La Secretaría de Políticas Mineras de la Nación dio a conocer que ha concluido el largo debate en torno a las garantías financieras, último aspecto para avanzar hacia la primera Ley de Cierres de Minas del país. Se trata de un seguro financiero que servirá como garantía en el cierre de una operación y controles posteriores para hacer frente a los posibles pasivos ambientales. Santa Cruz también prepara su ley provincial.
* Por Gustavo Argañaraz
A fines de abril de este año, La Opinión Austral daba a conocer que,
en Argentina, Estados provinciales y las operadoras nucleadas en CAEM se encontraban
debatiendo un borrador tendiente a crear la primera Ley de Cierre de Minas.
Nuestro país se caracteriza por un
vacío legal en este aspecto y hoy por hoy la industria extractiva debate una
normativa destinada a atender el complejo proceso que demanda el cierre de las
faenas mineras, luego de la explotación de los recursos no renovables.
Mientras finalizaba el primer
cuatrimestre de 2019, Carolina del Valle, directora nacional de Producción
Minera Sustentable (Secretaría de Política Minera de la Nación señaló a LOA en una entrevista exclusiva que los
actores de la actividad pugnan por la implementación de un sistema de “garantía
financiera” que cumpla el rol de un “seguro para evitar pasivos ambientales”.
En Latinoamérica, Chile y Perú avanzaron en este sentido.
En paralelo, en esta misma materia
está el trabajo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM no sólo
con las autoridades políticas argentinas, sino que también desplegó una labor
conjunta con The Mining Asociation of Canada en el programa “Hacia una Minería
Sustentable” (HSM). Se trata de un total de seis protocolos al que se le sumará
el Cierre de Minas y Argentina podría transformarse en el primer país en
implementarlo.
En tanto, en Santa Cruz el Gobierno Provincial también avanzó en esta iniciativa, de hecho, en febrero de este año el Ministerio de Producción y Comercio y la Secretaría de Estado de Minería recibieron la visita del Instituto Canadiense Internacional de Recurso y Desarrollo (CIRDI) que pasó por Argentina y brindó una serie de capacitaciones en evaluación de impacto ambiental, social y cierre de minas. La propuesta tuvo como sedes a la Ciudad de Buenos Aires y Río Gallegos. En aquella oportunidad, el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo, dijo a LOA que el “Estado Provincial tendrá un nuevo marco normativo, garantizando el cumplimiento estricto del plan de cierre mediante instrumentos financieros fijados por la Secretaría de Estado de Minería”.
Instrumentos financieros
Así, en este escenario freno de la
actividad exploratoria minera, lo que lleva a no extender la vida productiva de
los yacimientos en producción, el Gobierno Nacional salió a anunciar que espera contar en los próximos meses con un proyecto de
Ley de Cierre de Minas, a partir de consensos alcanzados con los actores
vinculados a la actividad minera y que contemplan una variedad de instrumentos
financieros para toda escala de emprendimiento.
El dato no es menor, pues mientras se desarrollaba la
última edición de Arminera 2019, Carolina del Valle, directora nacional de Producción
Minera Sustentable, confirmó a este medio que el debate estaba centrado
precisamente en la garantía financiera, pues se trata de un seguro que
funcionará como una garantía financiera a la hora de hacer frente a los
posibles pasivos ambientales futuros.
La agencia oficial Télam dio a
conocer que la secretaria de Política Minera,
Carolina Sánchez, resaltó la “necesidad de contar con una herramienta
regulatoria de gestión para llevar adelante la etapa de todo proyecto minero
que es el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de
vista sus aspectos financieros”.
En los últimos días, precisamente, se
terminó de discutir el aspecto de las garantías financieras incorporadas al
anteproyecto de ley que se encuentra ahora en etapa de revisión y consultas.
Desde la Secretaría de Minería de la Nación
indicaron que se trabajó con actores de los mercados de seguros, con
representantes del sector bancario, con autoridades nacionales de aplicación y
control afines, y con autoridades y técnicos del Ministerio de Minería de
Chile, país de la región con experiencia al respecto.
En forma simultánea se evaluaron los
distintos sistemas internacionales, analizando las fortalezas y debilidades de
cada uno, y modelando financieramente los eventuales impactos de la aplicación
de los sistemas en los proyectos de inversión.
“La finalidad es aportar una regulación que
ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de
proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres
progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que
al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente”,
agregó Sánchez.
El modelo de garantía que se requeriría en
el marco de este anteproyecto sería por el monto total estimado para el plan de
cierre y post-cierre, con un esquema de constitución gradual en relación al
valor actual neto.
De esta manera, el monto a constituir en
cada año sería proporcional al grado de desarrollo del proyecto y, en
consecuencia, al alcance de las actividades de cierre en cada momento. Al
respecto, Sánchez resaltó que “las mejores prácticas implican el fondeo
progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al
ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que
el cierre implica”, además de avanzar en la publicación de una “Guía de
Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas”.
La elaboración del anteproyecto como de la
guía también contó con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM,
APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland,
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile además del apoyo técnico del
Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus
siglas en inglés).
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