Para ahorrar USD 300 millones, la motosierra pasaría por la “Zona Fría” del gas

El Gobierno nacional busca limitar el alcance del Régimen de Zona Fría en la tarifa de gas natural. De esta forma, a las condiciones que ya impuso para limitar el acceso, ahora estaría analizando la viabilidad de emitir un DNU que, directamante, derogue la ampliación del Régimen que se dio por ley en 2021.

Los abogados del Ministerio de Economía están estudiando las consecuencias legales de un DNU de esas caraceterísticas, según indicó el sitio especializado Econojournal. Pero no habría ni fecha ni unanimidad de criterio para avanzar en la decisión.

Bases legales

Los letrados del Ministerio de Energía y los de la Secretaría de Energía, creen que a través del decreto se podría modificar el régimen. Y apuestan a un DNU, entendiendo que en el Congreso sería muy difícil derogar la norma que amplió de los 850 mil usuarios patagónicos originales y a casi 4.000.000 de usuarios que habitan en el 50% del país, incluso en zona templadas de Córdoba y Santa Fe.

Una de las incógnitas es si el DNU podrá resistir el aluvión de medidas cautelares que podrían surgir de las zonas afectadas. Sobre todo porque el tema, tuvo discusión en el Congreso, cuando se aprobó la Ley de Bases y se quitó de la discución al régimen y al fondo fiduciario que le da sustento (ley 27.637), ante la advertencia de los gobernadores que ambos no eran susceptibles a modificaciones.

El tema es complejo y un pedido al Congreso de derogar la ampliación de 2021 es poco probable que logre adhesión. Y aunque por lo bajo, no son pocos los legislaores que reconocerían que esa ampliación “desvirtuó” el objetivo del Régimen de Zona Fría, nadie quiere pagar el costo político de derogarlo.

De superávit a costo para el Tesoro

Por ley, el Régimen de Zona Fría se financia con el pago de un recargo que en sus boletas, realizan los usuarios de gas natural del país que no gozan del beneficio.

En su momento, la recaudación, en base al índice original fijado por la zona patagónica, Malargüe y La Puna (ley 25.765), alcanzaba con creces para hacer frente al descuento en las facturas de gas de los habitantes de la región fría, del 50% sobre el consumo.  Es que los usuarios del resto del país pagaban un recargo de 4,46% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Pero con la ampliación, impulsada por el, entonces, oficialismo nacional en el Congreso  (Unión por la Patria) en 2021, la ecuación se revirtió. En los hechos, no sólo se amplió la zona geográfica con un beneficio del 30% sin distinción, sino que a los beneficiarios “vulnerables” se les aumentaba el beneficio al 50%. Para eso, se elevó el recargo del 4,46% al 5,4%.

Luego, en lo que va de la gestión de Javier Milei, ese recargo sufrió dos incrementos más, al 6% primero y al 6,2% que rige en la actualidad. Sin embargo el dinero recaudado no alcanza. Las autoridades de Economía aducen que el costo al Tesoro Nacional ronda los USD 300 millones para cubrir el desfasaje que tiene el Régimen al día de hoy.

Aducen que los usuarios, no alcanzados con el Régimen, deberían pagar, al menos, un 10% más caras sus boletas para que el Fondo Fiduciario alcance. De ahí que se avanzó, primero en limitar el acceso al 50% por parte de la zona ampliada, de aquellos usuarios que, considerados de la población vulnerable, resulten tener más de un medidor a su nombre, entre otras definiciones.

Pero como con eso, tampoco alcanza, ahora apuntan a diréctamente quitar ese beneficio y dejarlo en su formato original: 50% de descuento en el consumo a las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Pero en esto se avanzaría sólo si hay certezas de el DNU sea “sólido”, es decir que la Justicia lo avale y no acepte las medidas cautelares. De ser así, se cree que, la publicación del decreto se podría realizar, después de las elecciones legislativas de octubre. Eso implicaría que 3,1 millones de usuarios dejarán de gozar los beneficios que vienen teniendo en sus boletas de gas, desde 2021.

Esta decisión no sólo está respaldada por los USD 300 millones de dólares que cuesta la ampliación al Tesoro Nacional, sino también en que, desde que se amplió el régimen, en las nuevas zonas el consumo del gas se disparó un 7%, cuando en el resto de las provincias se retrajo hasta un 9%.