Franco Castelli, el soldado apartado del Ejército por sus dichos sobre matar a Máximo Kirchner y a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, se sentó el jueves ante el juez Claudio Vázquez, pero prefirió el silencio.
La decisión de avanzar sobre él se tomó el 4 de noviembre, el mismo día que al Juzgado Federal de Río Gallegos llegaron las actuaciones que giró el juez que investiga a Revolución Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, que días antes había ordenado la detención de cuatro miembros de la agrupación fascista, aunque luego fueron liberados por la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, sospechados por sus vínculos con el macrismo.
Tapa de LOA, 02/09/22.
La charla duró dos horas, pero lo que llamó la atención fue que se produjo el 26 de agosto, el día que- luego se supo-, Brenda Uliarte, integrante de Revolución Federal, y Fernando Sagab Montiel fallaron en su primer intento de ejecutar a Cristina.
Morel y Castelli hablan de cómo el asesinato debería ser cometido por un infiltrado entre los manifestantes que por esos días apoyaban a CFK en Uruguay y Juncal, frente a la avanzada del lawfare que con el alegato del fiscal Diego Luciani marcó su punto de mayor algidez.
El juez federal de Río Gallegos advierte que Revolución Federal se estaba “radicalizando”
Pero hay un tramo del intercambio que, tal como ya dio a conocer La Opinión Austral, dejó especialmente expuesto a Castelli:
Morel: -¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?
Castelli: -Sí.
Morel: -Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no?
Castelli: -Sí, de Gallegos, estoy acá.
Morel: -¡Uy! ¡Cómo no lo mataste boludo!
El audio se conoció a dos semanas del intento de magnicidio del primero de septiembre, cuando finalmente Sabag Montiel logra acercarse a Cristina y gatillarle a centímetros de la sien izquierda.
A contramano de lo que opina el arco político del Frente de Todos, el episodio que puso en jaque a la democracia argentina se investiga en dos expedientes distintos. Por un lado, la jueza María Eugenia Capuchetti apura la elevación a juicio de Sabag Montiel, Uliarte y otros integrantes de la llamada “Banda de los copitos” que puso el cuerpo al atentado. Y por el otro, el juez Martínez de Giorgi tiene bajo la lupa a Revolución Federal que, tras su surgimiento en mayo de este año, organizó varios escraches violentos y ataques a funcionarios del oficialismo.
En esa organización, que recibió transferencias millonarias por parte de las empresas de Luis Caputo, exministro de Hacienda y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, militaba Castelli.
El único testimonio del exsoldado surge de su confesión en la madrugada del 15 de septiembre, cuando fue sentado ante el auditor de la Brigada Mecanizada XI del Ejército Argentino. No sólo reconoció su pertenencia a la agrupación terrorista, sino que cuando le preguntaron por qué hacía expresiones de odio en sus redes sociales, argumentó que sentía “descontento con la situación del país”.
El juez federal de Río Gallegos advirtió que Revolución Federal se estaba “radicalizando”.
En su publicación del 16 de agosto, esta periodista dio a conocer cómo era el comportamiento de Castelli en redes, sobre todo Twitter, donde se limitaba a compartir noticias de “La derecha Diario“, fuente de fake news, pero sobre todo de cuestiones vinculadas a las actividades y dichos del economista libertario Javier Milei.
No es lineal. Revolución Federal tiene vínculos, al menos económicos, con el PRO, pero su discurso es el odio y la violencia explícita, y ahí convergen tanto las posiciones de derecha como las de libertarios.
Castelli confesó que se metió en la organización en el mes de agosto. Y según el peritaje de sus celulares, el que llevaba encima el día de su declaración en el Ejército y el que se secuestró en el allanamiento que el día siguiente ordenó el juez Vázquez en su casa, su participación en foros y redes con mensajes contra el Gobierno se había convertido en su principal actividad.
Incluso llegó a llamar a medios de comunicación porteños para que lo dejaran decir lo suyo.
Castelli tiene prohibido acercarse al diputado y a cualquier miembro de su entorno familiar
El 21 de octubre, el Juzgado Federal de la capital santacruceña le pidió a De Giorgi que informara si acaso su investigación incluía a Castelli, si este estaba mencionado en su expediente, para, en consecuencia, analizar si la causa debía ser girada a esos estrados en Buenos Aires.
La respuesta, luego de dos semanas y varios llamados por parte de la Secretaría Penal a cargo de Carlos Cerezoli y del propio Vázquez a de Giorgi, llegó recién el 4 de noviembre, con la copia de los procesamientos y la confirmación de que en la causa del magistrado porteño el exsoldado aparece mencionado una sola vez y es por el audio que aportó la AFI. Sólo eso.
Revolución Federal comenzó a operar como organización en mayo de este año, con una serie de escraches violentos que incluyeron guillotinas, antorchas, insultos a legisladoras, al ministro de Economía Sergio Massa y ataques a vehículos oficiales, pero no fueron los primeros episodios de violencia que sufrió el peronismo. Meses antes hubo atentados al Instituto Patria y a un local de La Cámpora en Bahía Blanca. El clima se estaba gestando.
En el marco del intento de asesinato a la dos veces presidenta, Sabag Montiel y Uliarte fueron procesados por el delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. Ella en calidad de coautora. Sin embargo, a más de tres mil kilómetros de aquel suceso y sin un acto de cuerpo presente que lo involucre, ¿de qué se acusa al exsoldado de Río Gallegos?
