La condena a 17 años de prisión para Fernando “Motomoto” Muñoz por el homicidio de Óscar Javier Lancucheo puso un nuevo punto de inflexión en una de las causas criminales que más conmoción generaron en Río Gallegos. Sin embargo, para la familia de la víctima, el fallo judicial no representa el final del sufrimiento ni una reparación capaz de compensar la pérdida.

Detrás de los años de prisión impuestos al acusado permanece una ausencia imposible de llenar y una pregunta que atraviesa el testimonio de la madre de Óscar: si existían señales de alarma, ¿se podría haber evitado la tragedia?

Georgina Santana Jagniaux fue la única familiar que habló con La Opinión Austral luego de conocerse la resolución del tribunal. Sus palabras combinaron el dolor de una madre que perdió a su hijo, la aceptación de una decisión judicial que no coincidió con sus expectativas y un reclamo dirigido a las instituciones que deben intervenir frente a situaciones de salud mental y consumo problemático de sustancias.

“Yo esperaba la sentencia de 19 o 20 años como mínimo, pero quedó en 17. También estoy de acuerdo porque creo más en la justicia divina, que es la que se va a hacer cargo del resto, porque soy creyente en Dios”, manifestó Georgina, al expresar su posición frente a la pena impuesta a Muñoz.

Óscar Lancucheo, la víctima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer dejó en claro que, más allá de los años de prisión, ninguna resolución judicial podrá devolverle a su hijo. “Mi hijo ya no está en este lugar, así que aunque le den 40 años, nadie me lo va a devolver”, sostuvo, en una frase que sintetiza la dimensión irreparable de una pérdida que atraviesa a toda la familia.

Una sentencia esperada durante casi dos años

La resolución se conoció este jueves 22 de octubre, cuando se cumplieron los plazos previstos para que la Cámara Oral de Río Gallegos definiera la situación de Muñoz. En la explanada de ingreso al edificio judicial se congregaron familiares tanto de la víctima como del condenado, a la espera de una respuesta después de un proceso que se extendió durante casi dos años desde el crimen.

Finalmente, no se realizó la lectura pública de la sentencia en los términos que esperaban quienes se encontraban en el lugar. El equipo de La Opinión Austral y de LU12 AM680 pudieron ver cuando el personal policial solicitó el ingreso de dos familiares al recinto para comunicarles las novedades de la resolución adoptada por el tribunal.

Fernando Muñoz tras ser detenido por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Minutos después, los allegados salieron visiblemente conmocionados. La noticia comenzó a conocerse entre quienes aguardaban en el exterior: Muñoz había sido condenado a 17 años de prisión.

La reacción estuvo atravesada por distintas emociones. Para la familia de Lancucheo, el fallo significó el cierre de una etapa judicial marcada por la espera, los testimonios y la reconstrucción de una madrugada trágica. Pero también abrió nuevamente el debate sobre la pena que debía recibir el acusado y sobre las circunstancias que rodearon el homicidio.

La Fiscalía, representada por Verónica Zuvic, había solicitado una condena de 19 años de prisión. La pena finalmente impuesta fue dos años menor que la requerida por el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal del caso, Verónica Zuvic. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Georgina reconoció que esperaba una sanción más elevada, aunque aseguró que su mirada sobre lo ocurrido también está atravesada por sus creencias religiosas. Su testimonio dejó al descubierto una realidad que enfrentan muchas familias de víctimas de delitos violentos: el proceso judicial puede establecer responsabilidades y determinar una pena, pero no elimina el duelo ni responde necesariamente a todos los interrogantes que quedan después de una muerte.

El crimen que quebró una amistad de la infancia

El homicidio de Óscar Javier Lancucheo conmocionó a Río Gallegos no solamente por la violencia del ataque, sino también por el vínculo que unía a la víctima con el acusado.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, Lancucheo, de 35 años y trabajador del Hospital Regional de Río Gallegos, fue asesinado durante la madrugada del 26 de octubre de 2024 en una vivienda de la calle Jofre de Loaiza. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, el ataque se produjo mientras se encontraba acostado y en un estado de intoxicación alcohólica que, de acuerdo con la hipótesis expuesta en el debate, le habría impedido defenderse.

Un móvil de Criminalística afuera de la vivienda donde ocurrió el horror. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación sostuvo que recibió once heridas cortantes en el cuello. Las pruebas genéticas, las pericias médicas y los registros de cámaras de seguridad formaron parte de los elementos reunidos para vincular a Fernando “Motomoto” Muñoz con el hecho.

La historia adquirió una dimensión todavía más dolorosa por la relación entre ambos hombres. Habían compartido la infancia, la escuela y los primeros años de vida. Aquella amistad, construida desde chicos, quedó atravesada por un desenlace brutal que terminó con la vida de Lancucheo.

Después del crimen, según la reconstrucción incorporada a la causa, Muñoz se dirigió a la casa de quien entonces era su pareja y le confesó lo ocurrido. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el acusado pronunció una frase que se convirtió en uno de los pasajes más impactantes del expediente: “Algo le pasó a Oscarcito, maté a Oscarcito y me voy a matar, dejame despedirme de mi hijo”.

Poco después, tras encender un cigarrillo, fue encontrado por efectivos policiales en la costanera de Río Gallegos mientras comía un sándwich de milanesa. Allí fue detenido. Desde entonces permaneció privado de la libertad mientras avanzaba el proceso judicial que debía establecer su responsabilidad penal y determinar la pena correspondiente.

