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El Ministerio de Seguridad de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial, procedió este jueves al desalojo de una comunidad mapuche que mantenía ocupado desde 2020 ilegalmente un sector del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.
“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, publicó en su cuenta de X el director de parques nacionales, Cristian Larsen.


El funcionario aludió de ese modo a la ocupación que mantenía la comunidad mapuche “Lof Paillako“, encabezada por Cruz Cárdenas, y cuyo desalojo fue ordenado por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien interviene en la causa por tratarse de un parque nacional cuyas tierras son federales.
Apoyo
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el predio fue desalojado por las fuerzas federales manera pacífica y cuestionó a los ocupantes ilegales. Lo que se hizo, dijo, “es ni más ni menos que cumplir la ley”.
Desde la gobernación se señaló que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional“.
En declaraciones a radio Mitre, el gobernador de Chubut indicó que hace mucho tiempo existen las comunidades mapuches en la región, sin embargo, sostuvo que existen “los falsos mapuches, que son chantas, delincuentes que se auto perciben originarios para tomar tierras que no son de terratenientes sino de personas que se han esforzado muchísimo para tener su campo y hoy son víctimas también”.
Desde Parques Nacionales, Larsen, destacó en su cuenta de X que “cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera más que la argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos“.
No a la extorsión
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el desalojo fue “una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado“, y advirtió que estos grupos deben entender que de ahora en más “el que usurpa pierde derechos”.
La ministra explicó que “la Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia“, sino mediante una “negociación”, pero indicó que quienes usurpen no tendrán ese derecho.
“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta una calle no cobra” dijo la funcionaria en declaraciones a una cadena de noticias, haciendo un parangón con los movimientos sociales que utilizaban recurrentemente el corte de calles como medida de protesta.
Destacó que “una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando peajes”.
Un hito: fue el primer desalojo de tierras tomadas en 18 años
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, supervisó el desalojo del grupo autoproclamado mapuche liderado por Cruz Cárdenas, que desde 2020 ocupaba ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
El operativo, realizado bajo protocolos estrictos de seguridad, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el primer desalojo en 18 años, con el objetivo de restaurar el orden en la zona.
“Durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, destacó Bullrich.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Guido Otranto tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retiro pacífico. La ocupación ilegal incluyó la usurpación de una seccional de Guardaparques y generó conflictos recurrentes, con denuncias de agresiones al personal de la Administración de Parques Nacionales y daños significativos a la propiedad del Estado Nacional.
Cabe mencionar que el Gobierno decidió no prorrogar la Ley N.° 26.160 de emergencia territorial indígena, argumentando que su continuidad afectaba el orden legal y el respeto a la propiedad.
“Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, subrayó Bullrich, reafirmando el compromiso del Gobierno con el respeto al orden constitucional, la convivencia pacífica y la seguridad de la ciudadanía.
Este desalojo pone fin “a una situación de ocupación ilegal, garantizando la propiedad pública y privada, el bienestar de todos los argentinos y la protección de los intereses nacionales”.
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