Bronca de productores ovinos por la caída del fondo que servía como apoyo

Por Juan I. Martínez Dodda

Cuando el Congreso nacional sancionó en 2001 la Ley Ovina y posteriormente se puso en marcha durante más de dos décadas, constituyó, sobre todo para pequeños y medianos productores, la posibilidad de mejorar sus rodeos (comprando genética y reproductores), mejorar sus campos con infraestructura (alambrados, molinos, galpones de esquila, etc.) y modernización (pantallas solares o sistemas eólicos, siembra de pasturas para suplementar, armado de mangas pensando en bienestar animal).

Desde el 1 de agosto de 2024, a través de la Resolución Nº 650/2024, el Gobierno nacional puso fin al Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Santa Cruz Produce habló con productores para ponerle rostro (además de números) al impacto de la medida y la necesidad de su restitución.

“Si la Ley Ovina no hubiera existido, muchos de nosotros, los pequeños productores, seríamos historia“, contó Erwin Anderson a SCP, quien está a cargo de la estancia Cerro Bombero, a 70 kilómetros de Puerto San Julián. “Los fondos de la Ley Ovina son fundamentales para los productores para los que el ovino es nuestra única posibilidad de producción”, enfatizó.

Desde que comenzó a implementarse la ley, Anderson la ha estado utilizando permanentemente. “Cuando terminaba de pagar un crédito, hacía un proyecto para tomar otro, lo he usado en genética, pero fundamentalmente para infraestructura, he podido conseguir bombas con pantalla solar, he reparado alambres y molinos, pequeñas-grandes cosas fundamentales que pude hacer gracias al FRAO”, contó.

Es importante recordar que los productores vienen golpeados por un invierno muy crudo que afectó al 70-80% de la superficie de la provincia, con algunos sectores más críticos. “Todavía ni sabemos cuánto afectó nuestras producciones, habrá que ver en 20-30 días, cuando empiecen los movimientos preparto, para determinar en qué situación estamos”, advirtió.

Con campos a 120 y más de 200 kilómetros de Puerto Santa Cruz, Horario Borea viene del negocio del transporte. Llevaba y traía lana o forrajes, lo que hiciera falta, hasta que en 2000 se animó y puso a trabajar un campo. Los fondos de la ley fueron fundamentales para poder empezar a equiparse. “Tomé créditos para comprar molinos, también pude comprar ovejas, todo a siete años y con dos de gracia“, relató.

Recuerda Borea que fue muy importante para poblar campos. “Es importantísimo eso, porque si no van quedando taperas y es cada vez más peligroso, si no se ocupan los campos es tierra de nadie“, contó el productor, que hoy está dos tres semanas en el campo y dos o tres semanas en el pueblo. “Es que hoy sos esclavo de los trámites y los pagos, uno trabaja y trabaja, pero la mitad se lo lleva el Estado” y planteó que habría “que sacarles un poco el pie de encima a los productores, en vez de quitarles la posibilidad de acceder a créditos”.

Martín López está en la zona de Puerto Deseado y en diálogo con SCP, contó que “los fondos de la Ley Ovina han sido fundamentales“, en su caso, “para la recuperación de la actividad, para que te des una idea, a fines de 2001, comienzos de 2002, la situación era complicada, yo estaba poniendo dinero de mi otra actividad privada para recuperar, primero la infraestructura; ya en 2004, a través de la ley pude comprar vientres, después lo usamos para la mejora continua con alambrados, arreglos de viviendas y de corrales, y más cerca en el tiempo en la compra de bombas solares, mangueras, tanques de agua y corrales galvanizados, pensados para mejorar el bienestar de los animales y poder certificarlos”, contó López.

Por eso, para López, los aportes han sido fundamentales para que la ganadería ovina, incluso en épocas muy complicadas del país, pudiera sobrevivir. “Duele hoy que el Gobierno nacional tilde ese fondo fiduciario de mal manejado, porque en la provincia, salvo alguna cosa puntual que tuvo su consecuencia judicial, siempre se manejó muy bien, con una buena administración y gran porcentaje de devolución”, explicó el productor.

Algunos números

SCP pudo acceder a un minucioso informe de gestión de la última década (2014-2023) realizado por el ingeniero agrónomo Diego Suárez, coordinador provincial de la Ley Ovina desde 2015 hasta septiembre, cuando se vencerá su contrato (ya dijo que no renovará).

Allí cuenta que la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), conformada por el Consejo Agrario Provincial, SENASA, INTA y FIAS, realizó 175 reuniones desde su conformación en 2003, “dejando un registro, libros de actas y velando por el uso correcto de los fondos”. “La prioridad siempre fue financiar proyectos que apunten a una mejora de la eficiencia del sistema productivo, como el manejo del agua predial, apotreramiento, modernización tecnológica, alimentación, incremento de la oferta forrajera, etc.”, enumeró Suárez.

Suárez marcó que “se ha priorizado el otorgamiento de aportes reintegrables por sobre los no reintegrables, considerando que el recupero es una de las bases para evitar la depreciación del fondo en el tiempo”. Así las cosas, el monto total otorgado en aportes del POA provincial son 6.195.182 dólares oficiales, de los cuales el 96,5% (USD 5.976.882) fueron aportes reintegrables y el 3,5% (USD 218.300) fueron no reintegrables.

Alambrados divisorios, captación y distribución de agua, vientres y carneros, galpones de esquila y acopio de forrajes fueron los rubros más relevantes financiados con aportes reintegrables. Pero también modernización de instalaciones para mejorar la calidad de trabajo y el bienestar animal, comederos para mejorar la alimentación, insumos para siembra de pasturas, maquinaria, entre otros.

También es cierto que el aporte de fondos cambió desde aquella primera década de la ley hasta la última renovación. “En la primera década el presupuesto nacional de USD 20 millones permitió la reactivación de establecimientos que habían salido de producción, para el caso de Santa Cruz, por el impacto del volcán Hudson en 1991 y la baja en los precios de la lana, entre otros factores”, repasa Suárez. Y prosigue: “En esta etapa, la ley tuvo una importantísima contribución a la producción ovina, pasando el stock de 1.978.000 (año 2000) a 3.300.000 (año 2011), cumpliendo con el objetivo de promover la recuperación de la actividad”.

Pero desde 2011, el presupuesto anual se mantuvo inamovible en pesos ($ 80M) durante 10 años y se pasaron los aportes a valor nominal (anteriormente la devolución se realizaba a valor producto), por lo cual la inflación y la desvalorización del peso incidieron negativamente para financiar proyectos productivos de alto impacto.

Recién en 2022 se actualizó el presupuesto del fondo a $ 850M. Esto provocó un impulso favorable para el sector, pero por la inflación “en 2 años dicho presupuesto, sin actualización, volvió a resultar insuficiente para satisfacer las demandas de la actividad ovina en nuestro territorio”.

En la necesidad de conseguir créditos, los productores nucleados en la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) solicitaron una línea de financiamiento atada a valor producto, o alguna herramienta que esté dentro de la ley que, por cierto, continúa aunque se eliminaron los fondos.