El conflicto que se desató de manera intempestiva entre un grupo de enfermeros autoconvocados contratados para enfrentar la pandemia y las autoridades del Ministerio de Salud, sumó ayer otro capítulo con la denuncia presentada en la Justicia por la Fiscalía de Estado, por entorpecimiento del plan de vacunación masiva contra el Covid 19.
Así amaneció el viernes el corte de la Autovía por el reclamo de los enfermeros. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.
Desde el jueves, el grupo de manifestantes mantiene tomado el edificio de la cartera sanitaria, ubicado en la Autovía 17 de Octubre, lo que obligó a suspender las actividades en ese edificio, que entre otras tareas se encarga de la planificación en la distribución de las dosis contra el coronavirus.
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Tal como anticipó La Opinión Austral, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz se presentó con un escrito ante la Fiscalía del Poder Judicial a cargo del Dr. Carlos Chan. La investigación quedó a cargo de la jueza Rosana Suárez, quien en horas de la mañana del viernes envió a constatar que el ingreso y egreso del edificio ubicado en la Autovía 17 Octubre (ruta nacional N° 3) no estuviera bloqueado.
Es que, con el edificio del Ministerio de Salud tomado por el grupo de trabajadores que fueron contratados para cubrir el aumento de la demanda hospitalaria durante el crecimiento de contagios, la rotura de vidrios en el Hospital de Río Gallegos y un intento de impedir la aplicación de vacunas en el Complejo Cultural, funcionarios de la Cartera sanitaria decidieron suspender la distribución de vacunas a los centros por temor a un sabotaje.
Con lo que había
Lo cierto es que hasta el viernes a última hora no estaba garantizado que el lunes se pueda comenzar a vacunar a los docentes con la vacuna Sinofharm, según el cronograma de vacunación estipulado para trabajadores esenciales.
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No obstante, en los centros de vacunación de Río Gallegos y el resto de la provincia se continuó el viernes aplicando las dosis que ya habían sido distribuidas, pero cuando éstas se acaben el operativo no podrá continuar.
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En el Gobierno se encendieron las alarmas el jueves, cuando el grupo de manifestantes amenazó con llevar a cabo un boicot contra las dosis que Santa Cruz estaba distribuyendo a todas las localidades.
La forma de llevar adelante este cometido -según revelaron otros trabajadores que no estuvieron de acuerdo- sería tomando el sector del Hospital Regional de Río Gallegos, dañando los equipos de refrigeración.
Por lo que la medida que tomó el Ministerio de Salud responde a proteger las dosis que están bajo el resguardo del Estado y son para inmunizar a la población.
En declaraciones a La Opinión Austral, el secretario de Estado de Salud, Germán Aballay, reveló que la coordinadora de hospitales, “Laura Beveraggi fue agredida verbal y físicamente” y que “intentaron sabotear el proceso de vacunación del personal esencial cuando se estaba vacunando a los policías, y no contentos con eso fueron al hospital y originaron destrozos dentro del Departamento de Enfermería”.
Las vacunas son un bien del Estado, que está al servicio de la gente, y retrasar la vacuna es retrasar la recuperación de la inmunidad comunitaria
Todavía conmocionada por los actos de violencia, Beveraggi explicó a este medio que “la logística de distribución de la vacuna requiere de todo un respaldo administrativo y un resguardo que se debe hacer antes de salir a la ruta”, y marcó que para trasladar las dosis hay un minucioso proceso en el que, algo que sale mal, puede significar la inutilización de la vacuna.
“Las vacunas son un bien del Estado, que está al servicio de la gente, y retrasar la vacuna es retrasar la recuperación de la inmunidad comunitaria”, remarcó.
Por otro lado, Beveraggi indicó que el intento de ingresar al área donde se sostiene la cadena de frío dentro el hospital “puede llevar a la pérdida de vacunas, que es la pérdida de la posibilidad de vivir de alguien. Es exponer y dañar a alguien, es gravísimo, sin contar con que el hospital es un bien del Estado, la vacuna es de la gente y nosotros somos custodios y no podemos poner en peligro ese bien”.
Con la distribución suspendida, las vacunas para docentes, policías, discapacitados y adultos mayores no pueden llegar a los centros de vacunación de Río Gallegos ni al resto del sur de la provincia de Santa Cruz. Pero no es todo. Con ese eslabón de la cadena del proceso paralizado, también está parado el reparto de elementos de protección personal para el personal. Mientras tanto en los centros de vacunación se agotan las dosis que ya fueron repartidas.
Horas extraordinarias
Según el argumento del Ministerio de Salud, el planteo de los trabajadores contratados es “en contra de la programación de un trabajo hospitalario”. Fuentes consultadas por este medio indicaron que en el 2015 hubo un Acuerdo donde se proponía reducir la carga horaria por diferentes causas de la que se había pactado alguna vez por el decreto de contratación entre el Ministerio y el agente.
