La Cámara Federal de Piedra Buena divide aguas entre los diputados nacionales de Santa Cruz

La creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedra Buena volvió a quedar en el centro de la discusión política nacional. El proyecto presentado por el diputado santacruceño José Luis Garrido (se dictaminó este miércoles en la Cámara Baja), que propone derogar la Ley 27.154 sancionada en 2015, encontró resistencia en Unión por la Patria y otros bloques opositores al oficialismo, que presentaron un dictamen de rechazo y plantearon como alternativa que el tribunal tenga asiento en Río Gallegos o Ushuaia.

La iniciativa de Garrido, identificada como expediente 2331-D-2026, fue presentada el 20 de mayo y girada a las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda. Su objetivo es dejar sin efecto la norma que creó el tribunal federal para atender las causas provenientes de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El debate no es nuevo. La Ley 27.154, sancionada el 10 de junio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de ese año, estableció una Cámara Federal integrada por tres vocales y con jurisdicción sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La norma dispuso que funcionara como tribunal de alzada de los juzgados federales de ambas provincias.

Los argumentos a favor

Durante el plenario de las comisiones, la diputada nacional Ana María Ianni cuestionó los fundamentos utilizados para impulsar la derogación y defendió la existencia de una instancia de apelación propia para la región.

Uno de los principales argumentos de Garrido está relacionado con el costo que implicaría poner en funcionamiento una nueva estructura judicial en un contexto de restricciones presupuestarias. Frente a eso, Ianni sostuvo que los recursos destinados a la infraestructura y funcionamiento de la Justicia Federal corresponden al ámbito nacional, fundamentalmente a través del Consejo de la Magistratura, y no al presupuesto provincial de Santa Cruz.

La diputada planteó así que no se trata de elegir entre financiar un hospital, una escuela o una Cámara Federal, porque serían partidas de distinta jurisdicción. En ese sentido, sostuvo que los recursos federales destinados al tribunal no deberían interpretarse como fondos que se quitan de otras áreas provinciales.

Para Ianni, además, el argumento de la eficiencia pierde fuerza frente al avance de la digitalización judicial, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, herramientas que permiten reducir la necesidad de traslados físicos de magistrados, abogados y partes.

Otro de los puntos planteados por quienes defienden la Cámara es que la cantidad de habitantes de Piedra Buena no debería ser el parámetro para determinar su localización. La institución no fue concebida exclusivamente para atender a los habitantes de esa localidad, sino para constituirse en tribunal de alzada de los juzgados federales de una extensa jurisdicción patagónica.

La propia ley establece que su competencia territorial alcanza a Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que su función es revisar las decisiones de los juzgados federales de ambas provincias.

Desde esta perspectiva, el lugar elegido en 2015 respondió a una lógica de descentralización territorial de la Justicia Federal.

Piedra Buena frente a Comodoro

La discusión tiene como antecedente central la estructura judicial que existía antes de la sanción de la Ley 27.154.

Durante años, los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego tuvieron como tribunal de alzada a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut. La nueva ley modificó esa distribución y reservó para Comodoro Rivadavia la competencia sobre los juzgados de Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego pasarían a depender de la nueva Cámara.

Quienes defienden la creación de la Cámara sostienen que mantener la instancia de apelación en Comodoro Rivadavia implica conservar una estructura centralizada que obliga a recorrer grandes distancias para acceder a una segunda instancia judicial.

Ese fue, precisamente, uno de los argumentos utilizados por los postulantes que posteriormente fueron designados como camaristas.

En las audiencias públicas de 2022, Marcelo Bersanelli sostuvo que la creación del tribunal representaría la primera Cámara de Apelaciones de la región y remarcó que Santa Cruz y Tierra del Fuego debían trasladarse hasta Comodoro Rivadavia para acceder a esa instancia.

Bersanelli consideró que Piedra Buena tenía una ubicación estratégica, al encontrarse prácticamente equidistante de distintos puntos de la jurisdicción y permitir una mejor conexión entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El Consejo de la Magistratura, de hecho, había avanzado previamente con el Concurso 364 para cubrir los tres cargos de vocal de una Cámara que todavía no estaba habilitada.

Argumentos históricos en contra

La posición contraria a la Cámara también tiene antecedentes parlamentarios.

En 2017, el entonces diputado Pablo Tonelli presentó un proyecto para derogar la Ley 27.154 y restablecer la competencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Entre los cuestionamientos que aparecieron alrededor de la iniciativa estuvieron el bajo volumen poblacional de Piedra Buena, los costos de infraestructura, la conectividad y la necesidad de crear una estructura judicial completa en una localidad pequeña.

