La sustracción de 45 armas de fuego que debían permanecer bajo custodia judicial, su presunta venta clandestina y las sospechas sobre el funcionamiento de los controles dentro de una dependencia pública quedaron en el centro del juicio oral que comenzó este martes ante la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz, en Río Gallegos. Los acusados son Brian Emanuel Cabana, Rodrigo Ezequiel Sánchez Maldonado y Jorge Francisco Muñoz, señalados por su presunta participación en una maniobra que habría permitido retirar armamento y municiones secuestrados en causas penales para luego introducirlos en el circuito ilegal.
Cabana y Sánchez Maldonado enfrentan cargos por presunta provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad. Muñoz, por su parte, está acusado por la sustracción de objetos custodiados, en concurso real con la provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad, según la carátula del expediente.
Pero detrás del faltante del arsenal hay dos episodios que llamaron la atención en la causa: la intervención de Roque Muñoz, padre de uno de los imputados, quien habría alertado a un familiar policía sobre la continuidad de las sustracciones, y los cuestionamientos de las defensas contra la jueza que intervino inicialmente en la causa. Los abogados sostuvieron que la magistrada, la ex jueza Bettina Bustos, actuó pese a que los hechos investigados involucraban a personal de su propio juzgado y plantearon la nulidad de distintas actuaciones por una presunta falta de imparcialidad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal reconstruyó la secuencia que permitió activar la investigación, mientras que las defensas reclamaron que se examinara la legalidad de los mensajes que dieron origen a las actuaciones, los allanamientos y las declaraciones de los imputados. El tribunal resolvió por unanimidad diferir el tratamiento de esos planteos para el momento del dictado de la sentencia.
El tribunal
El juicio que comenzó este martes con la cobertura especial de La Opinión Austral se desarrolla ante la Cámara Criminal, presidida por la Dra. María Alejandra Vila. Integran el tribunal, como vocales subrogantes, el Dr. Carlos Arenillas y Yamila Borquez. La secretaría está a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla.
La representación del Ministerio Público Fiscal corresponde a la Dra. María Verónica Zuvic, quien sostiene la acusación en el proceso.
En cuanto a las defensas, Brian Cabana está asistido por los Dres. César Antonio Guzmán y Joel Vallejos. Rodrigo Sánchez Maldonado cuenta con la representación de los Dres. Sandro Levin Dumenes y Daniel Albornoz. Por su parte, Jorge Francisco Muñoz participa de manera virtual desde Río Turbio y es defendido por el Dr. Emin Charif Sat.
Entregar al hijo
Según explicó la fiscalía, el 30 de noviembre de 2024 Roque Víctor Muñoz le envió un audio de WhatsApp a su sobrino, el comisario Pedro Conti, en el que alertaba sobre la presunta continuidad de las sustracciones de armas del depósito judicial de Río Turbio. La frase que quedó incorporada en la reconstrucción fiscal fue contundente: “Jorge sigue sacando las armas del juzgado”.
En esa misma comunicación, de acuerdo con lo expuesto durante el debate, también se habría identificado a una persona conocida como “Pupi” como quien comercializaba parte del armamento. La fiscalía sostuvo que el padre de Muñoz envió al día siguiente otro mensaje con información adicional sobre el presunto circuito de venta.
La relevancia de esa comunicación no radica únicamente en que habría permitido poner en conocimiento de un policía la posible existencia de un delito dentro de una dependencia judicial. También abrió una controversia procesal: la defensa de Jorge Francisco Muñoz argumentó que el vínculo familiar entre quien envió los mensajes y el imputado impedía utilizar esa información para activar válidamente la investigación.
El planteo fue más allá de una discusión sobre la prueba. La defensa pidió la nulidad de la causa desde sus primeras actuaciones, al considerar que la comunicación entre padre e hijo, transmitida a través de un familiar policía, vulneró las restricciones previstas en el procedimiento penal para declarar contra determinados parientes.
La fiscalía rechazó ese argumento y sostuvo que Roque Víctor Muñoz no había presentado una denuncia formal ni declarado como testigo contra su hijo. Según explicó, se trató de una conversación privada que llegó al conocimiento de las autoridades a través del comisario Conti, quien decidió informar al juzgado después de evaluar lo recibido.
Las fotos de WhatsApp
La investigación no se habría sostenido únicamente en los mensajes familiares. Durante la audiencia, la fiscalía describió una segunda vía de información que consideró independiente y que, a su criterio, también habría conducido a los investigadores hacia los presuntos responsables.
Según la reconstrucción presentada, el 5 de diciembre de 2024 un integrante de la Policía recibió, por otra vía, la fotografía de una pistola que presuntamente estaba siendo ofrecida a través de WhatsApp. La circulación de imágenes y los ofrecimientos de venta de armas habrían permitido identificar a personas vinculadas con el supuesto comercio clandestino.
La fiscalía explicó que las fotografías de las armas circulaban entre integrantes de la fuerza y que los investigadores ya contaban con información sobre presuntas operaciones de venta antes de que se concretaran los allanamientos.
Al día siguiente, el 6 de diciembre, la noticia llegó al juzgado. El 7 de diciembre se realizaron procedimientos en cinco domicilios y se detuvo a los imputados.
Para el Ministerio Público Fiscal, la existencia de esa segunda vía de investigación resulta central para responder al planteo de nulidad presentado por la defensa de Muñoz. La fiscalía argumentó que, aun si se dejaran de lado los mensajes enviados por el padre, las fotografías de las armas que circulaban por WhatsApp habrían permitido avanzar sobre los mismos hechos.
En su exposición, la representante fiscal planteó la cuestión en términos concretos: había que determinar si la prueba utilizada para juzgar a los tres acusados era válida y si las actuaciones iniciales debían quedar anuladas por el modo en que se había conocido el presunto delito.
El faltante de 45 armas
El relevamiento del depósito judicial permitió dimensionar la magnitud del episodio. Según expuso la fiscalía, el inventario realizado el 26 de diciembre de 2024 reveló un faltante de 45 armas de fuego que debían encontrarse bajo custodia de la Justicia.
El dato modificó el alcance de una investigación que inicialmente se había activado por información sobre posibles ventas ilegales. Ya no se trataba solamente de establecer quién ofrecía determinadas pistolas por redes sociales, sino de reconstruir cómo había sido posible retirar reiteradamente armas secuestradas en causas penales de un depósito judicial y qué controles habían fallado para que esos elementos terminaran presuntamente en manos de particulares.
La acusación sostiene que los imputados habrían aprovechado sus vínculos laborales con el Poder Judicial para acceder al lugar donde se almacenaban los efectos secuestrados. Desde allí, presuntamente sustraían armas cortas y largas, de distintos calibres, además de municiones y otros elementos que debían conservarse como prueba.
La hipótesis fiscal es que, una vez fuera del ámbito de custodia judicial, el armamento era distribuido entre los involucrados y entregado o vendido a terceros de manera ilegal y habitual.
La gravedad institucional está dada, precisamente, por el lugar donde se habría originado la maniobra: una dependencia destinada a resguardar elementos vinculados con investigaciones penales. El sistema de custodia judicial debía garantizar que las armas permanecieran disponibles para las causas en las que habían sido secuestradas, pero la acusación sostiene que ese mismo circuito habría sido aprovechado para retirarlas y ponerlas en circulación.
La “autoinvestigación” de Bettina Bustos
Uno de los capítulos más sensibles del debate es el cuestionamiento a la actuación de la jueza Bettina Bustos, quien intervino durante los primeros días de la investigación y dispuso medidas relacionadas con los allanamientos y las detenciones.
Las defensas sostuvieron que la magistrada debía haberse apartado desde el comienzo, debido a que los hechos investigados involucraban a personal de la dependencia judicial en la que se desempeñaba. En ese contexto, cuestionaron su imparcialidad y describieron su intervención como una forma de “autoinvestigación”.
