Gilmar murió estrangulado en la Comisaría Séptima: la querella apunta a un homicidio agravado contra los policías

La investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel, ciudadano boliviano de 35 años, sumó un dato central con el resultado del informe del Cuerpo Médico Forense. Tal como adelantara en exclusiva laopinionaustral.com.ar, el documento determinó que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento, una conclusión que puso en primer plano la maniobra de sujeción cervical que La Opinión Austral había revelado en exclusiva el 20 de octubre.

El hombre murió el viernes 16 de octubre, luego de ser reducido por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos. Tras conocerse el resultado forense, tres policías fueron apartados de sus funciones, mientras la investigación continúa para reconstruir las circunstancias del procedimiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.

En declaraciones exclusivas a Radio LU12 AM680, el abogado Matías Solano, representante de la familia, confirmó el contenido del informe y explicó cuáles son los próximos pasos de la causa.

“Sí, esto ya está informado por el Cuerpo Médico Forense de que el fallecimiento se dio por asfixia mecánica, por compresión cervical, estoy leyendo, literalmente extrínseca, por estrangulamiento”, sostuvo durante la entrevista.

Consultado sobre si Gilmar murió dentro de la dependencia policial, el letrado aclaró que ese extremo todavía no estaba acreditado en las actuaciones.

“No, no está todavía comprobado, pero es lo que se entiende”, respondió.

Todavía debe reconstruirse con precisión cómo se produjo el fallecimiento y qué responsabilidad pudo haber tenido cada uno de los efectivos que intervinieron. Según pudo conocer La Opinión Austral, hay tres efectivos de la Comisaría Séptima que han sido apartados de sus funciones por disposición de la Jefatura de Policía.

La sujeción cervical que La Opinión Austral había anticipado

El 20 de octubre, La Opinión Austral publicó información exclusiva sobre la aplicación de una maniobra de sujeción cervical durante la reducción de Gilmar. El dato surgió de fuentes oficiales consultadas por este medio y pasó a ser uno de los puntos centrales de la investigación judicial.

La maniobra consiste en una forma de inmovilización que involucra el cuello y cuya aplicación, en este caso, debía ser examinada para determinar su intensidad, las condiciones en que se realizó y una posible relación con las lesiones que derivaron en la muerte.

Con el resultado de la autopsia, ese antecedente adquirió mayor relevancia. La causa de muerte confirmada por el perito forense es compatible con una asfixia por compresión cervical, aunque la determinación de esa causa no identifica por sí sola quién la produjo ni establece automáticamente una responsabilidad penal.

La investigación continúa bajo la órbita del juez Gerardo Giménez, y las investi

gaciones están a cargo de Gendarmería Nacional, luego de que se resolviera apartar a la Policía provincial de la instrucción para garantizar la independencia de las actuaciones.

Cómo comenzó el procedimiento en el barrio San Benito

El episodio se inició cerca de las 22:35 del viernes 16 de octubre, a partir de un pedido de ayuda que llegó desde el gimnasio municipal Indio Nicolai, en el barrio San Benito.

Según la información publicada previamente por La Opinión Austral, un niño de 10 años se acercó al establecimiento y pidió ayuda porque su padrastro estaría agrediendo a su madre en la vivienda familiar, situada frente al gimnasio. El personal del lugar dio aviso a la Policía.

Efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron a un departamento de la manzana 71. De acuerdo con el parte policial, encontraron a un hombre en aparente estado de intoxicación alcohólica y alteración, mientras que una mujer de 36 años presentaba una lesión visible en el labio inferior.

El informe sostuvo que los efectivos le solicitaron al hombre que abandonara la vivienda, pero que este se habría negado y habría ofrecido resistencia. Ante las dificultades para reducirlo, se requirió la presencia de personal del Comando de Patrullas.

Finalmente, Gilmar fue reducido y trasladado a la dependencia policial. Según la reconstrucción oficial, se desvaneció cuando era conducido hacia el sector de celaduría.

Los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y convocaron al servicio de emergencias médicas. El personal sanitario continuó con la asistencia y utilizó un desfibrilador, pero el médico de guardia terminó certificando el fallecimiento.

En las primeras horas de la investigación se había informado que el hombre presentaba más de dos gramos de alcohol por litro de sangre y una patología de salud preexistente. Sin embargo, el resultado forense conocido posteriormente determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento.

Solano cuestionó la detención y negó que hubiera existido violencia física

Durante la entrevista con LU12, Solano sostuvo que la detención fue desproporcionada y que, desde la perspectiva de la querella, no existían motivos suficientes para privar de la libertad a Gilmar.

“No sólo no había ningún motivo de detención previo, sino que tampoco sucedió nada en la jornada en la que lo llevaron detenido que meritara llevarlo detenido siquiera, fue exagerada la medida en sí de privarlo de la libertad”, afirmó.

El abogado explicó que, según su reconstrucción, el episodio que motivó la intervención policial habría sido una discusión de pareja, sin agresiones físicas.

