El crimen de Lucio Dupuy y los casos que aún duelen en Santa Cruz

Este 2 de febrero se conocerá el veredicto del juicio por el crimen del nene de cinco años. Lucio murió al cuidado de su mamá, Magdalena Esposito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, el 26 de noviembre de 2021. Sobre ambas carga la acusación de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.

Pero, hasta llegar hasta acá, hubo toda una serie de falencias que desencadenaron ese fatal destino y los detalles de la autopsia hablan por sí solos.

Hace poco, se conocieron los chats entre Magdalena y Christian, el padre del nene. En ese momento, Lucio aún estaba al cuidado de sus tíos paternos. “Quiero que vuelva conmigo. En ningún lugar va a estar mejor que conmigo“, habría dicho la mamá. No se sabe con exactitud cuándo empezó la violencia, pero la autopsia revela que el niño tenía golpes de vieja y reciente data.

El caso de Lucio Dupuy hoy resuena más en redes que la agenda mediática que, por estos días, rebalsa sus portales con el caso de Fernando Báez Sosa y suma, a su vez, minutos de aire televisivos y radiales de la mano del reconocido abogado Fernando Burlando.

Para cualquiera que entienda la lógica de la agenda setting sabrá que hay ciertos condimentos que se dan para que un tema ocupe espacio y tiempo en medios y, sin dudas, el homicidio del joven en Villa Gesell reúne, prácticamente, todos.

Circulan chats entre los rugbiers, audios, fotos y videos del horror de aquel verano del 2020 en el que, en manada, mataron a Báez Sosa a golpes. Sin embargo, el caso de Lucio desprende una historia plagada de violencia.

“Lucio se mandó un moco y le pegué“, le escribió en un texto Abigail, la novia, a Magdalena. La madre, como lejos de desnaturalizarlo, le respondió: “Que no se te vaya la mano. Que nos vamos a mandar una cagada“. Casi una cuestión premonitoria.

Hoy, el tío del nene, Maximiliano, no se quedó afuera y sentenció que Magdalena “dejó de ser mi hermana, Lucio era el hijo que no tengo”.

En cuanto a la condena que podrían recibir ambas, el abuelo, Ramón Dupuy, pidió una “condena ejemplar“. En declaraciones a Infobae, dijo que “la soledad y pensarlo a él y lo que sufrió es muy duro, horrendo. A mi nieto lo extraño no todos los días, lo extraño cada minuto“.

Una de las cosas que destacaron sobre este caso, quienes legislan y conocen de procesos judiciales, es que la familia tuvo la determinación de hacer pública la situación e insistir a que el tema esté en agenda. Quizás, por eso, el caso de Lucio tuvo más revuelo que el de otros tantos.

Abigail todavía duele

Es que, lejos de naturalizar, pero sí de comprender la dimensión que tiene el maltrato en la infancia, quienes trabajan en los dispositivos de niñez saben que estas situaciones son más comunes de lo que se cree. Santa Cruz no está ajena a este escenario.

“Estas negligencias ocurren muy seguido”, dijo en noviembre del 2022 la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, a LU12 AM680 luego de que vecinos advirtieran la presencia de dos menores dentro de un vehículo en la playa del estacionamiento del SIPEM. Habían estado, por lo menos, dos horas sin compañía de un adulto en el interior del auto.

En este caso no hablamos de lesiones, pero sí de un accionar que va en total detrimento de los derechos de las infancias.

Aún así, sin ir más lejos, en Santa Cruz aún resuenan escenas del horror, el más mediático, quizás, hasta hoy es el de Abigail Tortello. En abril de 2014, Abigail llegó de forma muy similar al Hospital Regional de Río Gallegos, en los brazos de su papá, Carlos Tortello. Casi como el caso de Lucio.

En este caso, la beba tenía, apenas, siete meses, y el nosocomio local ya contaba con un historial clínico de ingresos por traumatismos y lesiones. Su madre, Karla Orellano, hoy cumple condena al igual que el progenitor. Sin embargo, acá el Estado sí lo había advertido, las sospechas estaban y, aún así, el sistema falló por completo.

En diciembre del 2021, otro caso volvió a hacer ruido: tres pequeños hermanos de 14, 13 y 10 años fueron sometidos con un grado de maldad pocas veces visto en su propio hogar en Río Gallegos, donde vivían con su padre David Edgard Fernández y su madrastra Roxana Vega.

¿Cómo se salvaron? Dos de ellos escaparon una noche de noviembre porque temían por sus vidas y buscaron ayuda en una comisaría cercana. Su destino, si esto no pasaba, quizás hubiera sido otro.

¿Qué impacto tuvo Lucio?

Recientemente la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió al presidente Alberto Fernández que el proyecto de la “Ley Lucio” fuera incorporado al temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

La normativa, que ya tiene media sanción de la Cámara baja, esperan sea aprobada en el Senado. El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Martín Maquieyra, de La Pampa, y tuvo el acompañamiento y trabajo de las diputadas santacruceñas Paola Vessvessian y Roxana Reyes.