“Eso tenía una duración de 6 meses y se iba a revisar si era oportuno sostener esto en una situación crítica”, indicaron, al tiempo que añadieron que “la pandemia puso en evidencia que esta situación, seis años después, es sub óptima para cualquier institución, donde alguien que es contratado por 35 horas semanales, cumple un régimen diferente con horas vacías de desempeño” lo cual “nos pone en una falta muy grave porque las horas que se agregan no sabemos lo que está haciendo el personal ni haciendo qué”.
También mencionaron que esto se puso en evidencia con las contrataciones de personal que se hizo para la pandemia, para reforzar los servicios ampliados, “notábamos que la carga horaria que se había pactado por contratación no se cumplía”.
Y añadieron que con la buena voluntad del equipo de Salud y de Economía, “llegamos a la resolución 1836 para poder aumentar el precio en tres veces en reconocimiento al equipo de Salud que estaba haciendo un gran esfuerzo”.
Más adelante, agregaron que la documentación de estas horas extraordinarias que cumplía el personal, cuando procedían a cargar las mismas notaban que sólo había cumplidas horas ordinarias, pero no extraordinarias. Esto “requirió un estudio de toda la situación” por lo que “el convenio colectivo de trabajo es claro en estas situaciones, y el pago de guardias se debe reconocer al personal de Salud cuando se hacen horas extraordinarias”.
Luego indicaron que, como había muchas interpretaciones sobre este tema, se armó una mesa de trabajo donde se escuchó a cada uno de los jefes de área y a cada uno de los servicios. “Fueron muchos días de trabajo y luego se solicitó un dictamen a la Asesoría Legal del Ministerio que nos instruyera fehacientemente con la norma vigente, cómo debíamos actuar para no incurrir en una falta legal o que estuviera por fuera de los convenios de trabajo”, dijeron.
También aclararon que desde el Hospital Regional se solicitó la prórroga de las guardias triples, a pesar de que en las mismas no se cumplían algunos de los requisitos, porque “entendíamos que había que mantener un tiempo más la asistencia diferenciada atento a los brotes que pudieran ocurrir después de las fiestas de fin de año y de la vuelta de las vacaciones”.
“Esta disrupción, sin mesa de acuerdo, con maltrato, sin poder trabajar, a todo el equipo nos asombra mucho porque han abandonado espacios laborales sin representación gremial, sin ninguna institución que los ampare”, manifestaron.
Negaron todo
Por su parte, el referente de los enfermeros autoconvocados Manuel Piris, negó las acusaciones del Ministerio de Salud. Entrevistado por el móvil de LU12 AM680, indicó que se quedaron pernoctando en el edificio “de manera pacífica” esperando ser recibidos por las autoridades.
FOTO: JOSË SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.
Luego, sostuvo que lo que buscan es que se retrotraigan las últimas decisiones sobre el sector que “van en contra de nuestros derechos adquiridos como las 120 horas en salud y el pago de guardias atrasadas”. Al tiempo que aclaró que la cantidad de horas que se están aplicando, “son contrarias al convenio colectivo de trabajo” ya que, entre otras cosas, “están tratando de desconocer sábados, domingos y feriados”.
García hubiese tenido la delicadeza de detenerse
Piris manifestó que “hay contratados con una sobrecarga tremenda por un contrato Covid que le llaman, pero están en un estado de vulnerabilidad tremendo y queremos que esa situación se normalice y se hagan los contratos como corresponde, según el convenio”.
Asimismo, mencionó que el conflicto “está siendo llevado adelante por personal de planta permanente o los que tenemos ganas de salir a pesar de haber pasado trabajando un año de pandemia. El resto de la gente no se puede exponer porque continuamente la amenazan con que se termina la pandemia y se les termina el trabajo”.
Conferencia de prensa. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.
En el mismo orden, el referente sostuvo que una colega terminó internada habiendo entrado hace un mes, con la modalidad de 22 guardias con el contrato Covid. “La falta de respeto es continua” y aclaró: “Nosotros no somos delincuentes, no estamos boicoteando nada, no estamos en contra de la comunidad, no estamos en contra de la vacunación”, dijo.
Al respecto, sostuvo que las vacunas están en lugares seguros y los centros de vacunación “siguen con su calendario estipulado, en condiciones normales”, por lo que “se intenta poner a la gente en contra de ellos; jamás nos vamos a meter con la salud de la población; los que salimos a la calle lo hacemos porque estamos de franco o licencia; me parece una maniobra falaz y artera del Ministerio de Salud usar la mentira para poner en contra de nuestro reclamo a la gente”.
Finalmente, respecto a lo sucedido con el ministro de Salud Claudio García cuando se retiraba del edificio el jueves pasado, Piris expresó que se les negaba que estaba en el lugar y que, cuando salió, algunas compañeras quisieron pararlo para hablar con él. “Hubiese tenido la delicadeza de detenerse, porque las personas en el lugar eran 4 o 5, no era gente peligrosa ni lo estaban amenazando; es lamentable que traten de tapar algo así con más mentiras”, subrayó.
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