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El Tribunal Federal de Río Gallegos será la sede del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una decisión ratificada a pesar de las objeciones de diversas partes. La Dra. Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria que representa a 27 familias de los marinos, dialogó con LU12 AM680 y expresó su compleja posición: aunque la sede no es la ideal por cuestiones operativas, confía en la imparcialidad de los tribunales del interior para alcanzar la verdad y la justicia.
La designación del Tribunal Oral de Río Gallegos para llevar adelante el juicio fue objeto de impugnaciones por diversas partes, incluyendo un querellante unipersonal, el fiscal Dr. Zárate y los defensores particulares de dos procesados (entre ellos, abogados de renombre como Stein Schein hijo y Vigliero). Mientras los defensores buscaban trasladar la causa a Comodoro Py (conocido por su dudosa reputación en ciertos casos), y el fiscal proponía Mar del Plata por la residencia de la mayoría de los familiares, la Dra. Carreras se opuso firmemente a un nuevo cambio de jurisdicción.
“No podía tolerarse ahora un cambio, que no podemos exponernos a empezar de cero, que no podemos este cambiar a una jurisdicción de tan dudosa laya”, explicó la abogada. Afortunadamente, el tribunal oral de Río Gallegos hizo lugar a su postura, ratificando su competencia. Si esta decisión no es apelada tras la feria judicial, se fijaría fecha para el inicio del juicio, esperado con suerte para el próximo año.
Carreras admitió que la distancia no es cómoda para ella como abogada, quien lleva la carga de esta querella y ha tramitado el caso desde Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Sin embargo, prioriza la búsqueda de “ser escuchados y valorada la prueba en igualdad de condiciones”, algo que, según ella, no tendría garantizado en Buenos Aires o Mar del Plata, esta última afectada por el antecedente del espionaje ilegal a los familiares. “Creo que tengo una chance en el interior”, afirmó.
La verdad fundamental aún pendiente
Los cuatro procesamientos en la causa están firmes, lo que significa que el juicio oral buscará confirmarlos, aumentarlos o disminuirlos. Sin embargo, la Dra. Carreras expresó una profunda insatisfacción con la falta de avance en la investigación de la “verdad” de lo ocurrido. “La jueza federal de Caleta Olivia, la Dra. Yañez, desoyó exactamente todos los pedidos de realización de pericias, incluso bajo la orden de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia”, denunció. Esta omisión, a su juicio, impide tener una “prueba científica fundamental” sobre lo que llevó al hundimiento.
“Sentimos que todavía estamos lejos de tener una respuesta en ese sentido“, lamentó Carreras. A casi ocho años de la tragedia (se cumplirán en noviembre), el juicio se enfocará en las responsabilidades de cuatro imputados por “estrago culposo agravado” (por las 44 víctimas), “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “omisión de deberes”. La pena máxima oscila entre 5 y 7 años.
La querella había buscado imputar “homicidio reiterado en 44 ocasiones con dolo eventual“, pero la profesional sinceró que “no lo pude probar en ese sentido”. No obstante, la abogada enfatizó que la verdad científica es lo primordial: “No nos alcanza con que se condene a estas cuatro personas… ni nos interesa que vayan presos, mucho menos. Queremos saber, queremos honrar a nuestros hijos con la verdad de lo que ocurrió y porque la verdad es lo único que puede hacer que esto no vuelva a pasar”.
Macri, Aguad y Srur en la mira
La Dra. Carreras reveló que su querella ha logrado una imputación contra el entonces presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe de la Armada Marcelo Srur. Esta imputación, que lleva el nombre de su querella por una acción ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, significa que “hay una causa donde se investiga su responsabilidad”, aunque aún no han sido llamados a indagatoria. Carreras espera que del juicio oral surjan “elementos de prueba” para impulsar esta instrucción abierta en Caleta Olivia.
Además, la abogada señaló que podrían sumarse más “cabecillas de la Armada”, dado que se probó que había personal del Servicio de Inteligencia del Atlántico (SIAT) embarcado en una misión de espionaje “dentro de las funciones”. Esto y otros elementos surgirán de los “más de 70 testimoniales” que se espera escuchar en el juicio oral.
Recordó la falta de empatía del gobierno de Macri y las “mentiras” sobre lo ocurrido, además de la probada persecución ilegal a los familiares (pinchaduras telefónicas, seguimientos), algo ratificado por la Cámara de Casación.
Más adelante, reconoció que el paso del tiempo es un factor devastador en causas de esta magnitud. “El tiempo mata a la verdad, mata la justicia y va matando a los a los padres de los tripulantes“, afirmó, lamentando el fallecimiento de tres papás y una mamá. El desgaste emocional es inmenso, y la comunicación con los familiares, que antes era diaria, ahora se limita a “algo dirimente” para no sobrecargarlos.
Sin embargo, el grupo de familiares se mantiene “muy decidido” y “unido”, comprendiendo las “maniobras para querer arrebatar la causa de su lugar original que era este de Santa Cruz”. Ni siquiera el cierre temporal del aeropuerto de Río Gallegos fue una excusa para quebrar su determinación.
Para las esposas de los tripulantes, la lucha es por “darle una explicación a mi hijo cuando se agrande”. Para los padres, es buscar “un cierre”, ya que el dolor “nunca va a terminar”, pero al menos podrán “cicatrizar” la herida. “Como argentinos no nos podemos permitir que esto quede sin digamos otro crimen sin resolver”, concluyó la Dra. Carreras, enfatizando la importancia de alcanzar la verdad para honrar a los marinos y evitar futuras tragedias.
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