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La actividad judicial desarrollada durante 2025 en la capital de Santa Cruz dejó una huella profunda en el sistema penal y en la percepción social de la Justicia.
En un contexto atravesado por crímenes de extrema gravedad, reclamos sociales cada vez más visibles y un escrutinio público constante, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos, se vio obligada a responder a una demanda creciente de rigor, transparencia y celeridad. El año cerró con sentencias de fuerte impacto simbólico y jurídico, que marcaron precedentes y expusieron la complejidad de administrar justicia.
De acuerdo a fuentes consultadas judiciales consultadas por La Opinión Austral se realizaron un total de 92 debates de valoración de juicio. “Algunos llegaron a valer como cinco” llegaron a decir en los pasillos de la Cámara emplazada en la calle Malaspina, debido a la complejidad de la logística que acarreó algunos de los juicios.
Desde los primeros meses del año, el calendario judicial estuvo signado por debates orales extensos y técnicamente exigentes, en los que se juzgaron homicidios, femicidios, delitos viales y abusos sexuales que conmocionaron a la opinión pública. En cada uno de esos procesos, la Cámara debió equilibrar el peso de la prueba, las garantías procesales y la legítima expectativa social de sanción frente a hechos que dejaron víctimas irreparables.
La primera condena ejemplar
En la agenda judicial, el primero de los debates de valoración de pruebas fue el del caso de Brianna Matulich, la joven que perdió la vida tras ser embestida y arrastrada por una camioneta en la autovía 17 de Octubre en la madrugada del último día del 2023.
Pese a que Esteban González había pedido perdón en reiteradas oportunidades durante los días de juicio, finalmente fue condenado a la pena de doce años de prisión en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de la joven adolescente y las lesiones graves que sufrió su hermana.
La mayoría del Tribunal entendió que la conducta de González, al conducir alcoholizado, a velocidad desmedida y realizando maniobras peligrosas, creó un riesgo tan elevado que necesariamente tuvo que representarse la posibilidad de un resultado fatal, y aún así, lo aceptó. La fuga posterior fue considerada una manifestación de este dolo eventual y su desprecio por las consecuencias.
Según pudo saber este diario, actualmente, la Justicia no se ha expedido sobre los recursos presentados por la defensa del ahora condenado.
El juicio por femicidio
Uno de los momentos más significativos de 2025 fue, sin dudas, la sentencia por el femicidio de Vanesa Gauna. El juicio contra Daniel Edgardo Formoso, exintegrante de la Policía Federal Argentina, concentró durante meses la atención de la sociedad santacruceña.
El crimen, ocurrido en marzo de 2024, llegó a su resolución definitiva en octubre del año siguiente tras un proceso minucioso, atravesado por pericias complejas y una fuerte confrontación de teorías entre la defensa y la acusación.
Mientras el defensor intentó instalar la hipótesis de un suicidio, la fiscalía de Cámara y la querella sostuvieron, con respaldo técnico, que se trató de un femicidio perpetrado en un contexto de violencia de género. La producción de prueba fue contundente: testimonios, informes forenses y estudios balísticos descartaron cualquier duda razonable.
El tribunal, integrado por la jueza María Alejandra Vila y los vocales Jorge Yance y Gerardo Giménez, dictó prisión perpetua de manera unánime, en un fallo que no solo condenó al autor, sino que envió un mensaje claro sobre la intolerancia del sistema judicial frente a la violencia contra las mujeres.
La aplicación de la Ley Brisa para la hija de la víctima reforzó el costado reparador del Estado frente a una tragedia que atravesó a toda la comunidad.
¿Legítima defensa o homicidio agravado?
Hacia el cierre del año, otro juicio volvió a poner en debate los límites de la legítima defensa. El caso que tuvo como imputado a Roberto Neil, empresario y propietario de una concesionaria local, giró en torno al homicidio de Franco Cuevas.
Allí, la Cámara debió analizar en profundidad pruebas técnicas de alta complejidad, desde pericias de ADN hasta estudios balísticos realizados mediante la técnica Wolger, además del análisis de registros de videovigilancia.
La sentencia fue clara: el tribunal descartó la existencia de un peligro inminente que justificara el uso de la fuerza letal y condenó a Neil a 11 años de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El fallo marcó una línea jurisprudencial firme al exigir pruebas inequívocas para validar la legítima defensa, especialmente en contextos comerciales o de control del entorno, y dejó en evidencia que el relato inicial del imputado no resistió el contraste con la evidencia científica.
De Gobernador Gregores
En paralelo, la Cámara en lo Criminal debió abordar uno de los reclamos sociales más persistentes de los últimos años: la respuesta penal frente a los delitos viales.
El juicio por la muerte de Ulises Guelet, un joven de 19 años fallecido tras un vuelco en Gobernador Gregores, sintetizó el dolor de una familia y el reclamo de organizaciones como Estrellas Amarillas, que exigen penas más severas para quienes conducen de manera temeraria.
