Más de 500 santacruceños se jubilan en julio por la nueva moratoria

En marzo de este año y después de tres meses de tensiones e inactividad parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la moratoria jubilatoria que incluye en el sistema previsional a más de 800 mil argentinos y argentinas.

De este modo, desde esta semana, quienes estén a diez años de la edad de jubilarse y sepan que los aportes no les van a alcanzar para acceder a la jubilación, pueden iniciar sus trámites en la Anses y dar comienzo a un plan de cuotas que les garantice el derecho previsional.

Antes que eso, desde el mes de abril el organismo habilitó la inscripción para quienes por su edad ya deberían estar jubilados o jubiladas, pero no completaron los treinta años de aportes que el sistema demanda. En ese universo de personas se anotaron doscientas mil.

Desde agosto de 2021, Santa Cruz tiene 1.429 jubiladas por tareas de cuidado.

El plan era necesario porque se sabe que en Argentina sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres tienen la cantidad de aportes que el sistema les reclama para brindarles cobertura jubilatoria.

La ley fue sancionada en marzo de este año, en una sesión a la que la oposición le negó el quórum. Los legisladores que integran los partidos de la alianza neoliberal no bajaron al recinto sino hasta que el oficialismo tuvo los números para iniciar el debate y todos, incluida Roxana Reyes, votaron en contra.

En este caso, el diputado de SER, Claudio Vidal, votó positivamente con Paola Vessvessian, Jorge Verón y Gustavo González.

En su intento por dejar a miles de argentinos a la intemperie del sistema, la oposición argumentó el supuesto déficit fiscal que la moratoria trae aparejado. Pero el emergente ahí fueron también los esfuerzos por demostrar que el sistema previsional es inviable y que además, para sanearlo, hace falta una reforma laboral.

En Argentina, 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen los años de aportes.

La falla en esta lógica, es que no resuelve lo urgente: la situación de quienes son excluidos del sistema por las falencias irrefutables en el sistema laboral, es decir, la enorme precarización.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el cuarenta y cinco por ciento de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no está registrado.
La estimación es que hay cerca de ocho millones de personas que trabajan en la informalidad. Se estima también que ese registro escaló a partir de la pandemia de coronavirus. De ese universo de precarizados, la mayoría son mujeres.

Y es que nadie puede decir que en nuestro país haya personas que no trabajan, que fue una transformación que, en términos culturales, nos permitió visibilizar que las tareas de cuidado del hogar eran trabajo no remunerado, por lo que en las moratorias anteriores se permitió a las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, ingresar a una jubilación.

En este sentido, en agosto de 2021 se lanzó el reconocimiento de las tareas de cuidado para visibilizar una desigualdad histórica en la distribución de las tareas del hogar, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Así, Santa Cruz sumó por el reconocimiento de las tareas de cuidado a mil cuatrocientas veintinueve (1.429) nuevas jubiladas y todavía hay trámites en proceso.

Roxana Reyes fue la única diputada por Santa Cruz que votó en contra de la moratoria.

Por otro lado, lo que dice la OIT coincide con los datos del Indec, que mostraron un descenso de la desocupación. Como en el resto del país, en Río Gallegos -el indec sólo mide capitales- bajó su porcentaje a 2,6%.

Es que Argentina está mejorando la tasa de ocupación y de las personas que buscan trabajo teniendo uno, aunque el desafío es que baje el nivel de trabajo no registrado, que es el que no deja aportes previsionales.

De ahí que, según el Observatorio Gente en Movimiento, el sesenta por ciento de quienes están a una década o menos de poder jubilarse no está aportando actualmente al sistema. Por eso, el Estado es el que debe intervenir y reparar.

Por otro lado, también es cierto que el Fondo Monetario Internacional se opuso a la moratoria. Lo hizo en el marco de la cuarta revisión del acuerdo firmado en 2022.

Luego de la aprobación previsional en la Cámara Baja, emitió un comunicado en el que resaltó: “La implementación de políticas se ha vuelto menos confiable, con las recientes recompras de deuda, los déficits de la política energética y la aprobación del Congreso de una nueva moratoria de pensiones que socavan los objetivos de acumulación de reservas y consolidación fiscal”.

