Javier Milei eliminó un fondo fiduciario para obras de energía eléctrica: $61.300 millones pasan a la Secretaría de Energía

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ordenaron la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) mediante el Decreto 234/2025. Esta decisión, que forma parte de una estrategia más amplia de revisión y cierre de fondos fiduciarios públicos, implica la transferencia de $61.300 millones a la Secretaría de Energía, manteniendo vigente el cargo de 0,0006% por kilovatio-hora que originalmente sustentaba el fondo.

El FFTEF fue creado en 1999 para financiar la expansión del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el país. Hasta su disolución, el fondo se financiaba con un recargo en las tarifas eléctricas pagadas por las distribuidoras y grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Además, recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $200 millones de dólares para el “Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica”.

El FFTEF jugó un papel clave en la financiación de obras estratégicas, como la conexión de Caleta Olivia a la Línea de 132 kV mediante un acuerdo entre YPF Luz y el fondo fiduciario. En 2021, esta obra permitió mejorar el abastecimiento eléctrico en la región norte de Santa Cruz, garantizando una conexión estable y promoviendo el desarrollo de energías renovables en la zona.

Los defensores del Fondo sostiene que respaldó la expansión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y facilitó proyectos de transmisión eléctrica esenciales para el desarrollo energético del país. Con su eliminación, las dudas sobre la continuidad de estos proyectos crecen, ya que la administración de los fondos queda bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Auditorías y justificación del cierre

Según el gobierno, la disolución del fondo responde a una serie de irregularidades detectadas en su administración. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló incumplimientos en el Reglamento de Contrataciones, demoras significativas en la ejecución de obras, inconsistencias en la registración de operaciones y transferencias, falta de control sobre la trazabilidad de los fondos y estados contables sin auditar ni ajustar por inflación.

Pese a estos hallazgos, el fondo mantenía un saldo positivo y en crecimiento. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, al 31 de diciembre de 2024 registraba $61.300 millones de pesos y, solo en el último año, tuvo un aumento del 4,8% en su resultado financiero. Esto ha generado dudas sobre la decisión de su eliminación y la administración futura de estos recursos.

¿Qué pasará con la tarifa?

Uno de los puntos más polémicos de la medida es la continuidad del recargo tarifario del 0,0006% por kWh, que seguirá aplicándose a los consumidores pese a que el fondo ya no existe. Esto generó críticas en distintos sectores, que cuestionan el destino de esos ingresos y si realmente serán utilizados para financiar obras eléctricas o si, por el contrario, pasarán a engrosar las arcas del Ministerio de Economía sin un destino específico.

Reacciones y debate político: “Toda la plata para Toto”

La disolución del FFTEF generó una fuerte reacción en la oposición y en sectores vinculados a la energía. El director del Instituto Consenso Federal y exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez advirtió sobre la falta de transparencia en el destino de los fondos y alertó sobre posibles impactos negativos en el desarrollo de infraestructura energética.

“Al 31 de diciembre del año pasado, el Fondo Fiduciario registró un saldo positivo de 61.300 millones de pesos. Además, recibió un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo modelo de contrato se aprobó a fines de 2022, por un monto de hasta 200 millones de dólares, destinados a financiar parcialmente el “Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica”. Esos recursos pasan ahora a ser administrados por el Ministerio de Economía. ¿Y el recargo tarifario del 0,0006% por kilovatio-hora? Se seguirá cobrando”, expresó.

En contraste, el gobierno sostiene que la medida busca mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Argumenta que la Secretaría de Energía garantizará la continuidad de las obras necesarias (a pesar de que el Gobierno no realiza obra pública) y que esta decisión forma parte de un plan más amplio para optimizar el gasto público.