Se cierra la puerta del Procrear: el Gobierno publicó el procedimiento para liquidar el programa

El Gobierno de Javier Milei estableció este lunes una serie de lineamientos para liquidar en su totalidad el programa ProCreAr, que ofrecía líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.

A través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía comunicó una serie de procedimientos que serán necesarios para desmantelar el fondo fiduciario que administraba el programa que había sido creado en 2012.

La decisión había sido anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “El plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.

En ese sentido, la resolución, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que “la adopción de las medidas que resulten necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Gestión de Cobranzas a celebrarse entre este ministerio y el Banco Hipotecario, suscribiendo los actos jurídicos pertinentes a dicho efecto”.

En tanto, el organismo asegura la continuidad de los procesos financieros y la correcta disposición de los bienes involucrados luego de su eliminación. La Secretaría de Obras Públicas estará a cargo de ese procedimiento.

En la disposición establecen que se mantendrán las mismas condiciones de retribución establecidas originalmente, según lo estipula en el contrato con el Banco Hipotecario. En tanto, la institución desempeña el rol de fiduciario para la gestión de los créditos individuales que aún deben ser administrados hasta su total liquidación.

En esa misma línea, la medida autoriza la celebración y suscripción de un Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales entre la cartera que dirige Luis Caputo y la entidad bancaria. En el caso de bienes, inmuebles que no estén afectados a contratos de locación de obra vigentes, deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como se mencionó en el decreto 1018/2024 que dispuso la disolución publicada el 13 de noviembre.

Por su parte, señalaron que “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”. Asimismo, en la medida recalcaron que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.

A su vez, desde la Subsecretaría Legal confirmaron que deberá involucrarse en los procedimientos judiciales que puedan surgir a raíz del desmantelamiento del fondo fiduciario. En esta caso, la publicación también recordó lo establecido en el artículo 5 del decreto original,

En lo que respecta a la posibilidad adoptada, desde el Ministerio de Economía confirmaron la transferencia de inmuebles o unidades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado Nacional, con la “previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación”