El INTA es único en el mundo por su único por su “modelo integral de investigación, desarrollo y tecnolgía”

La Asociación de Profesionales del INTA (APINTA) Santa Cruz se suma a la judicialización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional, buscan seguir idéntico camino que Vialidad Nacional que logró que la justicia frene la decisión del Gobierno.

Leandro Climenti, secretario gremial de APINTA, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos sobre el preocupante impacto que estas medidas tienen, particularmente en la provincia, y la lucha por revertir lo que considera una política “nefasta y desquiciada”.

Confirmó que, al igual que otros organismos afectados, el INTA está en proceso de judicializar el DNU 462 que modifica la estructura de su Consejo Directivo. Si bien la reciente victoria judicial de Vialidad Nacional (afectada por el DNU 461) no es directamente aplicable, sienta un precedente y eleva las expectativas. “Las expectativas están, esto se va a presentar próximamente en la justicia por nuestro sindicato”, afirmó.

Más allá de las acciones legales, APINTA mantiene un fuerte trabajo en el ámbito legislativo, dialogando con diputados y senadores nacionales de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y la Coalición Cívica. El objetivo es que los legisladores asuman su responsabilidad y rechacen el DNU, ya que, según Climenti, “este DNU es nefasto y tiene que ser rechazado“.

Amenaza a las economías regionales

La situación en Santa Cruz es “muy preocupante“, ya que la medida afecta directamente el “servicio de extensión” que prestan las agencias del INTA. Climenti explicó que esto equivale a “cerrar el vínculo que tiene el INTA o el Estado Nacional con los pequeños productores para desarrollar las economías regionales de cada localidad”. No se trata de cerrar una oficina en Buenos Aires, sino de quitar el apoyo vital a los productores del interior, alertó .

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de las oficinas, APINTA está gestionando convenios con la provincia para garantizar el funcionamiento de las agencias. Un ejemplo es la agencia de Los Antiguos, que se mudará a oficinas de Recursos Hídricos provinciales. Climenti valoró el “excelente” apoyo de la provincia en esta coyuntura.

Sin embargo, el DNU ha generado un caos administrativo interno en el INTA. “Toda la normativa de INTA se cayó, prácticamente nosotros no podemos emitir pagos, no podemos hacer ninguna compra hasta que se vuelva a adecuar todo”, alertó. Esto demuestra que el gobierno “no estaban preparados para tal cosa”, al no considerar los complejos pasos administrativos.

Un modelo único en riesgo

Enfatizó que el INTA, creado en 1956 como una “política de Estado”, es un instituto único en el mundo por su modelo integral de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. “Nosotros no solo hacemos investigación, no solo desarrollamos tecnología, sino que también nos ocupamos a través de los servicios de extensión, la transferencia a los productores, a la gente que no te puede pagar un asesoramiento”, destacó.

El rol del INTA en las economías regionales es irremplazable, especialmente para los pequeños productores que no pueden costear asesores privados. “Lo que se le saca es el apoyo a los productores locales“, resumió Climenti, contraponiendo esta realidad al modelo de la Pampa Húmeda donde grandes productores sí pueden acceder a esos servicios.

Luego refutó la idea de que el INTA es un gasto. “Por cada peso que se invierte el INTA, recauda 10 en diferentes cosas“, aseguró, haciendo referencia a la generación de divisas, exportaciones y desarrollo tecnológico. La decisión de este gobierno es “totalmente desquiciada” y responde a una “motosierra por la motosierra, no importa por qué”.

También manifestó preocupación por lo que considera un interés del gobierno sobre los bienes inmuebles del INTA. “Vienen por nuestros muebles”, afirmó, citando la venta del edificio de Servini en Recoleta como antecedente. Advirtió sobre el posible interés en las “40.000, 70.000 tierras productivas” del INTA, que “se la van a dar a amigos”.

Asimismo, el DNU les quitó el manejo de sus propios fondos. A pesar de tener fuentes de financiamiento propias, ahora deben pedir autorización a Buenos Aires para cualquier pago, incluso para el gas de las estaciones experimentales.

En Santa Cruz, el INTA emplea a 76 familias distribuidas en la estación experimental y nueve agencias (ocho de extensión y la oficina técnica de Río Turbio). Climenti cuestionó las declaraciones de ministros como Stunegger, quien asegura que el INTA “sobra gente”. “Nosotros en la agencia, por ejemplo, de Gregores tenemos una sola persona. En la agencia de Caleta Olivia tengo una planta y dos becarias”, ejemplificó, denunciando que estas afirmaciones son “totalmente erradas y falsas”, con una “intencionalidad” detrás.

APINTA continuará luchando por la caída de los DNU y para que se reconozca el valor fundamental del INTA en el desarrollo productivo y social del país.