El argumento central de los abogados es que la jueza habría tomado decisiones relevantes sobre un hecho que comprometía el funcionamiento de su propio juzgado antes de excusarse junto con integrantes de su equipo de trabajo.
En la audiencia, una de las defensas planteó que la magistrada conocía desde el inicio la posible participación de personal judicial en las maniobras investigadas. También cuestionó que la cantidad de armas faltantes recién quedara acreditada mediante el inventario del 26 de diciembre, después de los primeros allanamientos y detenciones.
Para los abogados, esa secuencia afectó la objetividad de las actuaciones y justificaba revisar la validez de las medidas adoptadas durante la etapa inicial.
La fiscalía, en cambio, defendió la intervención de la magistrada y argumentó que las decisiones se tomaron ante una situación urgente, cuando ya existían datos concretos sobre la presunta circulación ilegal de armas y el riesgo de que el material probatorio desapareciera.
La excusación y el cambio de juez
Durante su exposición, la fiscalía reconstruyó las fechas que considera determinantes para evaluar si la intervención inicial estuvo viciada.
Según ese relato, el 7 de diciembre de 2024 se concretaron los allanamientos y las detenciones; el 10 de diciembre se presentó la primera recusación; el 17 de diciembre, el juzgado de recursos rechazó ese planteo y, ese mismo día, la jueza Bustos se excusó junto con su equipo de trabajo.
Posteriormente, el 20 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que la causa continuara en Río Grande, ante la necesidad de garantizar que otro magistrado interviniera en el expediente.
La fiscalía sostuvo que el motivo para apartar a la jueza surgió con mayor claridad a medida que avanzó la investigación y se conoció la magnitud del faltante de armas. De acuerdo con esa interpretación, la excusación debía producir efectos hacia adelante, sin invalidar automáticamente las medidas adoptadas con anterioridad.
En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que las primeras decisiones respondieron a una urgencia concreta y que los allanamientos habían sido solicitados por la propia fiscalía, sobre la base de información policial.
También defendió la posterior designación del magistrado subrogante y rechazó que esa decisión del Tribunal Superior de Justicia constituyera una causal de nulidad.
La discusión dejó expuesta una diferencia central entre las partes: mientras las defensas consideran que el apartamiento tardío confirma un problema de imparcialidad desde el inicio, la fiscalía sostiene que no corresponde otorgarle efecto retroactivo a una excusación decidida cuando la investigación ya había avanzado.
“La jueza se estaba autoinvestigando”
El planteo de las defensas no se limitó a cuestionar la oportunidad de la excusación. También apuntó a la continuidad de las actuaciones después de la designación de un nuevo magistrado.
Los abogados sostuvieron que el juez que asumió posteriormente continuó con una investigación que ya había sido desarrollada durante la intervención de Bustos y que, según su postura, estaba afectada por una presunta falta de imparcialidad.
En la audiencia también cuestionaron el procedimiento utilizado para designar al magistrado subrogante y plantearon que debía existir un mecanismo objetivo que permitiera controlar esa decisión.
La fiscalía respondió que la designación se realizó ante la necesidad de resolver una situación excepcional, en una zona con limitaciones para encontrar otro juez que pudiera intervenir. También señaló que la defensa cuestionaba tanto la actuación de la magistrada original como la designación de quien debía reemplazarla.
La representante fiscal consideró contradictorio rechazar las actuaciones iniciales por una supuesta falta de imparcialidad y, al mismo tiempo, objetar al juez designado para continuar con el expediente.
La controversia deberá ser resuelta por el tribunal al momento de dictar sentencia, ya que los planteos preliminares fueron diferidos.
Los pedidos de nulidad
Otro de los puntos discutidos en la audiencia fue la legalidad de los procedimientos realizados en los domicilios de los acusados, en particular el allanamiento de la vivienda de Brian Emanuel Cabana, ubicada en 28 de Noviembre. Su defensa solicitó la nulidad del procedimiento y de las pruebas obtenidas como consecuencia directa del operativo. Además, planteó que podrían haberse vulnerado garantías constitucionales durante la declaración indagatoria de su defendido.
