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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz confirmó su competencia para llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo mientras regresaba a su base en Mar del Plata desde Ushuaia.
La decisión, fechada el jueves pasado, reafirma la elevación parcial a juicio de la causa y pone fin a un conflicto jurisdiccional que retrasó durante meses el desarrollo del proceso.
El navío fue encontrado un año después, más precisamente en la noche del 16 de noviembre, a 907 metros de profundidad, muy cerca del lugar donde se perdió contacto, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino, en línea perpendicular a la costa de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Por eso, esta ciudad y su zona aledaña resultan fundamentales para la investigación.
“La causa debe continuar en Santa Cruz”
El fallo, firmado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, ratificó que la jurisdicción competente para continuar con el juicio corresponde a Caleta Olivia y no a Mar del Plata, ni a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como algunos querellantes y defensas solicitaron.
“No interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra y estaba sometido a la jurisdicción argentina”, precisó la resolución a la que tuvo acceso La Opinión Austral.
“Una transferencia en este momento podría retrasar aún más el proceso, afectando el derecho de las víctimas y de los imputados a una resolución en un plazo razonable”, advirtieron.
La discusión sobre la sede judicial representó uno de los principales impedimentos para el avance del proceso. Algunos alegaban que el juicio debía desarrollarse en Mar del Plata, donde funciona el comando de la Fuerza de Submarinos y residen varios testigos, o en CABA.
Sin embargo, el tribunal explicó que “las decisiones previas a la navegación no modifican el hecho de que la implosión sucedió en aguas de la jurisdicción santacruceña“. A su vez, subrayó que desde el inicio ninguna parte cuestionó la competencia de Caleta Olivia y que la denuncia se presentó allí, tras el hallazgo del submarino en 2018 por la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa.
“La competencia en materia penal es de orden público y no puede ser modificada por acuerdo entre las partes”, indicaron los magistrados, reafirmando que “la causa debe continuar en Santa Cruz“.
Además, aclararon que las actuaciones desarrolladas en la localidad de El Gorosito contaban con la debida validez y que, hasta el momento, no surgieron elementos que ameriten su remisión a otra jurisdicción. Destacaron que la causa lleva más de siete años y que en esta etapa final solo resta el debate oral y público.
“La competencia de este Tribunal resulta indudable por razones netamente jurídicas. Dicho criterio no puede ser conmovido por aspectos extrajurídicos, por cuanto la competencia de un Tribunal es de orden público”, dijo Mario Gabriel Reynaldi al votar el rechazo a la excepción de incompetencia territorial y, en consecuencia, que el juicio se desarrolle en Santa Cruz.
Por su parte, el juez Luis Alberto Giménez compartió las consideraciones de Reynaldi y adhirió a su resolución.
En tanto, el juez Enrique Nicolás Baronetto también adhirió al voto, coincidiendo entre sus principales apreciaciones que no se acreditaron maniobras para direccionar la causa hacia Caleta Olivia.
“Los actos jurisdiccionales llevados a cabo por el Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia no permiten, en esta instancia y restando sólo el debate oral y público, el cambio de competencia solicitado por declinatoria, por lo que corresponde su rechazo“, dijo en su argumentación.
Las claves del fallo
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió afirmar su competencia y realizar allí el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, desestimando los cuestionamientos por extemporáneos, infundados o dilatorios.
Entre los principales puntos del fallo, al que tuvo acceso La Opinión Austral, se destaca la consideración de la legalidad de la radicación inicial. Es decir, se consideró válido y razonable que la denuncia inicial haya sido presentada por la Armada Argentina en Caleta Olivia, ya que el contacto con el submarino se perdió en una zona del Atlántico frente a esa jurisdicción.
En ese marco, el Tribunal descartó que haya existido “fórum shopping” (elección indebida de un juzgado por conveniencia), como alegaba la querella.
El abogado Luis Tagliapietra -querellante y padre de uno de los fallecidos- denunció que la Armada eligió deliberadamente una jurisdicción más “funcional”, calificándolo como un “grotesco caso de fórum shopping”.
El juez Mario Reynaldi marcó que la competencia fue aceptada sin objeciones durante años y que no se observó connivencia entre la Justicia y la Armada, ni intencionalidad dolosa, ni ventaja procesal indebida.
Por otra parte, se marcó la territorialidad y competencia federal. Si bien el hundimiento del ARA San Juan ocurrió a más de 250 millas náuticas de la costa, el Tribunal recordó que los buques de guerra son considerados territorio nacional, conforme a la Convención del Derecho del Mar.
Bajo esa premisa, la Justicia Federal tiene competencia y el hecho de que haya ocurrido en aguas internacionales no excluye a Caleta Olivia, argumentó el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
También se tuvo en cuenta la progresividad del proceso y avance de la causa, entendiendo que la causa lleva más de seis años tramitándose en esa jurisdicción, con prueba sustancial ya producida, y su traslado implicaría una “regresión procesal inaceptable“.
