La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador pidió hoy una nueva prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glas, alojado en la embajada mexicana en Quito a la espera de un asilo, tras imputarle nuevos cargos por presunta corrupción en el llamado caso "Reconstrucción de Manabí", vinculado a obras en ese distrito tras el terremoto que impactó a esa y otras provincias en 2016.
"La FGE presentó 85 elementos de convicción contra los tres procesados y solicita al juez que dicte prisión preventiva para Jorge (Glas) y Carlos (Bernal) y prohibición de salida del país y presentación periódica para Pablo (Ortiz)", indicó la entidad pública en su cuenta de la red social X.
En 2016, Glas era titular del Comité para la Reconstrucción de la provincia de Manabí, Bernal era secretario del Comité para la Reconstrucción y Ortiz gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico.
La fiscal general, Diana Salazar, dijo que existió un manejo irregular de los recursos destinados a las obras urgentes en la zona afectada por el evento telúrico y un claro abuso del dinero para satisfacer otro tipo de necesidades por más de 367 millones de dólares.
Las sumas estaban previstas en la Ley de Solidaridad Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto y, según Salazar, Glas y Bernal aprobaron "arbitrariamente o a dedo" los contratos de las obras para beneficiar a las empresas Consermin y la china Geezhouba Group.
"Se quería entregar a dedo a empresas chinas y a empresas señaladas por actos de corrupción", afirmó, según la agencia Sputnik.
Según la emisora Radio Pichincha, Salazar solicitó que se oficie a Interpol una orden para localizar y capturar a Bernal.
Glas, en tanto, permanece en la embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre, a la espera de una respuesta a su pedido de asilo político.
El exvicepresidente ya había rechazado los cargos de esta causa y remarcado que el nuevo proceso es contra tres dirigentes de Revolución Ciudadana, la fuerza que encabeza el expresidente Rafael Correa.
También alegó en su pedido de asilo la existencia de una persecución política en su contra, pese a haber cumplido más de cinco años de cárcel, que representan más del 60% de una pena unificada por el caso Sobornos 2014-2016 (ocho años) y por el escándalo internacional de corrupción que implicaron los pagos irregulares de la brasileña Odebrecht para lograr contratos de obras.
A fines de 2022, Glas se acogió al beneficio de la denominada pre-libertad, con lo que salió de la cárcel a cambio de cumplir algunos requisitos.
En la audiencia de hoy, la defensa de Glas presentó tres pedidos, entre ellos uno para revocar la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos, porque la Asamblea Nacional (AN, parlamento) no pudo aprobar el procesamiento penal del exvice.
Otras dos demandas fueron para que la Fiscalía notifique a Glas con 45 días de anticipación, con base en un acuerdo de cooperación entre Ecuador y México; y la recusación del magistrado Luis Rivera, a quien no considera un juez imparcial, detalló el sitio Primicias. (Télam)

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