El objetivo de la Ley Lucio establece un plan y protocolo de capacitación y actuación a funcionarios públicos en el accionar y detección temprana de violencia contra las infancias. Tiene similitudes con la Ley Micaela y la Ley Yolanda.

Sin embargo, abarca otras cuestiones que tienen razón de ser en la instancia previa al desenlace fatal de Lucio. La capacitación a los tres poderes es el pilar, pero el proyecto también estipula capacitar de forma obligatoria a todas las personas que se desempeñan con niños, niñas y adolescentes.

“Desde médicos, docentes, enfermeros, es decir, personas que por su trabajo están en contacto con chicos que, naturalmente, están capacitadas para curar o educar, por ejemplo, pero no así, como cualquiera de nosotros, para poder percibir si un cambio de comportamiento en un niño o niña puede plantear que está siendo víctima de abuso o violencia”, explicó el impulsor de la Ley, Martín Maqueyra, en diálogo con La Opinión Austral.

Para el diputado, la psicología “trabaja mucho en alertas tempranas“, por lo que, consideró, “creemos que hay que capacitar y acompañar con herramientas y alertas, para que ellos puedan detectar y, por supuesto, luego hacer la denuncia en caso de que ese niño o niña pueda estar siendo víctima de abuso o acoso en la casa o en cualquier ámbito”.

Lucio, de apenas cinco años, ingresó una decena de veces a distintos dispositivos del sistema de salud de La Pampa, entre diciembre del 2020 y marzo del 2021. Ni el Poder Judicial, ni Niñez, ni ningún otro organismo de La Pampa cuenta con denuncias formales de parte de los profesionales que vieron el estado de salud del niño que llegó con traumatismos, fracturas y un historial clínico que hoy, con el diario del lunes, evidencian el maltrato al cual estaba sometido. La institución educativa a la que asistía Lucio tampoco detectó o, por lo menos, alertó nada.

“Lucio entró cinco veces a una guardia y nunca se denunció que venía golpeado. Las cinco veces fueron por traumatismos“, agregó el diputado nacional.

El funcionario entiende que, en muchas oportunidades, docentes y médicos “tienen temor de denunciar estos hechos”, sin tener en cuenta las complejidades burocráticas que luego se desprenden de una denuncia. Aún así, la base ni siquiera estaba asentada.

El proyecto de ley, agregó el diputado, estipula justamente este punto. “Buscamos darle otra herramienta a la normativa que es la reserva de identidad para la denuncia, es decir, que un docente o un médico pueden denunciar sin que se sepa su nombre cuando perciban que un chico está siendo víctima de abuso”.

Unos meses después de la muerte del pequeño, una docente de la institución a la que asistía Lucio denunció a las autoridades que un chico llegaba golpeado al colegio. La madre, anoticiada, fue hasta la escuela y golpeó a la docente. Una vez que se conozca el veredicto este 2 de febrero, se estima que la familia de Lucio, por parte del padre, realice una denuncia penal contra el sistema de salud pampeano que ignoró las alertas del caso.

La cadena

Pero no sólo hubo un sistema de salud que falló. El judicial tuvo su rol. En plena pandemia del 2020, le otorgaron la tenencia a la madre que, hasta entonces, estaba en plena batalla legal con los tíos paternos que, al momento, estaban a cargo de Lucio y peleaban por quedárselo. El padre, por aquel entonces, no figuraba en la escena.

Dejar al niño a cargo de la madre, o creer que la crianza depende de ella, sin embargo, es una costumbre que no está estipulada en ninguna parte de la Constitución, pero que está normalizada.

“La ley es clara y la tenencia tiene que ser compartida, pero es una tradición que la madre se ocupe. Está esta costumbre de que la madre siempre tenga la tenencia”, aseveró Maqueyra.

Para el defensor de menores, Jorge Godoy, el proyecto de la Ley Lucio “no está mal, pero por sí solo no alcanza“.

Consideró que “hay que reformar Código Penal y establecer la figura del maltrato infantil, no alcanza sólo con lesiones. Si sólo se investigan lesiones leves, se termina en eso”. Lo fundamental, aún así, “es trabajar la violencia en todos los niveles educativos”.

Las leyes de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061 a nivel nacional y 3.062 a nivel provincial, tienen similitudes, pero no persiguen ni sancionan. Es decir, si se detecta una situación se pueden adoptar medidas, pero sin la “pata” penal. Hoy se investigan lesiones leves o graves. Y si son leves, no hay mucha consecuencia jurídica, aseveró Godoy.

El caso de Lucio y todos los mencionados desnudan toda una falencia que nace desde el hogar y que advierte que, cada parte involucrada cuenta. Que los sistemas educativos y de salud no sólo están para curar y educar y que cumplen otro rol ponderante y que la violencia no puede ni debe ser una herramienta para aleccionar.