La Fiscalía pidió 19 años de prisión

El debate oral fue presidido por el juez Enrique Arenillas, acompañado por los vocales Eduardo López y Florencia Moreira. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Verónica Zuvic, en representación del Ministerio Público Fiscal. En el proceso no intervino una querella particular.

Muñoz, por recomendación de su abogado defensor, Emin Charif Sat, decidió no declarar durante las primeras etapas de la audiencia.

Durante su exposición, Zuvic planteó una distinción central entre la autoría del homicidio y la calificación legal que correspondía aplicar. La Fiscalía consideró acreditada la responsabilidad del acusado por la muerte de Lancucheo, pero entendió que no existían pruebas suficientes para sostener una finalidad adicional que permitiera encuadrar el hecho en una figura penal más gravosa.

Eduardo López, Enrique Arenillas y Florencia Moreira. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, la representante del Ministerio Público explicó que no contaba con elementos suficientes para afirmar que Muñoz hubiera matado con el propósito de cometer, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o de asegurar su impunidad.

“No nos permite al Ministerio Público tener la certeza que exige que Muñoz haya matado para perpetrar, facilitar, consumar u ocultar otro delito y tampoco para asegurar su impunidad”, sostuvo Zuvic durante el juicio.

A partir de esa evaluación, la acusación encuadró el hecho como homicidio simple y solicitó una pena de 19 años de prisión para el acusado.

La defensa, por su parte, sostuvo que Muñoz atravesaba una grave desestabilización vinculada con el consumo de sustancias y la interrupción de un tratamiento psiquiátrico. Esos argumentos formaron parte de la discusión judicial sobre las circunstancias personales del acusado.

Emin Charif Sat hablando con Fernando Muñoz antes de su alegato. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el tribunal resolvió imponerle 17 años de prisión, una pena inferior a la solicitada por la Fiscalía y que Georgina recibió con sentimientos encontrados.

El agradecimiento al Centro de Asistencia a la Víctima

En medio del dolor por el fallo, la madre de Lancucheo destacó especialmente el acompañamiento que recibió durante el proceso judicial. En su testimonio, señaló que atravesar la causa durante casi dos años habría sido mucho más difícil sin la asistencia profesional que encontró en el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV).

“Quiero agradecer al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), que me atendió desde el primer momento”, expresó y explicó que llegó a esa institución en un momento de profunda vulnerabilidad, cuando todavía intentaba comprender cómo continuar con su vida después de la muerte de su hijo.

“Me dieron una mano durante casi dos años porque no sabía qué hacer de mi vida con tanto dolor”, relató.

La madre de la víctima siendo contenida por una agente del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV). FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Su agradecimiento no quedó limitado a una mención institucional. También expresó su deseo de que otras personas que atraviesen una experiencia semejante puedan encontrar espacios de contención y acompañamiento. “Me gustaría que la gente que pasa por esto tenga un lugar donde cobijarse”, manifestó.

“Se podría haber evitado”

Más allá de la condena, uno de los aspectos centrales del testimonio de Georgina fue su cuestionamiento al funcionamiento del sistema de salud mental y a la falta de respuestas frente a situaciones que, según su perspectiva, pueden representar un riesgo para otras personas.

La madre de Lancucheo sostuvo que la tragedia debe analizarse también desde una dimensión preventiva. En su opinión, existían circunstancias que debieron recibir una intervención adecuada antes de que se produjera el homicidio. “También quiero hablar del abandono total en el sistema de salud mental y de la problemática de las adicciones”, señaló.

Su planteo estuvo dirigido a visibilizar lo que considera una desprotección tanto de las personas que atraviesan situaciones complejas de salud mental y consumo problemático como de sus entornos y de la comunidad. “Estamos viviendo en automático quienes somos víctimas de que nos maten a nuestros hijos”, expresó, al describir el estado emocional con el que, según sus palabras, deben continuar sus vidas los familiares que sufren una pérdida de estas características.

La prueba recolectada durante la instrucción exhibida en el recinto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese contexto, Georgina mencionó un antecedente relacionado con Muñoz. Según relató, un familiar del acusado habría solicitado ante un juez que fuera trasladado a Buenos Aires para recibir tratamiento, pero una psiquiatra local no habría firmado la documentación necesaria para avanzar con esa alternativa.

Georgina fue contundente al responder cuando se le preguntó si coincidía con lo planteado por la expareja del acusado acerca de que el homicidio podría haberse evitado. “Se podría haber evitado porque esperaban que esto ocurriera, y lamentablemente los que sufrimos somos los familiares”, afirmó.

“Nunca va a sanar la herida que tenemos”

Al referirse nuevamente a la pena, Georgina insistió en que su expectativa era que Muñoz recibiera 20 años de prisión. Sin embargo, dejó en claro que el número de años no constituye, para ella, una respuesta capaz de cerrar el duelo. “Yo esperaba 20 años”, reiteró.

Y enseguida expresó aquello que atraviesa toda su declaración: “Pero nunca va a sanar la herida que tenemos. Ya perdí a mi hijo y no lo voy a tener más”.

La sentencia de 17 años de prisión establece una consecuencia penal para el condenado, pero no puede reparar la pérdida ni devolverle a una familia la vida que tenía antes del crimen. Esa diferencia entre la respuesta de la Justicia y las necesidades emocionales de quienes sufren una muerte violenta aparece con fuerza en las palabras de la madre de Lancucheo.

 

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