Además, se indicó que si bien muchas de las personas involucradas (testigos, familiares y abogados) residen en Buenos Aires, el Tribunal marcó que esto no basta para desplazar la competencia.
“Los testigos podrán declarar en forma virtual o remota, pero también las partes tendrán la posibilidad de afrontar los gastos de aquellos testigos cuya presencia estimen necesaria. También puede procederse a la incorporación por lectura de los testimonios recibidos en Instrucción”, se lee en una de las 52 páginas del fallo.
Los procesados por la tragedia del submarino ARA San Juan
Están procesados en la causa federal cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina: Claudio Villamide (excomandante de la Fuerza de Submarinos), Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval), Héctor Alonso (exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos) y Hugo Miguel Correa (exjefe del Departamento de Operaciones).
Se los acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte“.
Si bien hasta ahora no existen responsables políticos, se investigan las actuaciones del expresidente Mauricio Macri, del exministro Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur, aunque sin imputaciones ni llamados a declaración. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, había ordenado profundizar la investigación en torno al grado de conocimiento que tenían estas autoridades sobre los ejercicios navales en la zona en el momento del naufragio.
Casación debe ratificar
Lo decidido por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz deberá ser revisado y ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Puede tardar un mes o un año, de acuerdo a la complejidad de la causa y aristas a analizar, por lo que su demora en resolver puede ser mayor o menor.
Hay expectativa en que se confirme a Santa Cruz como sede del juicio.
La sala del Tribunal, casi imposible
La sala del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se ubica en el primer piso de un edificio ubicado en pleno centro de Río Gallegos, en la intersección de las avenidas Pte. Néstor Carlos Kirchner y San Martín.
Si bien ha tenido audiencias por causas muy importantes, nunca ha albergado un caso como este, de carácter nacional y repercusión internacional, por lo que se planifica una logística especial.
Indefectiblemente -de ratificarse su realización en Santa Cruz- se deberá buscar otro lugar para albergar las audiencias. El espacio con el que cuenta hoy el TOF no puede acoger a más de 20 personas.
Según pudo conocer La Opinión Austral, ya se prevé que las audiencias se realicen en otro lugar. No se descarta que se solicite a las fuerzas de seguridad una dependencia con mayor espacio. O requerir a la Cámara de Diputados utilizar la Legislatura, que ya cuenta con equipamiento necesario para un evento de estas características. También se analiza la viabilidad de universidades (UTN o UNPA), instalaciones del Ejército o Gendarmería.
Mario Reynaldi, como presidente del juicio, deberá decidir en qué lugar de Río Gallegos se realizará. La elección será clave, por la cantidad de gente que querrá asistir.
Si bien es posible que las partes y sus testigos convocados puedan -en algún tramo del juicio- comparecer y prestar declaración de manera virtual, se espera gran presencia de las familias de las víctimas, que son oriundas de 10 provincias distintas de Argentina.
El Tribunal: el presidente, los jueces subrogantes y los candidatos
El Tribunal Oral de Santa Cruz está a la espera de reconformarse. Tras las jubilaciones de los abogados Jorge Chávez y Alejandro Ruggero, el Dr. Mario Reynaldi estuvo al frente encabezando los juicios. En los que se necesitó el debate oral se convocó a subrogantes, principalmente de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Hoy Reynaldi, presidente del Tribunal, está a la espera de los dos nuevos integrantes.
Mientras tanto, los jueces Enrique Nicolás Baronetto -oriundo de Córdoba, pero hoy juez en Comodoro- y Luis Alberto Giménez -de Ushuaia, Tierra del Fuego- subrogan el Tribunal Oral.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que posee competencia en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dispuso a los jueces subrogantes.
Según pudo conocer La Opinión Austral, en el caso de Baronetto es por seis meses y el vencimiento es en agosto de 2025. Se espera una renovación por seis meses más.
A lo largo de este año ya han tenido varios juicios en las instalaciones del TOF, en la avenida Pte. Néstor Kirchner de Río Gallegos. La mayoría de ellos por causas de estupefacientes.
Los candidatos
Tal como anticipara La Opinión Austral en febrero de este año, los candidatos para ocupar las dos vacantes en el Tribunal se dividen en dos ternas y hay una lista complementaria:
En la primera, María Eugenia Di Laudo (28/5/75), Lucía Romina Orsetti (14/1/87) y Facundo Enrique Barría (6/10/78). Este último de Río Gallegos, actualmente es secretario letrado del TOF Santa Cruz.
En la segunda, los profesionales propuestos fueron las abogadas Anamá Dafne Otón y Laura Nardelli (24/10/81) y el doctor José Eduardo Villena (1/7/75).
En la lista complementaria están el abogado Ignacio Jorge Mendizábal y la doctora Mariela Luján Vianco (20/6/81).
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