La violencia de género se sustenta en un sistema social de desigualdad y desequilibrio de poder entre los varones y las mujeres.
Si bien todos los tipos de violencia restablecen la situación de subordinación de las mujeres, la violencia económica y patrimonial cercena aún más los procesos de autonomía y, en el contexto de las relaciones de pareja, resulta ser un motivo significativo para la continuidad del dominio y el control sobre sus vidas.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones.
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En Argentina, la Ley N° 26.485 en su Artículo 5 conceptualiza los distintos tipos de violencia de género y en el Inciso 4 define a la violencia económica y patrimonial como “la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
- a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
- b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
- c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
- d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”.
Esta norma estipula una serie de medidas de protección para las mujeres a los fines de salvaguardar sus bienes y patrimonio y, de ese modo, reestablecer su autonomía.
El 31% de las mujeres que denuncian acusan este tipo de violencia de género
Ante la Oficina de Violencia Doméstica el año pasado la violencia económica y patrimonial estuvo presente en el 31% de las denuncias, unos 4.759 casos en todo 2018.
El índice crece un poco cuando el vínculo es con la pareja y se eleva al 36%, mientras que en la familiar llega al 31%.
En este primer trimestre del año se mantiene en el 36% de los casos que involucran a las relaciones de parejas pero cayó al 26% en las relaciones con los padres o los hijos, en los casos de las adultas mayores.
En el informe específico sobre violencia económica y patrimonial del año 2017 se registró que 36% de las mujeres afectadas de 18 años y más fueron víctimas de violencia de tipo económica y patrimonial. Unos 3.070 casos.
El 95% de las personas denunciadas por este tipo de violencia fueron varones.
La mayoría de los victimarios son ex parejas
Entre las mujeres que sufren violencia de tipo económica y patrimonial, 85% tiene un vínculo de tipo pareja con la persona denunciada: 49%, son ex parejas y 36% cónyuges, convivientes o novios.
Las mujeres afectadas la mayoría trabaja
Entre las mujeres afectadas según condición laboral, el 60% son ocupadas remuneradas mientras que entre las mujeres afectadas por violencia económica esta condición aumenta a 62%.
La mayoría de las denuncias se presenta luego de la separación
De los relatos de las mujeres afectadas (de 18 años y más) que denuncian violencia de género, la violencia económica atraviesa todos los niveles socioeconómicos (36%). Se observa que 62% de mujeres que sufren violencia económica patrimonial son ocupadas remuneradas. Sin embargo, las más vulnerables ?escasos recursos propios, baja escolaridad, acotada red familiar y social, y déficit de acceso a bienes y servicios? se ven afectadas diferencialmente por una mayor dependencia económica hacia los varones.
Este tipo de violencia se detecta en mayor grado en las denuncias de las mujeres adultas mayores(46%). Por lo general, se produce una apropiación de sus bienes, espacios habitacionales y quita de recursos, que operan como obstáculo a una adecuada alimentación y atención de salud.
Respecto a las mujeres jóvenes y adultas, las modalidades aparecen asociadas al retaceo del aporte económico cuando el varón resulta ser el único sostén del hogar, en ocasiones haciendo peligrar la supervivencia de la persona afectada; el chantaje ligado a los abusos sexuales; la quita o manejo unilateral de recursos propios o comunes, incluso los destinados al trabajo; el despojo o rotura de objetos personales, entre otras.
Por otra parte, la mayoría de las denuncias se presenta luego de la separación de la pareja (49%). En estos casos, aparece un agravamiento de la violencia económica y patrimonial por el incumplimiento del aporte alimentario para la crianza de las hijas e hijos y objeciones a la división del patrimonio. Esto último asociado a maniobras conducentes a la continuidad del vínculo que, en ocasiones, pueden llegar a la perpetración de una modalidad extrema de violencia, el femicidio.
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