Discapacidad: TEA Santa Cruz aseguró que están “tristemente acostumbrados a que nos ignoren”

El Congreso debate el proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

El proyecto propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Silvina Lamas presidenta de la Fundación TEA Santa Cruz alertó en declaraciones a LU12 AM680 que aguardan por la implementación de la emergencia nacional de discapacidad. “Lo esperamos desde hace mucho tiempo. Las familias venimos muy golpeadas hace mucho tiempo, la actual gestión ignora el trabajo de las asociaciones y de esta manera atropella los derechos de las personas con discapacidades y viene en escalada ante los recortes. No quieren dialogar“.

Precisó que TEA Santa Cruz es representada en la Agencia Nacional de Discapacidad mediante el Consejo Federal de Discapacidad. “Ahí exponemos la realidad de las regiones del país y hacemos los reclamos para que sean escuchados, considerados y continuar trabajando en la mejora de la calidad de vida“. Remarcó que la calidad de vida está establecida en la legislación nacional argentina y en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que Argentina adhiere.

“Estamos tristemente acostumbrados a que no nos escuchen, que nos ignoren y ahora sumarle el destrato del Gobierno nacional”, aseguró.

Además, no dejó de lado el “riesgo de cierre que corren numerosas instituciones a lo largo de todo el país que son las únicas que brindan el servicio a las personas con discapacidad y sus familias.  Nosotros como asociaciones estamos hoy trabajando arduamente es porque hay una falta de presencia del Estado”.

Ausencia de atención médica

Los problemas para las familias no se terminan ante las decisiones que toma actualmente el Gobierno nacional de desfinanciar la contención que demandan para apostar por una mejor calidad de vida.

“No hay profesionales formados, hay pocos  y los que están formados escasean totalmente. Hay familias que integran listas de espera durante años para acceder al servicio de terapéutico. Muchos eligen no trabajar a través de las obras sociales, precisamente por esta desactualización de los aranceles”, alertó.

En este escenario, en Santa Cruz, “las familias que pueden, pagan por una prestación y después pelean con la obra social si es que tienen la suerte que admitan un reclamo para que la reintegren el servicio de esa prestación”.

Relató que se trata de una “cadena muy larga, las obras sociales que aceptan lo hacen a través de un amparo judicial, el desfasaje es de 3 meses, a veces 6. Es insostenible para las familias y muchas veces pierdan ese turno que tanto costó conseguir”, “además, acarrea una situación de salud para quienes están al frente de ese grupo familiar de contención de la persona con discapacidad, muchas veces con pérdida de trabajo, hay lugares laborales donde no admiten las salidas para la asistencia de las personas, no reconocen los derechos de llevarlos a terapia, entonces”.

Mientras que el presidente Javier Milei adelantó que vetará cualquier iniciativa que disponga de financiamiento para las personas con discapacidad, desde TEA Santa Cruz insistieron que “se están haciendo eco igual organismos internacionales que abogan por por los derechos de personas con discapacidad en Argentina, como comentábamos adherimos a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene rango constitucional en nuestro país”, “estamos tristemente acostumbrados a que no nos escuchen, que nos ignoren y ahora sumarle el destrato del Gobierno nacional”, aseguró y agregó que “no vamos a bajar los brazos y permitir que nuestros hijos queden sin sus atenciones, no vamos a permitir que haya un avasallamiento hacia un sistema que ya está colapsado y caído”.