Para el juez, está probado que Castelli formaba parte de Revolución Federal y que no podía desconocer que esa organización planificó, coordinó y difundió mensajes de odio, realizó actos intimidatorios y manifestaciones violentas. A todo eso, el grupo lo hizo principalmente desde las redes sociales con las que el exsoldado interactuaba, alimentando una estructura que tiene como fin imponer ideas antidemocráticas y combatir a quienes no pensaban como ellos, incitando públicamente a la violencia colectiva. Revolución Federal no decía que los kirchneristas eran “chorros”, sino directamente pedía que los mataran.
En este punto es interesante que el juzgado riogalleguense, que no tiene que investigar a Revolución Federal, sino que sólo se ocupa de uno de sus integrantes confeso, suma a la narrativa de una buena parte de la sociedad que hoy entiende que este grupo, sus escraches y consignas, son un peligro y que entre julio y septiembre se ocuparon de atemorizar a la población.
Existe hoy en nuestro país una franja que por desconocimiento o por ser permeable a la instalación de la idea de que se trata de “loquitos sueltos“, muy conveniente para quienes creen que la proscripción y el exterminio son la salida, ven a este colectivo violento- que no es el único- como un componente más del universo de desencantados con el rumbo del país.
Ya la semana pasada, en ocasión de hablar en un acto de la UOM, la vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo: “Esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos un funcionario que endeudó a la República Argentina”.
“Esos indignados que eran reproducidos por la televisión (…) no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso. Cortenla con los indignados que no va más“, subrayó.
Lo que no va más es que no sepamos qué hubo detrás del intento de asesinar a la primera mujer presidenta elegida por el voto popular. Y esa es una tarea a la que se debe la Justicia, aun cuando tensar los hilos resulte en desnudar la escena para la gran mayoría, que es la que no quiere un país de morondanga. Y ¿qué país es en serio si las instituciones no dan respuestas?
Por eso el juez Vázquez va más allá en su razonamiento y también advierte que Revolución Federal se estaba “radicalizando“. Es decir, que sus ideas sobre el gobierno, el kirchnerismo o el peronismo, ya no formaban parte de lo que todos los argentinos y argentinas tenemos reservado en nuestra Constitución como un derecho a pensar lo que se nos dé la gana, sino que aquello había traspasado la barrera de lo legal para convertirse en una amenaza pública.
En este sentido, es muy claro el fiscal Gerardo Pollicita cuando, en su dictamen contra Revolución Federal, recuerda el precedente de un grupo extremista que fue juzgado y el tribunal “no criminalizó en ningún momento formas de ser o personalidades, sino expresiones o exteriorizaciones que superan la barrera del Art. 19 de la Constitución Nacional pues lesionan los derechos de terceros. No se trató de la criminalización de meros pensamientos o de expresiones inocuas, sino de acciones que infundieron temor público en concreto y por el sólo hecho del mensaje público que emitió el acto de asociarse”.
Revolución Federal comenzó a operar como organización en mayo de este año
No es cierto que en el caso contra Revolución Federal se esté persiguiendo a quienes piensan en contra del Gobierno. Por el contrario, esa es la excusa que encuentran quienes sostienen la violencia como forma de hacer política para generar caos y confusión en las puertas de un año electoral.
Por eso también los estrados de la capital santacruceña, aun cuando nada pueden hacer sobre el grupo fascista, se meten en lo que pasó el primero de septiembre y se ocupan de aclarar que aunque no hayan dejado los dedos marcados, Revolución Federal contribuyó al clima de odio que derivó en el intento de magnicidio.
¿Todavía?
Si Castelli estaba en RF desde agosto, está claro que su única participación en el grupo no pudo ser la del space de Twitter donde hablaba de matar a Máximo Kirchner.
Por eso en el juzgado de Vázquez hay un misterio en esa charla que resuena estridente y su silencio no ayudó a descifrar: Y es que en un momento Morel le pregunta si “TODAVÍA” pasaba por la casa del líder de La Cámpora. Ergo: Castelli pudo previamente haber dado información al grupo violento respecto de dónde quedaba la casa y que para él era posible pasar por ahí.
La imputación contra el exsoldado es entonces la que marca el artículo 213 bis del Código Penal, que dice que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que… tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Así dispuso el juez este lunes que Castelli tiene prohibido acercarse al diputado Máximo Kirchner y a cualquier miembro de su entorno familiar (en Río Gallegos viven su exesposa y sus hijxs).
El exsoldado quedó procesado, no puede estar a una distancia inferior a los doscientos metros de ellos y, además, se le impuso un embargo por un millón de pesos.
Castelli puede pensar lo que quiera del Gobierno, decirlo y escribirlo, lo que no puede hacer, ni el exsoldado ni nadie, es organizarse para cometer actos antidemocráticos. Ese es el mensaje que salió ayer desde el sur del continente, en el inicio de una semana que calienta motores para que la vicepresidenta vuelva a enfrentarse a causas que nacieron con la persecución de Cambiemos. Aquella que fue un relato de corrupción judicializado, exaltado hasta el punto de querer volarle la cabeza. ¿Llegará el mensaje?
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