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El abogado Alberto Luciani, representante legal del matrimonio de Dahiana Gutiérrez Jorge Cabero, pareja que fue juzgada y condenada a fines de agosto por el crimen de Leonel Irigoyen, entabló diálogo con el diario La Opinión Zona Norte y dio a conocer la situación actual de su defendida. La madre de tres menores fue alojada en una unidad penitenciaria de Río Gallegos, a más de 700 kilómetros de sus familiares, con el impedimento que acceder al derecho de resocialización. El crimen por el que fueron sentenciados ocurrió el domingo 19 de febrero del 2023 durante un “after” y la resolución del tribunal se dio a conocer el viernes 30 a las 12 horas.

En este sentido, tal como ya lo había comentado Luciani, en diálogo con este medio, el primer paso que dio es interponer un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se evalúe la sentencia que le fue impuesta por el tribunal de los jueces Mario AlbarránJuan Pablo Olivera y la jueza Griselda Bard. Cabero fue condenado a la pena de 26 años de prisión como autor del delito “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego” y Gutiérrez a 12 años por ser considerada partícipe secundaria.

Otra presentación que realizó el doctor tiene que ver con lo que se menciona en el primer párrafo: la situación de alojamiento de Gutiérrez. La mujer fue trasladada a la capital santacruceña y, desde que el tribunal de la Cámara Criminal de Caleta Olivia resolvió las condenas, no tiene contacto directo con sus hijas, sus familiares y hasta su esposo, Cabero, que se encuentra detenido en Pico Truncado. “Lo planteamos judicialmente y el jueves nos contestaron que lo rechazan, algo insólito, no sé cómo se puede avalar esta situación”, comentó.

Alberto Luciani hablando con La Opinión Zona Norte. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE)

“Estamos hablando de la red de contención de un detenido, porque los familiares son quienes les llevan, muchas veces, prendas de ropa, lo que necesiten y comidas”, sostuvo Luciani y agregó que esto último se debe a que “generalmente las comidas en los centros de detención son malas y por eso son los familiares los que muchas veces tienen que afrontar eso, dándoles una comida medianamente razonable”. “Ella no tiene nada de eso, sus hijas no van a viajar más de 700 kilómetros cada vez que quieran ver a la madre”, insistió.

Asimismo, el abogado Alberto Luciani manifestó a La Opinión Zona Norte que la condena del matrimonio no está firme, por lo que se presume la inocencia, y a Gutiérrez “la están haciendo cumplir una condenada por anticipado que no se sabe qué va a pasar”, sometiéndola a un “gravísimo prejuicio a nivel personal“. “Ella está con una prisión preventiva, si se llegara a revertir la condena, qué va a pasar con todos estos perjuicios que está sufriendo ella, las hijas y el marido”, cuestionó.

“No estamos hablando de que la lleven a un hotel 5 estrellas, no queremos que la lleven al Caribe, estamos brindando la justificaciones legales de que no pueden llevarla a Río Gallegos y que tienen que priorizar el acercamiento familiar, entender que la pena no es para producir un perjuicio a la persona detenida, sino que tiene que tender a la resocialización y eso no lo digo yo, lo dice la Ley de ejecución penal. Si están en desacuerdo con eso tienen que ir al Congreso de la Nación y cambiar la Ley”, comentó el doctor.

Por otro lado, Luciani comentó a este medio que tiene contacto constante con la mujer detenida y lo que ella le pide es volver a ver a su familia. “Me ha transmitido que el trato es muy riguroso con ella, me ha comentado todas estas situaciones que viene viviendo, le dije que lo íbamos a hacer público y ella me dijo que estaba de acuerdo”, comentó Luciani, quien piensa recurrir a todas las herramientas que tiene en sus manos y “poner en cuestionamiento al sistema penitenciario” de la provincia.

La jueza Griselda Bard, y los jueces Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera. FOTO: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN ZONA NORTE.

Ante la consulta de por qué cree que la alojaron tan lejos de su ciudad natal, Luciani comentó que no se trata de que en las dependencias policiales y la Alcaidía de Pico Truncado no haya espacio para alojamiento de nuevos detenidos, sino que es “debido a que es un caso mediático, ellos quieren brindarle un escarmiento, brindar un mensaje de que van a ser sumamente rigurosos por eso”, ya que en la zona norte de la provincia santacruceña consta que hay espacio y si “quieren tener voluntad hay lugar de sobra“.

En este sentido, un dato llamativo que es que en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la ciudad de Las Heras, en la parte más alta del edificio, se hizo espacio para alojar a Christofer Vega Flores, el hijo de un ex policía que fue condenado a prisión perpetua en julio del año pasado por haber cometido el homicidio del remisero Héctor “Pato” Alvarado. En el mismo espacio se encuentra un efectivo policial de Caleta Olivia acusado de abuso sexual. “Esto es en contra ella, porque si tuvieran voluntad lo hacen, conozco un montón de situaciones que cuando quieren tener presos VIP los tienen”.

Finalmente, el representate legal del matrimonio juzgado por un crimen ocurrido en Pico Truncado, mencionó que “ella va a evaluar seguramente someterse a alguna huelga de hambre u otra cuestión”, en tanto que él y su equipo “vamos a seguir haciendo el reclamo legal por todas las vías que corresponda”. Para terminar, fue contundente y mencionó que “están jugando con fuego teniendo en cuenta los antecedentes del sistema penitenciario de Santa Cruz que se ha muerto un montón de gente (estando privada de su libertad)” y añadió que en el caso de Gutiérrez esto “es un riesgo concreto“.

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