Uno de los organismos que respondió fue el CELS, que dijo que “la moratoria previsional no puede ser una variable de ajuste” porque contar con un ingreso digno durante la vejez es un derecho. De hecho, “las metas pueden alcanzarse aumentando la recaudación sobre los sectores que mayor riqueza concentran y así evitar que las medidas impacten sobre los derechos de las mayorías”.

Asimismo, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley de moratoria será de 0,27% del PBI el primer año y de 0,42% del PBI en el segundo año. Este costo debería ser compensado de manera equitativa con un aumento de la recaudación en los sectores que más riqueza concentran en Argentina.

¿Populismo o equidad?

El 16 de diciembre de 2004, el Congreso sancionó la Ley 25.994, impulsada por el presidente Néstor Kirchner, que creó la Prestación Previsional Anticipada para varones de entre cuarenta y sesenta y cuatro años y mujeres de entre cincuenta y cinco y cincuenta y nueve años que tuviesen treinta de servicios con aportes y que se encontraran desocupados y desocupadas.

La ley garantizó, entre 2005 y 2007, la cobertura de la seguridad social a aproximadamente cuarenta y siete mil personas que tenían ya completos los años de servicio con aportes, pero habían perdido el empleo como consecuencia de la implosión del gobierno de La Alianza.

Desde entonces, la norma se fue prorrogando sistemáticamente y el único bache surgió entre el 31 de diciembre del año pasado y marzo, meses en los que el oficialismo no lograba quórum.

De 2003 a 2010, la cantidad de jubilaciones y pensiones pasó de 3,2 millones a 5,6 millones.

Santa Cruz

Según datos a los que accedió La Opinión Austral, en el programa de plan de pago sancionado en marzo se inscribió un total de ochocientos sesenta santacruceños, que iniciaron los trámites en Anses. De ese número, quinientos siete empezarán a cobrar su jubilación este mes.

Las estimaciones que hace el organismo marcan que podrían inscribirse alrededor de nueve mil ciudadanos y ciudadanas de la provincia, que en cuatro años tendrán saneada la deuda hasta llegar a los años de aportes necesarios.

30.825 santacruceños cobran su jubilación por Anses, más del 30% por las moratorias.

El universo total de personas jubiladas y pensionadas en Santa Cruz es de treinta mil ochocientas veinticinco (30.825).

Entre diecinueve mil novecientas treinta y dos jubilaciones (19.932) se reparten $ 3.748,5 millones, otras seis mil cuatrocientas ochenta pensiones tienen una inversión de $ 1.011,6 millones, seis mil doscientas veinticinco pensiones no contributivas (6.225) tienen financiamiento por $ 509,7 millones y mil doscientas ochenta están en lo que se conoce como PUAM, por una inversión estatal de $ 97,4 millones. Así, la inversión total de Anses en Santa Cruz es de $ 5.367,2 millones.

A esto podrían sumarse los programas por Desempleo, Hogar, Alimentar, Progresar, que cobran 10.964 jóvenes, la ayuda escolar o la Asignación Universal por Hijo. Esta última tiene en Santa Cruz 13.669 beneficiarios, por un financiamiento nacional de $ 315 millones.

En efecto, se trata de una porción de la población importante, pero que tiene menos visibilidad como consecuencia de existir una administración pública provincial robusta que copa la agenda. De ahí que en su reciente viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gobernadora Alicia Kirchner se reunió con la titular de ANSES, Fernanda Raverta.

Junto a Silvia Bande, presidenta de la Caja de Previsión Social, evaluaron los programas que desarrollan en Santa Cruz y el avance del establecimiento de oficinas del organismo nacional en las distintas localidades de la provincia.

Condiciones

Pueden acceder a la nueva moratoria previsional las mujeres de sesenta años o más y varones a partir de los sesenta y cinco que no poseen los treinta años de aportes requeridos.

Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

El monto a descontar no puede exceder las ciento veinte cuotas mensuales ni el treinta por ciento del haber mínimo vigente.

De acuerdo al decreto presidencial, las personas que accedan al plan de pago de deuda previsional no podrán comprar dólar ahorro, dado que en aquel documento quedó determinado que “no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas por el plazo de doce meses”, contados a partir de la fecha de solicitud.