RECHAZAN AMPARO DE REYES Y ROQUEL

En la emergencia, deberán esperar los pedidos de información pública

Diputados de la oposición fueron a la Justicia para conocer detalles de los gastos de un ministerio en el marco de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la respuesta fue el rechazo con un argumento que aplica a cualquier solicitud similar.

Por La Opinión Austral


La diputada nacional Roxana Reyes y el diputado provincial Daniel Roquel realizaron una serie de pedidos de acceso a la Información Pública, mediante los que buscan conocer de qué manera el Gobierno de Alicia Kirchner orienta los gastos durante la pandemia de COVID-19.

Uno de ellos fue presentado ante el Ministerio de Seguridad, pero como no obtuvieron respuesta decidieron, con el patrocinio del ex vocal por la oposición en el Tribunal Cuentas, Javier Stoessel, llevar las cosas a otro plano y exigir los datos con un amparo.

El mismo fue llevado ante los estrados del juez civil Francisco Marinkovic, a quien le pidieron que ordenara al ministro Lisandro de la Torre “que en el término de 48 horas informe sobre los puntos oportunamente solicitados, bajo apercibimiento de considerar su conducta como incumplimiento de una orden judicial”, fijándole multas de $ 10.000 por cada día de incumplimiento.

El pedido de Acceso a la Información Publicafue presentado en Mesa de Entradas de ese ministerio el 21 de abril, en plena pandemia, cuando ya regía la emergencia sanitaria y social decretada por el Gobierno de Santa Cruz.

Entre otras cosas, los diputados de Cambiemos querían conocer sobre las contrataciones y adquisiciones realizadas en el marco de la emergencia, incluso tipos de producto que se compraron con detalle de “peso y medida”, para tener conocimiento “sobre la correcta administración de los fondos públicos, y en particular y concreto, del gasto que se está realizando para la atención de la emergencia”, argumentaron Roquel y Reyes.

Cuando solicitaron la habilitación de la feria judicial extraordinaria, el fiscal Fernando Basantadijo que el amparo no era la vía para este reclamo y más tarde, Marinkovic fue en esa misma sintonía.

La Ley de Acceso a la Información Pública establece que deben transcurrir no más de diez días entre el pedido de información y la respuesta de los organismos del Estado.

Sin embargo, lo que al parecer no tuvieron en cuenta los legisladores fue que la vigencia de la emergencia incluye la suspensión de todos los plazos administrativos. Y que esto aparece en todos los decretos que firmó Kirchner de marzo a la fecha.

“Debo adelantar mi opinión desfavorable a la procedencia formal del presente, pues no se advierte el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa”, dijo Marinkovic en el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral.

Y es que, según explicó el magistrado, “la suspensión de los plazos alcanza en principio a los términos previstos en la Ley 3.540 de Acceso a la Información Publica” y entonces, “ante dicha suspensión, los amparistas debieron solicitar que su pedido fuera habilitado para continuar tramitando pese a la emergencia”, aclaró, para seguidamente declarar rechazado el amparo por improcedente.

Por otro lado, este diario también pudo conocer que también se presentaron pedidos de idénticas características en el ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud y Ambiente de la provincia.

Así las cosas, a juzgar por el resultado del traslado del conflicto al ámbito judicial, es de prever que para acceder a los detalles de los gastos deban seguir esperando

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