A minutos de iniciada la sesión pública de este sábado 15 de noviembre, la Sala Juzgadora absolvió a Fernando Basanta en el juicio político iniciado en su contra y determinó que debe retornar a sus funciones como vocal del Tribunal Superior de Justicia, además de percibir los haberes retenidos durante los 30 días de suspensión.
El fallo fue leído por el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien presidió la audiencia que puso fin a un proceso que marcó la agenda política y judicial de las últimas semanas.
La decisión llega luego de que este viernes, tal como había adelantado La Opinión Austral, los doce diputados que integran la Sala deliberaran en una sesión secreta posterior a la última audiencia pública.
La Sala Juzgadora está compuesta por: Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García y Lorena Ponce (Unión por la Patria); José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez y Fernando Españon (Por Santa Cruz); Daniel Peralta y Carlos Alegría (bloques unipersonales).
Ellos emitieron su voto respecto de la denuncia realizada por el abogado Sergio Macagno y la acusación de la Sal Juzgadora, quienes sostuvieron que Basanta había asumido su cargo sin cumplir con los seis años de ejercicio profesional que exige la ley para integrar el máximo tribunal de justicia de Santa Cruz.
La Audiencia Pública comenzó a las 9:30 horas, y fue la diputada del oficialismo Fabiola Loreiro quien pidió tomar la palabra para referirse a la defensa que realizó el propio Basanta en la jornada anterior. Loreiro planteó que la responsabilidad de la situación no recaía en Basanta de manera individual, sino en decisiones previas tomadas en el ámbito legislativo. Señaló que la terna que debía haberse presentado para la elección del vocal “no llegó completa al recinto”, contrariando —según expresó— el reglamento de la Cámara y lo previsto por la Constitución provincial.
“Lamento que su impecable currículum se haya visto viciado por unanimidad por algo que era de fácil comprensión, de fácil lectura, y que se enseña a mis estudiantes de cuarto grado cuando hablamos de la Constitución”, expresó, subrayando que lo ocurrido debía analizarse no solo desde la legalidad sino desde la responsabilidad institucional.
En su exposición, que incluyó referencias a la formación ética, la función docente y la confianza pública en el sistema judicial, Loreiro afirmó que la ciudadanía “necesita creer en la justicia”, y que los funcionarios deben actuar con independencia política y respeto por la Constitución.
También aludió a un pasaje del alegato de la defensa que, según dijo, generó preocupación en algunos diputados: “Me preocupó porque sentí un acto de que deberíamos tener miedo por tomar una decisión. Y no debe ser así: debemos confiar en ustedes”.
Loreiro cerró su intervención con un mensaje sobre el impacto institucional del caso: “Tenemos que dar un mensaje claro. Para algunos esta decisión será justa, para otros injusta, pero debe quedar claro que fue tomada con compromiso por la libertad y por el bien común”.
La defensa de la herramienta del juicio político
Luego intervino Adriana Nieto, diputada también del oficialismo, quien destacó que el juicio político “es una herramienta de la democracia” y defendió la actuación de ambas salas. “Se trabajó mucho y se trabajó con conciencia”, aseguró, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de los gobiernos que “incumplen preceptos constitucionales” y generan “quiebres democráticos silenciosos”.
La resolución completa de la Sala Juzgadora
El veredicto, leído por Secretaría, estableció cinco puntos clave:
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 139 de la Constitución provincial, habiendo esta sala juzgado al doctor Fernando Miguel Basanta en carácter de vocal miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, que en virtud de la acusación presentada por la Sala Acusadora de fecha 15 de octubre del 2025, habiendo ido a la Comisión Acusadora en representación de la Sala Acusadora y al acusado a través de su defensa legal, hecho en absoluto cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 13 de la Ley 13 y su modificatoria número 570 que tramita la presente causa, de conformidad a la normativa citada, ha emitido en sesión secreta la votación individual de los 12 diputados que componen esta sala, habiendo resultado la absolución del acusado.
Por ello, la Sala Jugadora de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz resuelve:
Artículo 1: Absuélvase al acusado doctor Fernando Miguel Basanta por no reunir los recaudos suficientes para considerar que el mismo haya incurrido en la causal establecida en el artículo 138 de los siguientes cargos:
- Aceptación de cargos públicos sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales exigidos.
- Posible comisión de delitos previstos en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal Argentino.
- Incumplimiento de los deberes éticos previstos en la Ley 3325 Ley de Ética de Función Pública.
- Conductas negligentes e incompatibles con los principios de idoneidad y moralidad exigibles al ejercicio de la función pública.
- Posible participación en un esquema coordinado de designaciones irregulares que compromete la independencia del Poder Judicial.
Artículo 2: Déjese sin efecto la suspensión al doctor Fernando Miguel Basanta en el ejercicio de sus funciones con el gozo de medio sueldo.
Artículo 3: Reitérese al doctor Fernando Miguel Basanta al cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia, cliente al ejercicio de sus funciones con el goce íntegro de sus saberes y la devolución de la remuneración adeudada.
Artículo 4: Notifíquese y, cumplido, archívese.
Tras conocerse la resolución, el vicegobernador Fabián Leguizamón agradeció a los diputados por el trabajo realizado, a la Sala Acusadora y a la Sala Juzgadora y luego cedió la palabra a la diputada Rocío García quien calificó al juicio político como “un circo” y un “show montado por la política que no tiene ningún sentido” y pidió que se resuelvan los problemas en el ámbito político adecuado.
Quien le respondió fue la diputada Fabiola Loreiro quien reiteró que a la hora de la designación de Basanta en 2022 no se había respetado la Constitución.
Por otra lado, aseguró que están hace 2 años “con la Justicia metida a pleno en la Cámara de Diputados sin dejarnos trabajar y trabando leyes que el poder Ejecutivo necesita”.
Cómo fue la última audiencia antes del fallo
El viernes por la tarde, la Sala Juzgadora retomó el proceso a las 15:00. Durante la jornada se releyó la acusación y se concedió nuevamente la palabra a Basanta, quien defendió la legalidad de su designación y cuestionó los fundamentos de la denuncia. Luego, y tras un cuarto intermedio, los legisladores desalojaron el recinto para desarrollar la sesión secreta en la que definieron la votación final.
La reunión privada, que se extendió por aproximadamente una hora, permitió que cada diputado fijara posición y argumentara su voto. Según confirmó este medio, la definición quedó sellada en esa instancia y la decisión de absolver a Basanta se mantuvo sin modificaciones hasta su lectura formal este sábado.
Reacciones dentro de la Legislatura
Al finalizar la sesión secreta del viernes, el diputado Daniel Peralta adelantó a La Opinión Austral que la resolución sería entregada este sábado. “Cada uno fijó su posición. Pudimos establecer el mecanismo de por qué votaba cada uno”, señaló. Además, insistió en la necesidad de “destrabar y normalizar” el funcionamiento del Poder Judicial, cuestionando la judicialización de la política y el freno institucional que generan las medidas cautelares que afectan al Tribunal Superior.
Por su parte, la diputada Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz, confirmó el carácter público de la audiencia de este sábado y reivindicó el juicio político como una herramienta democrática válida. En tanto, Eloy Echazú (Unión por la Patria) subrayó que se cumplieron todos los plazos legales del proceso y que la votación contó con la participación de los doce miembros de la Sala Juzgadora.
Qué implica la absolución de Basanta
Con el veredicto de este sábado, Fernando Basanta queda plenamente habilitado para retomar su cargo como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Además, la resolución ordenó hacer efectivo el pago del sueldo adeudado durante el período de suspensión, que comenzó el 15 de octubre y se extendió por treinta días corridos.
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