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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ), Daniel Mariani, firmó una resolución en la que declaró la nulidad absoluta e insanable del fallo emitido el miércoles 1° de octubre por los jueces Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, quienes habían intentado dejar sin efecto los juramentos de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.
Mariani, en una nueva resolución firmada este jueves, aseguró que “los doctores José Antonio González Nora y Sergio Edgardo Acevedo se encuentran en ejercicio de sus funciones”.
Sostuvo, además, que la maniobra de los cuatro vocales carece de toda validez legal por haber sido dictada sin competencia, sin la debida integración del cuerpo y sin reunir la mayoría exigida por la Ley Orgánica de la Justicia y la nueva Ley 3.949, que amplió de cinco a nueve la cantidad de vocales en el máximo órgano del Poder Judicial de Santa Cruz.
“Los juramentos fueron válidos”
Daniel Mariani, presidente del Poder Judicial de Santa Cruz
En su resolución, a la que accedió La Opinión Austral, Mariani enfatizó que el acto de juramento de los nuevos vocales designados por la Legislatura Provincial no se encontraba sujeto a ninguna restricción ni impedimento, dado que no existía una notificación de medidas cautelares que impidieran la ceremonia.
“Debo destacar que el acto de juramento de los nuevos vocales no estaba alcanzado por ninguna medida cautelar vigente”, remarcó el presidente del TSJ, quien además sostuvo que la incorporación de Acevedo y González Nora se ajustó a la normativa y a las competencias que le otorga el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Justicia. En rigor, la cautelar del juez Marcelo Bersanelli sólo alcanza al tratamiento de las ternas en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Un Tribunal Superior de Justicia con nueve vocales
Otro de los ejes de la resolución es la defensa de la Ley 3.949, norma aprobada por la Legislatura provincial el 28 de agosto pasado que amplió la composición del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros.
“Tampoco existe una sentencia firme que haya declarado la inconstitucionalidad de la Ley 3949, la cual se encuentra plenamente vigente”, subrayó Mariani, en referencia a la presentación judicial del gremio de los empleados judiciales.
Franco Mascheroni, titular de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, reprocha al gobernador Claudio Vidal, que gaste millones de pesos en ampliar la cúpula de la Justicia cuando al mismo tiempo recortó un 38% el presupuesto.
Por esa presentación es que Bersanelli dictó una medida cautelar que puso en tela de juicio la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales y la sesión secreta de la Cámara de Diputados donde fueron elegidos Sergio Acevedo y José Gonzalez Nora. Pero el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de Río Gallegos, no falló en la cuestión de fondo sobre la ley que creó cuatro nuevas vacantes en la cúpula del Poder Judicial.
Por eso, el presidente del TSJ también apuntó contra las decisiones anteriores de los cuatro jueces. Según el texto, las resoluciones del 26 de septiembre y la del 1° de octubre en las que Mercau, Ludueña, Fernández y Basanta intentaron anular los nombramientos, “resultan inoficiosas y carentes de efectos jurídicos” por no haber sido dictadas con las mayorías requeridas ni en un acuerdo debidamente integrado.
“Estas resoluciones carecen de toda validez y eficacia sobre los actos dictados por esta Presidencia en ejercicio de sus competencias”, agregó Mariani.
Es decir, a partir de que comenzó a regir la nueva ley, se necesitan 5 firmas para aprobar cualquier acordada. Ya no alcanzan las firmas de al menos tres de sus miembros. Y tampoco de cuatro.
En esa línea, quedarían dos vacantes por cubrir, por lo que para avanzar en acuerdos los vocales deberían convocar a subrogantes. La primera en la línea es la Defensora General ante el Tribunal de Justicia, Romina Saúl.
Por otra parte, resta saber qué harán en medio de todo este contexto los diputados del oficialismo y el gobernador Claudio Vidal. De las cuatro, una terna deberá volver a ser enviada por el Poder Ejecutivo. Es la que estaba compuesta por Gabriel Nolasco Contreras Agüero, Fernando Kustich y Gabriela Castro, esta última cuñada del jefe de bloque y mano derecha del gobernador, Pedro Luxen, quien se encargó el mismo de darla de baja por no cumplir los requisitos.
La otra terna volvió a la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar analizando los antecedentes de los candidatos propuestos por el mandatario provincial. Son los pliegos de Juan Lucio Ramón De la Vega, Julián Michavila y Natalia Linardi, quien también fue propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Estado en otro trámite que Vidal envió a la Cámara.
La Justicia con fractura expuesta
La decisión de Mariani profundiza el conflicto institucional en el Tribunal Superior de Justicia, que hoy se encuentra dividido en dos bloques: por un lado, el presidente junto a los recién incorporados Acevedo y González Nora; y por otro, el grupo de cuatro jueces que cuestiona la legalidad de las designaciones.
Mientras tanto, las medidas cautelares dictadas en distintos fueros —como la primera del juez Bersanelli, ratificada luego por la jueza Marcela Quintana, y la más reciente de la jueza Cecilia López— continúan en paralelo, en un escenario donde los distintos actores buscan imponer su interpretación sobre la validez de la ampliación del máximo tribunal.
El conflicto está lejos de cerrarse: la falta de acuerdo entre los jueces y la superposición de cautelares anticipan que la batalla judicial e institucional por la composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz continuará.
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