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Un insólito y preocupante episodio sacudió este sábado el sistema aeronáutico de Chile: una aeronave privada aterrizó sin autorización en un aeródromo de la Antártida, tras modificar su plan de vuelo sin dar aviso a las autoridades competentes.
Se trató de una aeronave Cessna 182, con matrícula extranjera N182WT, que despegó por la mañana desde Punta Arenas, en la Región de Magallanes. Según la DGAC, el piloto alteró su itinerario sin notificar a los centros de control de tránsito aéreo del aeropuerto, transgrediendo así las normas de vuelo y activando de inmediato los protocolos de emergencia.
El aterrizaje se produjo en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, en territorio antártico. La falta de comunicación provocó que se desplegaran recursos aéreos destinados a su búsqueda, generando el consiguiente uso de medios estatales y riesgos para la seguridad operacional.
“La falta de información por parte del piloto activó de inmediato los protocolos de alerta establecidos para este tipo de situaciones”, indicó el comunicado. El organismo también destacó que la operación no autorizada en suelo antártico implicó un incumplimiento del Estatuto Antártico, tratado internacional que regula las actividades en esa región.
Ante la gravedad de los hechos, la DGAC presentó una denuncia ante el Ministerio Público chileno por una eventual infracción al Código Aeronáutico y al Reglamento Antártico. El piloto fue detenido en el mismo aeródromo y permanece a disposición de la justicia, a la espera de que se definan sus responsabilidades.
Según publicó el medio chileno, Radio Biobío, el piloto sería un joven de 19 años, con el objetivo personal de volar en los siete continentes, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente por la DGAC ni por otras fuentes judiciales o institucionales.
La situación reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los controles de vuelos privados en zonas sensibles desde el punto de vista geopolítico, como lo es la Antártida. También pone en evidencia los riesgos que representan las acciones individuales que desoyen la normativa vigente, especialmente en regiones donde el equilibrio ambiental y diplomático depende de acuerdos internacionales estrictos.
La DGAC finalizó su comunicado reiterando su “firme compromiso con la seguridad de las operaciones aéreas y el estricto cumplimiento de la normativa vigente”.
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