Luego de una audiencia realizada en el juzgado del distrito sur de Nueva York, a cargo de Loretta Preska, el Gobierno nacional y la empresa petrolera YPF obtuvieron 90 días de extensión para presentar pruebas en el juicio por las denominada Causa Petersen, por la estatización de YPF en 2012.
La otra parte, el fondo Burford Capital que litiga en nombre del Grupo Petersen , había pedido que ese plazo no se extienda más de 30 días. Pero el Gobierno argentino pidieron más tiempo para traducir los documentos que deben presentarse en el tribunal estadounidense.
Preska atendió el reclamo de Argentina luego de que el año pasado rechazara que la causa se realice en el país, bajo la legislación local a pesar de que los hechos ocurrieron en el sur del continente, los testigos son locales y las pruebas están en español.
La jueza de Nueva York Loretta Preska extendió el “discovery” 90 días a pedido del Gobierno argentino.
En abril de 2012, el Gobierno argentino decidió recuperar la empresa petrolera de bandera que estaba en manos mayoritarias de la firma española Repsol.
El Congreso avanzó con una ley de expropiación y el Estado compró el 51% de las acciones. En 2015 el Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, presentó una demanda en Nueva York por verse perjudicada con la expropiación de sus acciones en los mismos términos en que se habían comprado el porcentaje de Repsol.
Cuando el Gobierno argentino se hizo cargo de la empresa dispuso que los dividendos sean reinvertidos para aumentar la producción y no únicamente para generar ganancias.
Esto llevo a la quiebra al Grupo Petersen que había comprado su paquete accionario del 25% a través de un crédito bancario y a la propia Repsol, que tenía como garantía esos dividendos.
En el marco del juicio por la estatización de YPF, el fondo Burford Capital, que compró los derechos para litigar, sostiene que cuando se expropiaron las acciones de YPF, los socios minoritarios tenían derecho a recibir una oferta igual a la recibida por el socio mayoritario.
Ahora la causa esta en proceso de “discovery”, que es cuando las partes buscan información para presentar ante el tribunal y la petrolera de bandera y el Gobierno argentina tienen 90 días más de plazo para hacer la presentación.
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