El abogado pidió que el tribunal examinara específicamente la ejecución del allanamiento, la incorporación de los elementos secuestrados y las circunstancias en las que se habían obtenido las declaraciones.
La fiscalía rechazó los planteos por considerar que no se había identificado de manera concreta cuál era el perjuicio ocasionado a la defensa.
Al referirse al operativo, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el grupo especial ingresó primero al domicilio, aseguró el lugar y a las personas que se encontraban en su interior. Posteriormente, la División de Investigaciones realizó el registro con la presencia de dos testigos.
También señaló que los testigos habían ratificado el acta del procedimiento y que existían constancias de las requisas personales y del vehículo de Cabana.
Respecto de la indagatoria, la fiscalía consideró insuficiente el argumento de que podrían haberse vulnerado garantías constitucionales sin especificar qué derecho había sido afectado ni cuál era el perjuicio concreto.
Acusados
La acusación sostiene que Brian Emanuel Cabana y Rodrigo Ezequiel Sánchez Maldonado habrían participado en la provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían aprovechado su condición laboral para acceder al depósito judicial de Río Turbio y retirar, en reiteradas ocasiones, armas de fuego y municiones secuestradas en diferentes causas penales.
La acusación afirma que, una vez fuera de la custodia judicial, los elementos eran distribuidos o entregados a particulares, en el marco de una presunta operatoria habitual.
En el caso de Jorge Francisco Muñoz, la imputación incluye la sustracción de objetos custodiados, en concurso real con la provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad.
El operativo “Empleado Infiel”
La causa se remonta al operativo “Empleado Infiel”, desplegado en diciembre de 2024, cuando una investigación de la División de Investigaciones de la Cuenca Carbonífera permitió avanzar sobre una presunta red dedicada a la sustracción y comercialización clandestina de armas.
Los procedimientos incluyeron allanamientos en 28 de Noviembre, Río Turbio y establecimientos de la zona, entre ellos El Palenque, en las cercanías del Valle Primavera.
En aquella etapa inicial, la investigación derivó en la detención de seis sospechosos, según los antecedentes difundidos sobre el caso. Entre los procedimientos también se registró la interceptación de uno de los involucrados cuando intentaba cruzar hacia Chile por el paso internacional Dorotea, donde intervino Gendarmería Nacional.
Los allanamientos permitieron secuestrar armas de distintos tipos y calibres, municiones, teléfonos celulares, computadoras, tablets y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación. También se encontraron legajos y registros judiciales que, de acuerdo con la información difundida entonces, contenían datos relacionados con armas y pericias.
El material secuestrado permitió reconstruir parte de la presunta operatoria, aunque la determinación de las responsabilidades individuales quedó sujeta al análisis de las pruebas reunidas y a lo que se establezca durante el juicio.
Los testigos y las pruebas que deberá analizar el tribunal
El debate prevé la declaración de distintos testigos vinculados con la investigación, los allanamientos y las actuaciones policiales y judiciales. Entre las personas mencionadas en la audiencia figuran efectivos policiales, funcionarios y testigos de los procedimientos.
La fiscalía solicitó, además, el comparendo de la licenciada Natalia Sánchez, identificada durante la audiencia como perito oficial, mientras desistió de otros testimonios propuestos.
Las defensas también pidieron modificar el orden de las declaraciones para que algunos testigos vinculados con los allanamientos fueran convocados antes que los propuestos por la fiscalía. Entre ellos mencionaron a Leonela Olmedo, Roxana Paredes, Michael Oriel Martínez y Leandro Videla.
El tribunal rechazó alterar el orden previsto en la agenda, aunque aclaró que las partes podrán interrogar y contrainterrogar a los testigos y solicitar que vuelvan a declarar si necesitan ampliar alguna consulta.
El análisis de las actas de allanamiento, las pericias, los registros de comunicaciones y las declaraciones testimoniales será determinante para establecer cómo salieron las armas del depósito judicial, quiénes habrían intervenido en las sustracciones y cuál fue el destino del material secuestrado.
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