“Sí tuvo una discusión con su pareja esa noche, por eso se le dio intervención a la Policía, pero no era ni siquiera una violencia física, fue una discusión y nada más”, señaló.

En ese sentido, cuestionó el accionar de los efectivos desde el comienzo del procedimiento.

“Toda la actuación policial fue irregular desde el primer momento, porque hubo violencia desde el minuto uno hacia Gilmar y hacia su pareja también”, expresó.

Esas afirmaciones corresponden a la posición del abogado querellante y deberán ser contrastadas con los testimonios y las pruebas reunidas durante la investigación. La versión asentada inicialmente en el parte policial describió una intervención motivada por un aviso de presunta violencia intrafamiliar y consignó que la mujer presentaba una lesión visible en el labio.

Solano también remarcó que Gilmar no tenía antecedentes de denuncias por violencia de género, según la información que manejaba la familia.

La investigación deberá determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo se desarrolló la reducción y en qué circunstancias se produjo la maniobra de sujeción cervical que antecedió al fallecimiento.

La causa se inició de oficio y todavía no había imputados identificados

Al referirse al avance judicial, Solano explicó que las actuaciones se iniciaron de oficio después de que se conociera el fallecimiento y se estableciera, en principio, que la muerte no había sido natural.

“Las actuaciones se inician de oficio, ante el conocimiento del fallecimiento, y ya estando acreditado en principio, digamos, que la muerte no fue natural, sino que fue provocada”, indicó.

El letrado consideró que el caso debía investigarse, inicialmente, como un posible homicidio agravado, aunque aclaró que se trataba de una calificación preliminar.

“Estamos hablando ya en principio de un homicidio agravado, esto siempre es prima facie”, sostuvo.

No obstante, al momento de la entrevista, Solano señaló que todavía no había personas formalmente identificadas como imputadas dentro del expediente. El apartamiento preventivo de tres efectivos de sus funciones no equivale, por sí mismo, a una imputación ni determina responsabilidades penales.

El abogado también indicó que las madres de los hijos de Gilmar y su hermano se habían presentado en la causa para intervenir como querellantes, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

“Estamos con todos los familiares, las madres de los hijos que dejó en vida Gilmar y su hermano, presentados en la causa como querellantes, para poder trabajar y ayudar a esclarecer los extremos en los que sucedió la muerte de esta persona”, explicó.

Nuevas medidas de prueba y demora en la entrega del cuerpo

Otro de los puntos abordados por Solano en diálogo con LU12 fue la situación de los restos de Gilmar, que todavía no habían sido entregados a sus familiares.

Solano confirmó que la querella solicitó nuevas medidas de prueba sobre el cuerpo, por lo que la entrega quedó supeditada a la realización de esas diligencias judiciales.

“No ha sido entregado todavía. Aparte, nosotros hemos requerido nuevas medidas de prueba sobre el cuerpo, así que todavía no se ha podido entregar, y ha sido por solicitud nuestra incluso”, manifestó.

El abogado explicó que no había una fecha confirmada para la entrega, aunque existía un compromiso del juzgado para avanzar con las actuaciones lo antes posible.

“Hay un compromiso por parte del juzgado a cargo de la causa y por todo lo que está trabajando en esto, de que sea a la brevedad. Incluso van a trabajar durante el fin de semana”, señaló.

La demora representa una situación especialmente difícil para los familiares, que esperan repatriar los restos a Bolivia. Sin embargo, la querella entiende que primero deben completarse las medidas necesarias para preservar las pruebas y permitir que las partes ejerzan sus derechos durante esta etapa inicial.

“La familia tiene la intención de repatriar los restos hacia el país vecino de Bolivia, pero sí se requiere primero agotar algunas instancias para que la investigación se lleve adelante de la mejor manera, para que esto se esclarezca y se haga justicia”, afirmó Solano.

Los detenidos en la comisaría también podrían ser convocados

Solano también se refirió a la posibilidad de que personas que estaban detenidas en la Comisaría Séptima durante el procedimiento puedan aportar información sobre lo sucedido.

El abogado señaló que cualquier persona que pudiera haber escuchado o visto parte de los hechos podría ser convocada a declarar, aunque aclaró que todavía estaba tomando contacto con la totalidad de las actuaciones para saber qué testimonios ya se habían incorporado.

“Todas las personas que pudieron haber sido testigos, por cualquier sentido, digamos, de oído, de vista, etcétera, pueden ser convocadas como testigos”, sostuvo.

La querella evaluará esas posibilidades a medida que avance el expediente y se conozcan las medidas probatorias dispuestas por la Justicia.

La investigación busca reconstruir la secuencia completa desde el pedido de auxilio en el gimnasio municipal hasta la intervención policial en la vivienda, la reducción de Gilmar, su traslado a la comisaría y el momento en que se desvaneció.

El resultado forense, la maniobra de sujeción cervical confirmada previamente por fuentes oficiales y los testimonios que puedan reunirse serán elementos relevantes para establecer cómo se produjo la muerte y qué responsabilidad pudo corresponder a cada uno de los participantes del procedimiento.