También se planteó que la ubicación no necesariamente resultaba conveniente para todos los habitantes de la jurisdicción. Para sectores de la zona norte de Santa Cruz, por ejemplo, el traslado hacia Piedra Buena podía representar una distancia considerable y no necesariamente una mejora respecto del vínculo histórico con Comodoro Rivadavia.

El cuestionamiento, entonces, no se limitaba a una discusión sobre la existencia de la Cámara, sino también sobre dónde debía estar ubicada.

Ese debate fue retomado posteriormente por distintos sectores que plantearon que una eventual Cámara Federal para la Patagonia austral debería tener asiento en una ciudad con mayor infraestructura, conectividad aérea y servicios judiciales.

Río Gallegos o Ushuaia

El dictamen impulsado por Unión por la Patria introduce una diferencia respecto de los proyectos que directamente buscaban eliminar la Cámara: no plantea resignar la descentralización de la Justicia Federal, sino discutir nuevamente su ubicación.

Por eso aparecen como alternativas Río Gallegos y Ushuaia.

El planteo busca conservar la jurisdicción diferenciada para Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero trasladar el asiento del tribunal a una ciudad con mayor infraestructura y conectividad.

En el caso de Río Gallegos, el argumento central es su condición de capital provincial, la concentración de organismos públicos y judiciales y su infraestructura aeroportuaria. Ushuaia, en tanto, representa la capital de Tierra del Fuego y permitiría colocar la Cámara dentro de la jurisdicción que también debe atender.

La discusión vuelve así al punto original: no existe consenso sobre si la descentralización debe concretarse en Piedra Buena, en Río Gallegos, en Ushuaia o si debe mantenerse el esquema de Comodoro Rivadavia.

Una Cámara creada por ley

Uno de los aspectos que complejiza el debate actual es que la Cámara no es simplemente un proyecto futuro: fue creada por ley hace más de una década y sus tres vocales fueron designados por el Senado en 2022.

El 16 de noviembre de ese año, la Cámara Alta aprobó los pliegos de Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli para ocupar los tres cargos de vocales. El propio Senado confirmó oficialmente esas designaciones.

Los tres habían atravesado previamente el proceso de selección del Consejo de la Magistratura y las audiencias públicas correspondientes.

Incluso documentación oficial del Ministerio de Justicia identifica a Bersanelli, Borges y Sánchez como los tres vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena y señala expresamente que el tribunal fue creado por la Ley 27.154.

Esto constituye uno de los principales argumentos utilizados actualmente por quienes rechazan la derogación.

Según la postura de Ianni, eliminar la ley después de haber completado el proceso de selección y designación de los magistrados podría generar un escenario de incertidumbre institucional y eventualmente abrir reclamos contra el Estado.

El debate sigue

El debate, en definitiva, no se reduce a determinar si una Cámara Federal debe funcionar en una localidad de alrededor de 10.000 habitantes.

Lo que vuelve a discutirse es el modelo de administración de Justicia Federal para la Patagonia austral.

De un lado están quienes consideran que mantener una Cámara con asiento en Comodoro Rivadavia resulta más eficiente y evita duplicar estructuras judiciales, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias.

Del otro, quienes defienden la descentralización advierten que la eficiencia no puede medirse únicamente en términos económicos y que el acceso a la Justicia también depende de la proximidad territorial, las distancias y la posibilidad de contar con una segunda instancia dentro de la propia región.

La Cámara ya tiene ley, ya tiene jurisdicción, ya tiene tres magistrados designados.

La propia legislación de 2015 buscó modificar ese esquema: creó la Cámara de Piedra Buena, le asignó jurisdicción sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego y, al mismo tiempo, redujo la competencia de Comodoro Rivadavia a los juzgados federales de Chubut.

Ahora, once años después de aquella decisión, el Congreso vuelve a discutir el mismo problema.

La diferencia es que esta vez el escenario es más complejo: la Cámara ya tiene ley, ya tiene jurisdicción, ya tiene tres magistrados designados y, sin embargo, todavía no funciona plenamente como la instancia de apelación federal que el Congreso creó en 2015.

El proyecto de Garrido propone cerrar definitivamente ese capítulo. El rechazo de Unión por la Patria busca, en cambio, mantener la idea de una Cámara para la región, aunque con Río Gallegos o Ushuaia como posibles nuevos destinos.

Así, el debate que comenzó hace más de una década vuelve al Congreso con una pregunta de fondo que todavía no encontró respuesta: ¿cómo debe organizarse la Justicia Federal en el extremo sur del país para garantizar, al mismo tiempo, eficiencia, federalismo y acceso efectivo a la segunda instancia?