Durante el debate quedó acreditado que el conductor, Marcos Pérez, manejaba alcoholizado, a alta velocidad y con personas trasladadas en la caja del vehículo. Los testimonios reconstruyeron un escenario de imprudencia extrema, ignorando los pedidos de auxilio de los propios pasajeros.
El pedido fiscal de cinco años de prisión generó indignación en el entorno de la víctima y reavivó el debate sobre la adecuación del marco legal vigente frente a conductas que, para muchos, exceden el concepto tradicional de homicidio culposo.
Delitos sexuales
El 2025 también dejó una impronta fuerte en materia de delitos contra la integridad sexual, lamentablemente, los casos de esta índole son los que más se realizan en la Cámara llegando a un número cercano al 80 por ciento, indicaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.
La condena a un pastor evangélico por abuso sexual con acceso carnal expuso una problemática especialmente sensible: el aprovechamiento de posiciones de autoridad moral para vulnerar a personas en situación de fragilidad.
El tribunal valoró la asimetría de poder y entendió que la investidura religiosa operó como un agravante, alineando su criterio con estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes.
Condenado pero con domiciliaria
El último de los debates de valoración de prueba fue el de Ivar Simón Martens, el joven que fue condenado por el choque y muerte de Soledad Maidana, la joven madre y policía que perdió la vida en un siniestro vial que se registró en febrero del año pasado en el corazón del barrio Fátima.
Martens recibió una pena de cinco años de prisión efectiva pero, con domiciliaria por el momento, debido a las secuelas que le dejó el siniestro donde falleció la mujer. De igual manera será monitoreado con una tobillera electrónica y, periódicamente, cada 3 meses se evaluará si puede purgar la pena en una unidad de detención.
El fallo no dejó conformes a los seres queridos de Soledad. Luis, su padre, fue tajante. Más allá de la compensación económica por la falta de chance aseguró a LU12 AM680: “yo me ensarté hasta más poder para poder pagar los préstamos que saqué para pagar un abogado y me hago cargo de lo que digo. La plata se la pueden meter en el c… la vida de una persona no vale ningún dinero”.
Nuevo juicio
Si bien no se realizó en las instalaciones de la Cámara Oral, uno de los debates relevantes de este año, fue el nuevo contra Karla Orellano, condenada en primera instancia por la muerte de Abigail Tortello.
Con un nuevo tribunal, la mujer que actualmente se encuentra en la Alcaidía N°3, en agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa.
La decisión fue notificada formalmente a las partes, sin traslado de los imputados al tribunal. En la resolución también se rechazaron los planteos de nulidad e inconstitucionalidad presentados por la defensa de Carlos Tortello, padre de la beba y también condenado.
En su sentencia, el Tribunal -integrado por Carlos Arenillas, Jorge Yance, Eduardo López, Nelson Sánchez y presidido por Fernando Basanta- consideró que ambos progenitores actuaron con dolo eventual. Es decir, sabían que sus conductas violentas podían provocar la muerte de su hija y, aun así, continuaron con ellas.
“Los imputados, ante la contundencia de sus actos y la extrema vulnerabilidad de la víctima, no podían desconocer el grave riesgo para la vida de su hija”, sostuvo el fallo. La Justicia remarcó que Abigail vivía en estado permanente de indefensión, en un hogar signado por el maltrato físico sistemático desde su nacimiento.
Lo que viene
El 2026 prevé una serie de juicios que, tal como ocurrió en el 2025, sean relevantes para la comunidad respecto de la administración de Justicia.
El más importante, debido a que la víctima era conocida en Río Gallegos y por la brutalidad por la que fue asesinado es el de Nelson Ariel Romero, uno de los propietarios de Romero Sistemas que, a mediados del 2024 fue encontrado semi enterrado en las afueras de la capital de Santa Cruz con un disparo en la cabeza.
El acusado del crimen es José Cabrera, un suboficial del Ejército de 28 años, oriundo de Salta y radicado en Río Gallegos desde hacía años. Cabrera confesó el crimen días después en la Comisaría Primera, pero su declaración no tuvo validez, ya que no la ratificó ante la Justicia.
Otro de los debates de valoración más esperados es el que es contra el ex presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, hace unos meses las nuevas causas por abuso sexual contra menores fueron elevadas a juicio.
Maldonado ya recibió una dura condena por abusar de dos menores de edad y ahora le unificaron tres denuncias más por las que deberá comparecer ante la Justicia. Maldonado actualmente está detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2, en la periferia de la capital de Santa Cruz.
Por último, en relación a los juicios de instancia pública se realizará el juicio contra Seijas un joven que está detenido desde junio del 2024, por el homicidio de otro joven, en un suceso que tuvo lugar el 25 de mayo de aquel año quien murió luego de semanas internado.
Respecto de los juicios del año que viene no hay certezas sobre posibles fechas estimativas, al menos, de momento, indicaron fuentes judiciales consultadas aunque se espera que, más allá de los relevantes, sea un 2026 donde la lenta rueda de la Justicia vuelva a girar en Santa Cruz.
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