro es el propietario de la vivienda del B° APAP (Las Heras al 100), el 4 de mayo último, el inmueble recibió 22 disparos de arma de fuego. Presume que “hay una red de complicidades” que no permite que las investigaciones den con los responsables.

Para alcanzar la certeza y la verdad de lo sucedido los empresarios piden que las causas se unifiquen y se abra una sola investigación. Se recuerda que la jueza de Instrucción Rosana Suárez está a cargo de las averiguaciones por el incendio del galpón, mientras que la magistrada Marcela Quintana investiga el suceso del B° APAP.

Al cierre de esta edición, la Policía realizaba tres allanamientos en B° Madres a la Lucha y B° Municipal. Hubo al menos cuatro personas detenidas, sospechadas de ejercer violencia contra los empresarios. También fueron requisados varios vehículos.

 

 

“Me siento inseguro”

Miguel Fabrello, propietario de Patagonia Express S.A, decidió contar este sábado a La Opinión Austral que desde el 2015 realiza cambio de turnos y transporte de personal en la UTE Represas Patagonia.

“Los inconvenientes con la UTA comienzan cuando nueve chóferes se retiraron de las Represas sin avisar”, recuerda Fabrello, dando cuenta que la huida se dio en el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández contra el Covid-19. “Me llamaron desde la UTE preguntándome porqué autoricé la salida de la unidad, pero yo estaba en absoluto desconocimiento de la situación”, indicó. Para buscar una salida efectuó una exposición policial y fueron detenidos en Güer Aike.

“Se trató de una acción temeraria del personal, por lo que días después eran todos despedidos”. Tres de los cesanteados pertenecían a Patagonia Express.

Dos semanas después, el tres de abril, “intencionalmente me prenden fuego el galpón”, relata Fabrello a La Opinión Austral, visiblemente acongojado. Estaban resguardados tres colectivos, tres sprinter y un auto, además de otros bienes. “La pérdida fue de unos $ 40 millones, allí se consumió el trabajo de 28 años”.

“La denuncia la radiqué en la Comisaría Séptima, la Fiscalía y no hay novedades después de un mes”, dijo. Aseguró que “si bien es cierto no tenemos pruebas, hay una serie de acciones que tienen correlato con daños a otras empresas y los disparos en la casa del empresario”.

 

 La Policía de la Provincia logró detener a cuatro personas en los allanamientos

 

“Puedo aparecer muerto”

Alejandro y Ariel Mendoza son hermanos y los responsables de Destino Sur S.A, otros de los empresarios que contaron su verdad de los hechos a La Opinión Austral.

“El lunes 4 de mayo a las 20:00 estaba mi familia en mi domicilio y dispararon 22 veces contra mi casa”, recuerda Alejandro con una mirada fría. Entrelazando los hechos relatados, aseguró que se “trata de un apriete. Primero incendian el galpón de mi colega, después rompen la base donde funcionan nuestras oficinas a pesar que las tenemos con alarmas y cámaras”. Un detalle escabroso: “Se trata de personas temerarias, sabían que eran filmados y saludaban a las cámaras”, aseguró.

“Estamos hablando que el Gobierno, la Justicia y la Policía se mueven poco y nada. Hay complicidad y estamos en una zona liberada. Podrían habernos matado a cualquiera. Yo llegué treinta segundos después de los disparos, sino me hubieran tiroteado a mi camioneta”, explica el hombre de 40 años aproximadamente.

 

En los tres allanamientos se secuestraron armas de fuego, fajos de dinero y drogas. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

 

“Mi vida y la de mi familia corren peligro”, asegura Alejandro a La Opinión Austral y percibe que no se trató de una simple amenaza o un aviso mafioso, sino que “dispararon para hacer daño, los impactos fueron en una ventana y estaba mi familia dentro de la vivienda”.

Denunció que soportan acciones hace mucho tiempo, pero que “en un país normal no deberían ocurrir, como que los chóferes rompan intencionalmente un colectivo, pero ahora fueron más allá y se metieron con mi familia, por eso salgo a hablar y a denunciar públicamente”, deslizó.

 

Los allanamientos se realizaron en simultáneo. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

 

Alejandro se mostró convencido que el diálogo con La Opinión Austral “generará ruido”, e indicó que en caso que sucedan hechos similares responsabiliza a “Aguilera, Jara y Fernández, la conducción de la UTA Santa Cruz. Ellos serán los responsables si a mi familia o a mi nos sucede algo”.

Para uno de los propietarios de Destino Sur S.A “hay omisión de la Justicia, tenemos un galpón quemado y un tiroteo a un domicilio y no se sabe nada. Tanta impunidad puede haber en Río Gallegos, aquí hay una red de complicidades”, insistió.

Con marcada preocupación pidió al Estado “hacer algo” y repitió que su integridad física está en peligro. ¿Qué tengo que hacer, andar armado?, se preguntó. Además, marcó que se reunió con el ministro de Seguridad de Santa Cruz (Lisandro de la Torre) y autoridades policiales: “Están trabajando, pero con lentitud”.

 

Pedimos que la Justicia actúe con rapidez

 

En tanto, su hermano Ariel contó que desde el 2015 trabajan para las Represas y “los reclamos laborales se solucionaron con las leyes, pero esto es otra cosa”. “La UTA sabe que hizo mal en romper el Decreto Presidencial del aislamiento y ahora buscan vía Carta Documento que reincorporemos a los despedidos”, asegura el empresario para dar cuenta que cada hecho de manifiesta violencia está “destinado a que demos marcha atrás con las decisiones que tomamos”.

Asimismo, consideró que en caso que la Justicia hubiera “capturado a los responsables del incendio del galpón, no hubieran disparado contra la casa de mi hermano”.

Al concluir con sus testimonios, la familia Mendoza dejó en claro que hoy cuentan con consigna policial.

 

Imposiciones

Ricardo Schroder, dueño de Transporte Dos Lagos, es otro de los que dejó atrás la sombra y habló. Dio cuenta que desde 1986 realiza transporte para petroleras, mineras, turismo y desde el 2015 con la UTE Represas Patagonia.

“Estoy preocupado”, fue la primera expresión, y explicó que si bien no ha sido blanco de hechos de violencia ha tenido algunas diferencias con el gremio que representa a los conductores.

“Hace dos años UTA nos impuso nombrar los chóferes que ellos querían”. Las imposiciones le trajeron aparejados otros inconvenientes debido a que tenía contratado personal que trabajaba con él hacía 12 años.

“Tuve que despedirlos y tomar los que la UTA me indicó”, relató la tarde del sábado a La Opinión Austral.

 

Pedimos trabajar y vivir en absoluta paz

 

“Comenzamos con problemas porque no se les liquidaban bonos que no estaban homologados. Además, cuando asumió el presidente Alberto Fernández se llevaron dos chóferes sin autorización a Buenos Aires. Día que no trabajamos no lo facturamos, sin embargo debemos pagar el sueldo completo”, expresó.

Lejos de padecer la violencia que sufrieron sus pares, tuvo que pedir custodia policial. “En mi caso, cuatro personas que transitaban en una camioneta se acercaron a la base de mi empresa y molestaron al sereno”.

Radicó una denuncia por “amenazas” y le fue otorgada la custodia policial para resguardar a los serenos.

 

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